*Estado
de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Guerrero suman el 39.1 por ciento de
las 568 defunciones registradas en lo que va del año.
Tribuna Libre.- La muerte materna en Veracruz es un problema
de salud pública sin abatirse en los últimos años, de hecho, la entidad se sitúa
entre los estados con mayor número de decesos por causas relacionadas con el
embarazo, parto o puerperio.
Con la llegada de Cuitláhuac García al
Ejecutivo la situación no ha cambiado. De acuerdo con el Observatorio de
Mortalidad Materna (OMM), hasta la semana 43 de este año Veracruz reportó 42
fallecimientos, con dos casos registrados durante la última semana.
Esta cifra coloca a la entidad en el tercer
lugar a nacional por el número de casos, apenas por debajo del Estado de México
con 59 casos y Chiapas con 43 reportados en el transcurso del año.
Comparativamente con 2018, Veracruz conservó
el tercer lugar en el país con 31 muertes; es decir, 11 menos que este año.
Según la Dirección General de Epidemiología
(DGE), las principales causas de defunción son enfermedad hipertensiva, edema y
proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio que representa el 19.9 por
ciento de los casos, hemorragia obstétrica con el 19.5 por ciento de los casos
y aborto con el 9.2 por ciento.
Entre el Estado de México, Chiapas, Veracruz,
Jalisco y Guerrero suman el 39.1 por ciento de las 568 defunciones registradas
en lo que va de este 2019.
El problema refleja una nula cultura del
cuidado y de la prioridad del acceso a la salud para las mujeres embarazadas,
dado que Veracruz igual encabeza el número de enfermedades para dicho sector de
la población.
Lo anterior, a pesar que la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) aprobó en 2011 un plan para acelerar la reducción de la
mortalidad materna y la morbilidad materna grave, sin embargo, lejos de frenar
el problema, los números continúan al alza.
Dicho plan de la OPS incluía la prevención de
embarazos no deseados y de las complicaciones derivadas de ellos y el acceso
universal a servicios de maternidad asequibles y de calidad dentro del sistema
coordinado de atención de salud.
Cabe señalar que desde nueve años atrás, en
2010, la mortalidad materna en Veracruz mantiene una tendencia en incremento,
con 78 casos en ese año a 81 casos al ejercicio siguiente.
En una cadena de estadísticas, el estado de
Veracruz alcanzó el tercer lugar nacional en muerte materna en 2018 con 38 y
anteriormente con 44 decesos, en 2017.
Sin embargo, en el 2016, Veracruz alcanzó el
lugar número 9 con 38 decesos, dado que a nivel país se registraron 760 muertes
maternas, siendo el Estado de México el primer lugar con 87 decesos, seguido de
Ciudad de México (87), Chiapas (55), Puebla (44), Guanajuato y Jalisco (39), y
Nuevo León con 38.
Del
gobierno, la negativa oficial
A lo anterior, se agrega que en los
hospitales de Veracruz persiste una incidencia mayor por el número de casos de
muertes maternas en mujeres infectadas con el Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH).
A decir de la coordinadora del Grupo
Multisectorial en VIH-SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Patricia
Ponce, dicha incidencia obedece a la mala atención y la falta de estrategias
para detener esta epidemia.
De hecho, refirió que, desde cuatro años a la
fecha, el Gobierno de Veracruz continúa sin implementar una campaña encaminada
a la prevención del VIH y Sida no solo entre las mujeres, sino en toda la
población propensa a dicha enfermedad.
No obstante, la postura del Poder Ejecutivo
consiste en evadir el tema, minimizarlo e incluso negarlo.
Por ejemplo, durante la conmemoración del
aniversario 15 del Hospital General de Tarimoya, el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez aseguró que con el nuevo sistema de salud universal se cubriría
el rezago de atención en el Estado.
En esa ocasión, a principios de octubre, el
mandatario y el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, presumieron que en 15
años no se ha registrado una sola muerte materna en este nosocomio.
Pese a ello, el jefe de la Jurisdicción
Sanitaria número 4 de Martínez de la Torre, Francisco Pimienta Luna, refirió
que el primer lugar en cuanto a muerte materna en el Estado lo ocupa la
Jurisdicción Sanitaria número 3 de Poza Rica, seguida de Martínez.
Ante dicho escenario, grupos de defensa de
los derechos de las mujeres exigen no solo la ampliación de las causales de la
Interrupción Legal del Embarazo (ILE) dentro del Congreso del Estado, además,
demandan la actualización del directorio de médicos no objetores de conciencia,
con los conocimientos y el perfil para aplicar la interrupción legal del
embarazo.
Lo anterior dado que la Secretaría de Salud
de Veracruz “desconoce” dicha lista; advirtió la enlace del Colectivo Equifonía
en Xalapa, Araceli González Saavedra.
Dicho directorio, dividido por
jurisdicciones, es producto de la respuesta de la pasada administración a una
de las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Conavim) respecto a la alerta de género por
agravios comparados.
En este, se incluía el nombre y domicilio de
cada uno de los médicos especialistas en el estado de Veracruz con la capacidad
y conocimiento para aplicar la ILE, como parte de un programa establecido a
nivel estatal.
Lo anterior, dificulta la aplicación de la
ILE a menores de edad embarazadas y cuyos casos coinciden con las causales
penales para someterlas a la interrupción del embarazo.
A esto se agrega que el Gobierno de México,
en su Plan de Desarrollo, modificó la meta de combate a la muerte materna a
modo de alcanzar un 30 por ciento al final de sexenio.
Sin embargo, el gobierno anterior logró que,
en 2018, esta tasa disminuyera al 22.5 por ciento.
A lo anterior, se añade que, de abril de 2007
a agosto de 2018, 463 veracruzanas viajaron a la Ciudad de México para acceder
a un aborto legal, seguro y gratuito.
Dicha cifra se suma otra, que establece que,
de abril del 2007 a septiembre de 2018, al menos 60 mil mujeres de diversas
entidades del viajaron a Ciudad de México para practicarse un aborto, debido a
que las legislaciones estatales restringen dicha alternativa.
Por lo anterior Veracruz es uno de los
estados que sanciona penalmente a las mujeres no sólo por abortar sino por
intentarlo, dado que de 2007 a 2016 se han sentenciado 18 mujeres por el delito
de aborto.
Contra
las madres, exclusión
Pese a los objetivos del Estado para contener
dicho problema de salud, hospitales públicos imponen una política de exclusión
contra las madres en situación de riesgo.
Es el caso de Aurelio García, "Payaso
Guitarrín"; cuya esposa sufrió negligencia de parte de servidores públicos
del Hospital Regional de Poza Rica.
Esto, dado que no recibió atención de
Urgencias, aunque el bebé murió dentro del vientre de su madre.
La justificación de los galenos es que el
Hospital Regional carecía de camas para la atención de las embarazadas y en
todo caso, se les daría atención a las demás madres.
Previo a acudir al Hospital Regional,
"Guitarrín" y su mujer acudieron a una clínica privada con ayuda de
una asociación, donde a su esposa le practicaron ultrasonidos correspondientes,
los cuales confirmaron la muerte del bebé en el vientre.
Cuatro días después de acudir al hospital, la
mujer finalmente recibió atención en el nosocomio, aunque con el producto
cuatro días dentro de ella, existía el riesgo de una infección.
Y aunque protestó por lo anterior en el
Regional, personal del Ipax prácticamente lo echó de las instalaciones.
Otro caso es el de una menor de 13 años,
trasladada de urgencia vía aérea al Hospital "Valentín Gómez Farías"
de Coatzacoalcos.
La chica presentaba embarazo de 32 semanas,
además de complicaciones médicas como eclampsia, convulsiones y deterioro
neurológico, generado por la desnutrición, ausencia de control prenatal y su
corta edad para estar embarazada.
En Zongolica, médicos del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) negaron atención a una embarazada a punto de dar a
luz.
Por lo anterior, la mujer dio a luz en una
habitación donde recibió asilo, debido a que los galenos indicaron que la
futura madre todavía no entraba en labores de parto.
Otro caso ocurrió en el Hospital de Alta
Especialidad de Veracruz (HAEV) en donde un descuido de los doctores condujo a
la caída de una incubadora de André, un bebé de cinco días de nacido.
Por el golpe, el pequeño sufrió traumatismo
craneoencefálico, a lo cual, Karen Rojas, mamá del niño denunció negligencia
médica y omisión de cuidado.