Ciudad de México. | 25 septiembre de 2019
Tribuna Libre.- El proceso penal
abierto desde hace más de un año en contra de Javier Duarte por el delito de
peculado, tras el presunto desvío de 220 millones de pesos de recursos
federales en su gobierno, sigue sin llegar a la fase de juicio. La razón: una
demanda de amparo que ha provocado que el caso cambie de juez, sumado a una
denuncia penal de la defensa por documentos presuntamente falsos que se
pretendían utilizar como prueba en contra el exgobernador de Veracruz.
El caso impulsado por la Fiscalía de Veracruz
dio paso a una de las órdenes de aprehensión por las cuales Duarte fue detenido
y extraditado desde Guatemala en 2017, pero a diferencia del proceso de la PGR
por lavado de dinero en el cual ya incluso se dictó sentencia, este proceso
sigue atorado en la fase inicial.
Fue el 20 de mayo de 2018 cuando un juez de
la Ciudad de México (en auxilio de la jueza de Veracruz que giró la orden de
arresto) decidió vincular al exgobernador a proceso por peculado, entre otros
delitos, tras determinar que la investigación presentada por la Fiscalía
estatal contaba con indicios iniciales sólidos, que permitían presumir que se
había cometido un delito y que Duarte podría ser el responsable.
En ese momento el juez ordenó un plazo de 6
meses de investigación complementaria para que ambas partes reunieran sus
pruebas y las presentaran en audiencia intermedia, como paso previo para llegar
al juicio. Sin embargo, ya transcurrieron casi 18 meses sin que eso haya
ocurrido todavía.
De acuerdo con los datos proporcionados a
Animal Político por autoridades judiciales y por el equipo legal del propio
exgobernador, el desarrollo del proceso comenzó a retardarse cuando otro de los
coacusados en el mismo caso, Francisco Valencia (excomisionado de Agua en el
gobierno de Duarte) buscó través de un amparo que el caso fuera atraído por un
juez federal, y no se quedara en Veracruz.
En julio de 2018 el juez que recibió la
demanda de amparo decidió negárselo a Valencia, pero este interpuso un recurso
de revisión para que el caso fuera analizado por el Primer Tribunal Colegiado
en Veracruz, cuyos magistrados decidieron revocar la sentencia inicial y
amparar a Valencia.
Como resultado el juez de Veracruz que
recibió el caso decidió declararse incompetente para seguir conociendo el caso.
Y fue apenas el pasado 17 de septiembre cuando en una nueva audiencia se
determinó que, en efecto, un juez federal será quien reciba el proceso.
De acuerdo con los abogados del exgobernador
de Veracruz, aun cuando el amparo fue promovido por Valencia, el proceso se
frena de la misma forma para Duarte toda vez que se trata exactamente del mismo
caso.
En ese contexto, el juez federal al que le
sea turnado el caso deberá decidir si lo continua en el punto en que se quedó,
es decir en la presentación de pruebas previo al juicio; o si por el contrario
ordena que se comience de nuevo con una audiencia inicial, en la que se tendría
que presentar otra vez la imputación para determinar si hay indicios o no para
vincular al exgobernador a proceso.
Denuncian
pruebas fabricadas
Además del problema del retraso, el caso por
peculado contra Duarte enfrenta un cuestionamiento grave: el de la posible
fabricación de pruebas, situación que incluso ya fue denunciada por los
abogados defensores, y que dio paso a la apertura de una carpeta de
investigación para indagar los hechos y, de confirmarse, proceder en contra de
los funcionarios de la Fiscalía de Veracruz que resulten responsables.
Los cuestionamientos se centran en dos
oficios que son claves en el caso. Uno con número SFP/1347/2014 en el cual el
entonces secretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac, siguiendo las
órdenes de Duarte, le habría pedido a Francisco Valencia que se transfirieran
220 millones de pesos de los fondos federales destinados para obras hidráulicas
a otras cuentas.
El otro oficio es el SFP/1750/2014 en el cual
Audirac le había confirmado a Valencia que se retornarían los 220 millones
transferidos, situación que nunca ocurrió.
De acuerdo con Ricardo Reyes Retana, abogado
defensor de Duarte, ambos oficios son falsos. Para comprobarlo la defensa
tramitó un peritaje en materia de grafoscopía de cuyos resultados se
proporcionó copia a este medio, en los que se concluyó que las firmas en ambos
documentos no coinciden con las de Audirac. Es decir, que son apócrifas.
Aunado a ello la defensa solicitó vía
transparencia al gobierno de Veracruz copia del oficio SFP/1750/2014, pero la
respuesta oficial de la Secretaría de Finanzas es que ese documento no existe,
pues en el año 2014 la numeración de documentos solo llegó al SFP/1634/2014.
La misma situación se habría presentado con
al menos otros tres oficios que forman parte de la carpeta de investigación, y
en los cuales también se habrían simulado las firmas de funcionarios. Esta
situación, según Reyes Retana, prueba que se trató de un caso “fabricado” y con
“fines políticos”.
En ese contexto el equipo legal de Duarte
presentó el pasado 26 de junio una denuncia formal ante la Procuraduría General
de Justicia en contra del exfiscal de Veracruz Jorge Winckler, y de otros
funcionarios que resulten responsables, lo que dio paso a la apertura de la
carpeta de investigación CI-FAE/D/UI-2C/D/119/07-2019, que ya fue remitida a la
Fiscalía de Veracruz.
Pablo Campuzano, otro de los abogados del
exgobernador, subrayó que a esta evidencia se suman las manifestaciones hechas
por exfuncionarios de Veracruz como Juan Antonio Nemi, quienes sostienen que fueron
obligados a declarar en contra de Duarte.
También una recomendación de la Comisión
estatal de Derechos Humanos en donde se confirmó que existió tortura por parte
de la fiscalía veracruzana a otro exfuncionario detenido.
“Derivado de estas prácticas es que no queda
más resultado que la absolución del exgobernador, así como de sus
colaboradores”, señaló Campuzano.
Sentencia
cuestionada y casos pendientes
El próximo 26 de septiembre se cumple un año
de la audiencia en la que un juez federal dictó sentencia condenatoria en
contra de Javier Duarte por los delitos de lavado de dinero y asociación
delictuosa. Ello luego de que el propio exgobernador se declarara culpable a
cambio de una pena reducida de nueve años de prisión.
Hasta ahora se trata de la única pena de
prisión impuesta al exgobernador de Veracruz. Y aunque Duarte aceptó
voluntariamente dicha condena sin ir a juicio, ahora busca a través de una
demanda de amparo obtener el derecho de apelarla, bajo el argumento de que las
pruebas bancarias que la entonces PGR expuso en su contra se obtuvieron sin
autorización de un juez. Es decir, eran ilícitas.
A ello se suman dos procesos penales abiertos
por diversos delitos de corrupción entre ellos el de peculado, que como ya se
mencionó están atorados en la fase inicial.
Por otra parte la Fiscalía de Veracruz
también obtuvo una orden de aprehensión en contra de Duarte por desaparición
forzada, pero la misma no se ha podido ejecutar dado que se requiere permiso
del gobierno de Guatemala, país que extraditó a Duarte por delitos distintos.
Animal Político publicó que el gobierno de México tardó casi un año en
presentar dicha solicitud formal.
En tanto la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) documentó y denunció el posible desvío de más de 60 mil
millones de pesos de fondos federales en la administración de Duarte como
gobernador de Veracruz (2010 a 2016), pero por ahora las acusaciones de la
Fiscalía General de la República por dichos casos se han concentrado en
exfuncionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Veracruz.