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viernes, 25 de octubre de 2019

Informe rojo--- Caso Culiacán: el deslinde y la mentira


* “Yo no estaba informado” del operativo  * Los enredos del Comandante Supremo  * Manos libres a la DEA en tiempos de Andrés Manuel  * Enésimo desacato de Edel  * A un paso del juicio político  * Coatzacoalcos, primer lugar como ciudad más insegura  

Publicada en mussiocardenas.com

Mussio Cárdenas Arellano | 25 octubre de 2019
Tribuna Libre.- Plácidamente, entre café y café, la mañana del jueves 17 en el gabinete de seguridad se habló de todo, menos de un operativo clave, el que llevaría a la captura y extradición del hijo del Chapo Guzmán. “Yo no estaba informado”, cuenta Andrés Manuel.

Lo sabían los secretarios Durazo y Olga Sánchez Cordero, el general Luis Crescencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda, el fiscal Gertz y el área de inteligencia del gobierno, y se afinó la estrategia, la operación, los alcances y los riesgos.

Lo sabían todos pero, afirma Andrés Manuel, él no.

Y así la dimensión en que habita el presidente, el mundo a su modo, la irrealidad.

Su declaración, una mentira presidencial, no suaviza el vendaval que azota y golpea a la Cuarta Transformación. Es el fracaso del operativo en Culiacán, reventado por la reacción violenta de los grupos de élite del Cártel de Sinaloa, sin respuesta efectiva del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de República, la policía local, y la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín Guzmán Loera.

Sus palabras avivan la crisis y desuellan al presidente que en su intento de evadir culpas, muestra su sabida proclividad a mentir.

Va una semana y López Obrador anda a ciegas. El Jueves Negro midió sus capacidades y lo mostró inmaduro, inexperto, incapaz, verde para el cargo de presidente. Siete días después es golpeado a mansalva en los medios y en las redes, enredado en la retórica gastada y sobada del Mesías que libera al Barrabás del narco a cambio de la vida de miles, potenciales rehenes, familiares de militares y efectivos del Ejército en manos de los malosos.

Y la frase que repite y repite y que secunda la yihad pejista: “No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas”.

Y ahí se estaciona.

Y ahora miente.

Aquella mañana del jueves 17 el tema toral en la mesa de seguridad fue el operativo para aprehender y posteriormente extraditar a Estados Unidos a Ovidio Guzmán. Cualquiera otra acción —huachicoleo, trasiego, secuestro, extorsión, las cifras del delito, los avances y retrocesos, los cárteles inmunes, los cárteles cercados, El Marro en fuga— era de segundo nivel. El objetivo ulterior era la captura del hijo del Chapo. Y el presidente lo tenía que saber.

Sin el visto bueno de Andrés Manuel el operativo no se podía realizar. Y debió incluir los cordones de militares y Guardia Nacional en el área cercana al sitio donde se realizaría la aprehensión, el apoyo táctico, sobrevuelo de drones que registrarían los movimientos al interior del domicilio, helicópteros Blackhawk, blindados, sobrevolando Culiacán y las carreteras que confluyen en la capital sinaloense, a sabiendas que los aliados del Chapo acudirían en auxilio de Ovidio, dispersándolos con fuego a discreción.

Por lo menos la mitad de ello no se aplicó. El periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal, detalla los errores cometidos: no se usaron los helicópteros Blackhawk temiendo que fueran a ser derribados; “la falta de apoyo aéreo contribuyó al desastre, al ignorar el gabinete de seguridad que son helicópteros de guerra y tienen blindaje para ello”.

La capacidad del sistema de radiocomunicación del Cártel de Sinaloa se mantuvo intacta. “Por la rápida forma como reaccionaron todos los grupos del Cártel de Sinaloa para apoyar a la facción de los hermanos Guzmán López, se puede presumir que no saturaron las comunicaciones telefónicas o de radio de la organización criminal”, agrega Riva Palacio.

El Ejército mexicano cumplió con realizar la aprehensión de Ovidio Guzmán, pese a que una de las versiones emitidas por el gabinete de seguridad fue en el sentido de que el operativo no avanzaba por carecer de una orden de cateo. Lo cierto es que el hijo del Chapo Guzmán fue sustraído del domicilio y llevado a la Fiscalía de Justicia federal. Ahí se le mantuvo mientras las instalaciones eran rodeadas por centenares de integrantes de la organización terrorista exigiendo su liberación.

A la par, Culiacán comenzaba a incendiarse. Y Andrés Manuel a entrar en pánico.

Aún con el sigilo que se realizó, el operativo era esperado desde días antes. El Cártel de Sinaloa tuvo noticia de la visita de 12 funcionarios del gobierno de Estados Unidos a Culiacán, el 11 de septiembre pasado, y del recorrido que realizaron, guiados por agentes de la DEA —agencia antidrogas norteamericana—, a cuatro laboratorios para procesar drogas sintéticas. Uno de ellos tiene capacidad para producir tres toneladas semanales de metanfetaminas.

Eje Central, portal de Riva Palacio, detalla esa información y sostiene que la DEA opera libremente en México.

“Se trató de una visita inédita —puntualiza Eje Central— en la relación de México-Estados Unidos, por la cantidad de funcionarios, su posición dentro del gobierno estadounidense, el que fueron llevados a la sierra sinaloense para conocer los laboratorios incautados al Cártel del Pacífico y, por las medidas extremas de seguridad que se les permitieron: agentes estadounidenses, teléfonos encriptados y un helicóptero Black Hawk del cuerpo de Marines estadounidense. Pero un dato más arrojan las notas publicadas en el país del norte, los laboratorios habrían sido localizados por la información proporcionada por la DEA”.

La DEA opera en México de tiempo atrás. Y ahora en el gobierno de López Obrador.

“Para el 11 de septiembre —agrega Eje Central— llegó a la Ciudad de México una delegación de 12 funcionarios que se reunieron con el jefe de operaciones de la DEA y el director regional Terry Cole; así como con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Su viaje era para visitar ‘el hogar del Cártel de Sinaloa’ ”.

Años estuvo la DEA sobre El Chapo y su cártel, infiltrando la organización criminal, teniendo el hallazgo de los laboratorios para producir droga sintética, la ubicación de Ovidio Guzmán, y presuntamente también la de Iván Archivaldo, su hermano, para que finalmente el gobierno obradorista aplicara un operativo deficiente, actuara sobre su objetivo y terminara liberándolo por su incapacidad para responder al ataque terrorista. Y eso en la administración Trump caló.

Va una semana y el Jueves Negro ya hace estragos. Seis días y Andrés Manuel da vueltas en círculo. Su gabinete de seguridad está liquidado. Los generales y los almirantes son exhibidos. La Guardia Nacional mostró su rostro, el de la incapacidad y la improvisación. El fracaso los embiste y los destroza. Y Andrés solo habla de haber salvado vidas.

Su argumento es rollo. Ningún operativo se realiza con la seguridad de tener saldo blanco. Las bajas, los daños colaterales, las víctimas inocentes son una posibilidad real siempre.

Si el grupo terrorista del Chapo hubiera provocado una masacre, la responsabilidad no sería del presidente López Obrador sino de quienes hubieran ejecutado la acción.

Liberar a Ovidio Guzmán entra en las responsabilidades de Andrés Manuel y le pesarán en su relación con el gobierno de Estados Unidos, esté Donald Trump en la presidencia o no. Será un fantasma que irá con él hasta el final.

Sobre sí ha de cargar que por una decisión surgida de sus vísceras frustró la extradición del hijo del Chapo Guzmán, que hoy se sabe es el mayor proveedor de fentanilo a Estados Unidos. Diplomáticamente fue un acto de traición.

Su afirmación —avalar la decisión del gabinete de seguridad de liberar a Ovidio Guzmán— se equipara a incriminarse. López Obrador violó el precepto constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley, y el artículo 150 del Código Penal Federal que establece sanciones a quien permita u ordene la evasión o liberación de alguien detenido para ser procesado.

Dirían los abogados, a confesión de partes relevo de pruebas.

Y peor que el operativo fallido, es la mentira.

Cuenta López Obrador que del operativo contra Ovidio Guzmán ni se enteró.

Aquella mañana, a las 6, cuando despuntaba el sol, el gabinete de seguridad del gobierno federal sesionó. Un punto fue crucial: el operativo para proceder a la aprehensión del hijo del Chapo. Por la magnitud del hecho, el nivel del personaje, el impacto mediático y por la relación con le gobierno de Trump, no podía aplicarse sin el aval del presidente. Y ahí su mentira descomunal.

“Yo no estaba informado —dijo AMLO en la conferencia mañanera del martes 22—, no me informan en estos casos porque hay una recomendación general. Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa (Sedena)”. Una soberana barbaridad.

Sin embargo, 24 horas antes Andrés Manuel afirmaba lo contrario. Nada pasa en el poder sin lo que sepa el presidente:

“El presidente de México tiene información y sabe muy bien todo lo que está sucediendo y toma las decisiones”.

Lo suyo es un caso de evasión. Frente las implicaciones legales por la liberación del hijo del Chapo —más allá de su argumento de haber preservado la vida de miles de inocentes— Andrés Manuel burla la ley, amparándose en que ignoraba lo que haría el gabinete de seguridad.

Algo así como que el Comandante Supremo simula no saber qué hace su tropa.

Archivo muerto

Rumbo al juicio político, Edel Álvarez no deja de violar amparos. Lleva ya 25 juicios perdidos. Un caso, el de la magistrada Concepción Flores Saviaga, a quien en cinco ocasiones le ha negado el derecho a ocupar presidencia de sala en el Poder Judicial del Estado de Veracruz y ha desacatado dos sentencias de juicio de amparo. De 2016 a la fecha, Flores Saviaga ha realizado diversas promociones y reiteradamente ha encontrado una respuesta negativa del presidente del PJE. Ello la llevó a interponer un primer juicio de amparo, número de expediente 1336/2016. En tres años ha logrado cinco suspensiones a la decisión con que Edel Álvarez la veta; la última fue la promoción solicitada a la Octava Sala de lo Familiar del Poder Judicial de Veracruz y de nuevo se la negó el presidente del tribunal. Ante ello, la magistrada Flores Saviaga tramitó que se dé vista al Ministerio Público Federal y que sea citado a declarar Edel Álvarez Peña por desacato. Atribuye la magistrada que el presidente del Poder Judicial incurre en actos de discriminación, violentando su condición de mujer. Otro caso, el del juez Jesús González Jiménez, quien obtuvo un amparo en el que se ordena revocar la licencia prejubilatoria y que sea readscrito a un juzgado. Su caso data del 15 de noviembre de 2017 cuando interpuso el juicio de amparo 1341/2017 ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en Xalapa. Meses después, el 18 de mayo de 2018, la juez Karina Juárez Benavides emitió sentencia, ordenando dejar sin efecto la jubilación y adscribirlo en un juzgado. Más de un año después, Edel Álvarez se mantiene en rebeldía. Ha incurrido en inejecución y la jueza federal lo ha apercibido de aplicarle una multa de 8 mil 449 pesos por desobedecer y turnaría su expediente al Consejo de la Judicatura Federal y en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por desacato. Rebelde nato, terco y obcecado, Edel Álvarez acumula ya un sinnúmero de casos de atropello a los derechos de jueces y magistrados, y 25 juicios de amparo perdidos. Con ello, no tarda en enfrentar un juicio político que le impedirá la reelección… Ya sin Jorge Winckler, Veracruz vuelve al top ten nacional del secuestro. Bajan los índices de ese delito en el país y en suelo jarocho es un flagelo social. Alto al Secuestro, un organismo no gubernamental, continúa situando a Veracruz en la cúspide del secuestro con 35 casos en septiembre y un índice de 5.2 por ciento de promedio mensual cuando que la media nacional es de 1.36 por ciento. “La culpa ahora es de la fiscal carnala”, habría que parafrasearle al gobernador Cuitláhuac García. Si bien han mejorado las cifras de Veracruz en el contexto de la inseguridad, según presume el gobernador morenista, se mantiene entre las primeras entidades en delitos de alto impacto. Y peor aún, la percepción ciudadana sobre la violencia es brutal. Coatzacoalcos, según datos arrojados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el INEGI, detenta el primer lugar nacional en percepción ciudadana sobre inseguridad. El 94.5 por ciento de los encuestados lo considera inseguro. Supera a Ecatepec, que registró un 88.9 por cuento; Naucalpan, 90.1; Acapulco, 88.9; Villahermosa 88.7, y Uruapan, 88.5 por ciento. Podrán reducirse los índices delictivos pero la percepción ciudadana, lo que la sociedad tiene en mente, su preocupación latente, es que Coatzacoalcos es una ciudad insegura. La más insegura de México. ¿A quién culpar? Siguiendo la tónica del gobierno de las excusas y los pretextos, a la fiscal Verónica Hernández Giadáns, según el atarantado de palacio, el célebre Cuitláhuac García…






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