Vaya cinismo, otro atentado más contra la
inteligencia de los veracruzanos
*Continúa
la mafia del poder defendiendo lo indefendible, el ladrón más grande de la
historia de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, su defensa pide la absolución del
exgobernador, así como de sus colaboradores.
Xalapa, Ver. | 24 septiembre de 2019
Tribuna Libre.- .Además del problema
del retraso, el caso de la denuncia por peculado en contra de Javier Duarte
enfrenta un cuestionamiento grave: el de la posible fabricación de pruebas,
situación que incluso ya fue denunciada por los abogados defensores, y que dio
paso a la apertura de una carpeta de investigación para indagar los hechos y,
de confirmarse, proceder en contra de los funcionarios de la Fiscalía General
de Veracruz que resulten responsables.
Los cuestionamientos se centran en dos
oficios que son claves en el caso. Uno con número SFP/1347/2014 en el cual el
entonces secretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac, siguiendo las órdenes
de Duarte, le habría pedido a Francisco Valencia que se transfirieran $220
millones de pesos de los fondos federales destinados para obras hidráulicas a
otras cuentas.
El otro oficio es el SFP/1750/2014 en el cual
Audirac le había confirmado a Valencia que se retornarían los 220 millones
transferidos, situación que nunca ocurrió.
De acuerdo con Ricardo Antonio Reyes Retana,
abogado defensor de Javier Duarte, ambos oficios son falsos.
Para comprobarlo la defensa tramitó un
peritaje en materia de grafoscopía, en los que se concluyó que las firmas en
ambos documentos no coinciden con las de Mauricio Audirac. Es decir, que son
apócrifas.
Aunado a ello la defensa solicitó vía
transparencia al gobierno de Veracruz copia del oficio SFP/1750/2014, pero la
respuesta oficial de la Secretaría de Finanzas es que ese documento no existe,
pues en el año 2014 la numeración de documentos solo llegó al SFP/1634/2014.
La misma situación se habría presentado con
al menos otros tres oficios que forman parte de la carpeta de investigación, y
en los cuales también se habrían simulado las firmas de funcionarios. Esta
situación, según Reyes Retana, prueba que se trató de un caso “fabricado” y con
“fines políticos”.
En ese contexto el equipo legal de Duarte
presentó el pasado 26 de junio una denuncia formal ante la Procuraduría General
de Justicia en contra del exfiscal de Veracruz Jorge Winckler, y de otros
funcionarios que resulten responsables, lo que dio paso a la apertura de la
carpeta de investigación CI-FAE/D/UI-2C/D/119/07-2019, que ya fue remitida a la
Fiscalía de Veracruz.
Pablo Campuzano, otro de los abogados del
exgobernador, subrayó que a esta evidencia se suman las manifestaciones hechas
por exfuncionarios de Veracruz como Juan Antonio Nemi, quienes sostienen que
fueron obligados y torturados para declarar en contra de Duarte de Ochoa.
También una recomendación de la Comisión
estatal de Derechos Humanos en donde se confirmó que existió tortura por parte de
la fiscalía veracruzana a otro exfuncionario detenido.
“Derivado de estas prácticas es que no queda
más resultado que la absolución del exgobernador, así como de sus
colaboradores”, señaló Campuzano.