* “Yo
no estaba informado” del operativo * Los
enredos del Comandante Supremo * Manos
libres a la DEA en tiempos de Andrés Manuel
* Enésimo desacato de Edel * A un
paso del juicio político *
Coatzacoalcos, primer lugar como ciudad más insegura
Publicada
en mussiocardenas.com
Mussio Cárdenas Arellano |
25 octubre de
2019
Tribuna Libre.- Plácidamente, entre café y café, la mañana
del jueves 17 en el gabinete de seguridad se habló de todo, menos de un
operativo clave, el que llevaría a la captura y extradición del hijo del Chapo
Guzmán. “Yo no estaba informado”, cuenta Andrés Manuel.
Lo sabían los secretarios Durazo y Olga
Sánchez Cordero, el general Luis Crescencio Sandoval y el almirante Rafael
Ojeda, el fiscal Gertz y el área de inteligencia del gobierno, y se afinó la
estrategia, la operación, los alcances y los riesgos.
Lo sabían todos pero, afirma Andrés Manuel,
él no.
Y así la dimensión en que habita el
presidente, el mundo a su modo, la irrealidad.
Su declaración, una mentira presidencial, no
suaviza el vendaval que azota y golpea a la Cuarta Transformación. Es el
fracaso del operativo en Culiacán, reventado por la reacción violenta de los
grupos de élite del Cártel de Sinaloa, sin respuesta efectiva del Ejército, la
Guardia Nacional, la Fiscalía General de República, la policía local, y la
liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín Guzmán Loera.
Sus palabras avivan la crisis y desuellan al
presidente que en su intento de evadir culpas, muestra su sabida proclividad a
mentir.
Va una semana y López Obrador anda a ciegas.
El Jueves Negro midió sus capacidades y lo mostró inmaduro, inexperto, incapaz,
verde para el cargo de presidente. Siete días después es golpeado a mansalva en
los medios y en las redes, enredado en la retórica gastada y sobada del Mesías
que libera al Barrabás del narco a cambio de la vida de miles, potenciales
rehenes, familiares de militares y efectivos del Ejército en manos de los
malosos.
Y la frase que repite y repite y que secunda
la yihad pejista: “No puede valer más la captura de un delincuente que la vida
de las personas”.
Y ahí se estaciona.
Y ahora miente.
Aquella mañana del jueves 17 el tema toral en
la mesa de seguridad fue el operativo para aprehender y posteriormente
extraditar a Estados Unidos a Ovidio Guzmán. Cualquiera otra acción
—huachicoleo, trasiego, secuestro, extorsión, las cifras del delito, los
avances y retrocesos, los cárteles inmunes, los cárteles cercados, El Marro en
fuga— era de segundo nivel. El objetivo ulterior era la captura del hijo del
Chapo. Y el presidente lo tenía que saber.
Sin el visto bueno de Andrés Manuel el
operativo no se podía realizar. Y debió incluir los cordones de militares y
Guardia Nacional en el área cercana al sitio donde se realizaría la
aprehensión, el apoyo táctico, sobrevuelo de drones que registrarían los
movimientos al interior del domicilio, helicópteros Blackhawk, blindados,
sobrevolando Culiacán y las carreteras que confluyen en la capital sinaloense,
a sabiendas que los aliados del Chapo acudirían en auxilio de Ovidio,
dispersándolos con fuego a discreción.
Por lo menos la mitad de ello no se aplicó.
El periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal,
detalla los errores cometidos: no se usaron los helicópteros Blackhawk temiendo
que fueran a ser derribados; “la falta de apoyo aéreo contribuyó al desastre,
al ignorar el gabinete de seguridad que son helicópteros de guerra y tienen
blindaje para ello”.
La capacidad del sistema de radiocomunicación
del Cártel de Sinaloa se mantuvo intacta. “Por la rápida forma como
reaccionaron todos los grupos del Cártel de Sinaloa para apoyar a la facción de
los hermanos Guzmán López, se puede presumir que no saturaron las comunicaciones
telefónicas o de radio de la organización criminal”, agrega Riva Palacio.
El Ejército mexicano cumplió con realizar la
aprehensión de Ovidio Guzmán, pese a que una de las versiones emitidas por el
gabinete de seguridad fue en el sentido de que el operativo no avanzaba por
carecer de una orden de cateo. Lo cierto es que el hijo del Chapo Guzmán fue
sustraído del domicilio y llevado a la Fiscalía de Justicia federal. Ahí se le
mantuvo mientras las instalaciones eran rodeadas por centenares de integrantes
de la organización terrorista exigiendo su liberación.
A la par, Culiacán comenzaba a incendiarse. Y
Andrés Manuel a entrar en pánico.
Aún con el sigilo que se realizó, el
operativo era esperado desde días antes. El Cártel de Sinaloa tuvo noticia de
la visita de 12 funcionarios del gobierno de Estados Unidos a Culiacán, el 11
de septiembre pasado, y del recorrido que realizaron, guiados por agentes de la
DEA —agencia antidrogas norteamericana—, a cuatro laboratorios para procesar
drogas sintéticas. Uno de ellos tiene capacidad para producir tres toneladas
semanales de metanfetaminas.
Eje Central, portal de Riva Palacio, detalla
esa información y sostiene que la DEA opera libremente en México.
“Se trató de una visita inédita —puntualiza
Eje Central— en la relación de México-Estados Unidos, por la cantidad de
funcionarios, su posición dentro del gobierno estadounidense, el que fueron
llevados a la sierra sinaloense para conocer los laboratorios incautados al
Cártel del Pacífico y, por las medidas extremas de seguridad que se les
permitieron: agentes estadounidenses, teléfonos encriptados y un helicóptero
Black Hawk del cuerpo de Marines estadounidense. Pero un dato más arrojan las
notas publicadas en el país del norte, los laboratorios habrían sido
localizados por la información proporcionada por la DEA”.
La DEA opera en México de tiempo atrás. Y
ahora en el gobierno de López Obrador.
“Para el 11 de septiembre —agrega Eje
Central— llegó a la Ciudad de México una delegación de 12 funcionarios que se
reunieron con el jefe de operaciones de la DEA y el director regional Terry
Cole; así como con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Su viaje era para
visitar ‘el hogar del Cártel de Sinaloa’ ”.
Años estuvo la DEA sobre El Chapo y su
cártel, infiltrando la organización criminal, teniendo el hallazgo de los
laboratorios para producir droga sintética, la ubicación de Ovidio Guzmán, y
presuntamente también la de Iván Archivaldo, su hermano, para que finalmente el
gobierno obradorista aplicara un operativo deficiente, actuara sobre su
objetivo y terminara liberándolo por su incapacidad para responder al ataque
terrorista. Y eso en la administración Trump caló.
Va una semana y el Jueves Negro ya hace
estragos. Seis días y Andrés Manuel da vueltas en círculo. Su gabinete de
seguridad está liquidado. Los generales y los almirantes son exhibidos. La
Guardia Nacional mostró su rostro, el de la incapacidad y la improvisación. El
fracaso los embiste y los destroza. Y Andrés solo habla de haber salvado vidas.
Su argumento es rollo. Ningún operativo se
realiza con la seguridad de tener saldo blanco. Las bajas, los daños
colaterales, las víctimas inocentes son una posibilidad real siempre.
Si el grupo terrorista del Chapo hubiera
provocado una masacre, la responsabilidad no sería del presidente López Obrador
sino de quienes hubieran ejecutado la acción.
Liberar a Ovidio Guzmán entra en las
responsabilidades de Andrés Manuel y le pesarán en su relación con el gobierno
de Estados Unidos, esté Donald Trump en la presidencia o no. Será un fantasma
que irá con él hasta el final.
Sobre sí ha de cargar que por una decisión
surgida de sus vísceras frustró la extradición del hijo del Chapo Guzmán, que
hoy se sabe es el mayor proveedor de fentanilo a Estados Unidos. Diplomáticamente
fue un acto de traición.
Su afirmación —avalar la decisión del
gabinete de seguridad de liberar a Ovidio Guzmán— se equipara a incriminarse.
López Obrador violó el precepto constitucional de cumplir y hacer cumplir la
ley, y el artículo 150 del Código Penal Federal que establece sanciones a quien
permita u ordene la evasión o liberación de alguien detenido para ser
procesado.
Dirían los abogados, a confesión de partes
relevo de pruebas.
Y peor que el operativo fallido, es la
mentira.
Cuenta López Obrador que del operativo contra
Ovidio Guzmán ni se enteró.
Aquella mañana, a las 6, cuando despuntaba el
sol, el gabinete de seguridad del gobierno federal sesionó. Un punto fue
crucial: el operativo para proceder a la aprehensión del hijo del Chapo. Por la
magnitud del hecho, el nivel del personaje, el impacto mediático y por la
relación con le gobierno de Trump, no podía aplicarse sin el aval del
presidente. Y ahí su mentira descomunal.
“Yo no estaba informado —dijo AMLO en la
conferencia mañanera del martes 22—, no me informan en estos casos porque hay
una recomendación general. Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la
Defensa (Sedena)”. Una soberana barbaridad.
Sin embargo, 24 horas antes Andrés Manuel
afirmaba lo contrario. Nada pasa en el poder sin lo que sepa el presidente:
“El presidente de México tiene información y
sabe muy bien todo lo que está sucediendo y toma las decisiones”.
Lo suyo es un caso de evasión. Frente las
implicaciones legales por la liberación del hijo del Chapo —más allá de su
argumento de haber preservado la vida de miles de inocentes— Andrés Manuel
burla la ley, amparándose en que ignoraba lo que haría el gabinete de
seguridad.
Algo así como que el Comandante Supremo
simula no saber qué hace su tropa.
Archivo muerto
Rumbo al juicio político, Edel Álvarez no
deja de violar amparos. Lleva ya 25 juicios perdidos. Un caso, el de la
magistrada Concepción Flores Saviaga, a quien en cinco ocasiones le ha negado
el derecho a ocupar presidencia de sala en el Poder Judicial del Estado de
Veracruz y ha desacatado dos sentencias de juicio de amparo. De 2016 a la
fecha, Flores Saviaga ha realizado diversas promociones y reiteradamente ha
encontrado una respuesta negativa del presidente del PJE. Ello la llevó a interponer
un primer juicio de amparo, número de expediente 1336/2016. En tres años ha
logrado cinco suspensiones a la decisión con que Edel Álvarez la veta; la
última fue la promoción solicitada a la Octava Sala de lo Familiar del Poder
Judicial de Veracruz y de nuevo se la negó el presidente del tribunal. Ante
ello, la magistrada Flores Saviaga tramitó que se dé vista al Ministerio
Público Federal y que sea citado a declarar Edel Álvarez Peña por desacato.
Atribuye la magistrada que el presidente del Poder Judicial incurre en actos de
discriminación, violentando su condición de mujer. Otro caso, el del juez Jesús
González Jiménez, quien obtuvo un amparo en el que se ordena revocar la
licencia prejubilatoria y que sea readscrito a un juzgado. Su caso data del 15
de noviembre de 2017 cuando interpuso el juicio de amparo 1341/2017 ante el
Juzgado Primero de Distrito con sede en Xalapa. Meses después, el 18 de mayo de
2018, la juez Karina Juárez Benavides emitió sentencia, ordenando dejar sin
efecto la jubilación y adscribirlo en un juzgado. Más de un año después, Edel
Álvarez se mantiene en rebeldía. Ha incurrido en inejecución y la jueza federal
lo ha apercibido de aplicarle una multa de 8 mil 449 pesos por desobedecer y
turnaría su expediente al Consejo de la Judicatura Federal y en su caso a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación por desacato. Rebelde nato, terco y
obcecado, Edel Álvarez acumula ya un sinnúmero de casos de atropello a los
derechos de jueces y magistrados, y 25 juicios de amparo perdidos. Con ello, no
tarda en enfrentar un juicio político que le impedirá la reelección… Ya sin
Jorge Winckler, Veracruz vuelve al top ten nacional del secuestro. Bajan los
índices de ese delito en el país y en suelo jarocho es un flagelo social. Alto
al Secuestro, un organismo no gubernamental, continúa situando a Veracruz en la
cúspide del secuestro con 35 casos en septiembre y un índice de 5.2 por ciento
de promedio mensual cuando que la media nacional es de 1.36 por ciento. “La
culpa ahora es de la fiscal carnala”, habría que parafrasearle al gobernador
Cuitláhuac García. Si bien han mejorado las cifras de Veracruz en el contexto
de la inseguridad, según presume el gobernador morenista, se mantiene entre las
primeras entidades en delitos de alto impacto. Y peor aún, la percepción
ciudadana sobre la violencia es brutal. Coatzacoalcos, según datos arrojados
por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el INEGI,
detenta el primer lugar nacional en percepción ciudadana sobre inseguridad. El
94.5 por ciento de los encuestados lo considera inseguro. Supera a Ecatepec,
que registró un 88.9 por cuento; Naucalpan, 90.1; Acapulco, 88.9; Villahermosa
88.7, y Uruapan, 88.5 por ciento. Podrán reducirse los índices delictivos pero
la percepción ciudadana, lo que la sociedad tiene en mente, su preocupación
latente, es que Coatzacoalcos es una ciudad insegura. La más insegura de
México. ¿A quién culpar? Siguiendo la tónica del gobierno de las excusas y los
pretextos, a la fiscal Verónica Hernández Giadáns, según el atarantado de
palacio, el célebre Cuitláhuac García…