*Presenta
la legisladora Deisy Juan Antonio iniciativa que busca reformar las Leyes de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de Adopciones.
Xalapa, Ver. | 29 noviembre de 2019
Tribuna
Libre.-La
diputada del Grupo Legislativo de Morena, Deisy Juan Antonio presentó una
iniciativa cuya finalidad es la creación de un Registro Estatal de Agresores
Sexuales e Infantiles, como instrumento de control inmediato que sirva para
localizar y facilitar el castigo, tanto de aquellos que delinquen por primera
vez o reincidentes, asimismo que contenga información interestatal para el caso
de detención de un delincuente en cualquier parte del país.
De esta manera se reformaría el artículo 112
Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave para crear el citado Registro, mismo que incluiría
a las personas con sentencia ejecutoria condenatoria por los delitos de
hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación, corrupción de menores,
pornografía infantil y pederastia.
La Secretaría Ejecutiva, del Sistema Estatal
de Protección Integral, será la encargada de establecer coordinación con el
Poder Judicial para que, de manera inmediata, remitan los datos de las personas
con sentencia ejecutoria condenatoria por los delitos señalados anteriormente.
Además deberá adoptar las medidas necesarias
para asegurar la veracidad, integridad, confidencialidad y accesibilidad de los
datos contenidos en el Registro Estatal de Agresores Sexuales e infantiles.
Por otra parte, la propuesta de la diputada
prevé reformar la fracción VIII al artículo 5 y se adicionaría una fracción
VIII al artículo 9 de la Ley de Adopciones para el Estado de Veracruz por el
cual se prohibiría la adopción por parte de personas que estén en el Registro
Estatal de Agresores Sexuales e Infantiles.
Durante la explicación de motivos de la
iniciativa, la diputada Juan Antonio subrayó que para su Grupo Legislativo
preservar los derechos de los menores implica generar condiciones para su pleno
desarrollo; por lo que a través esta iniciativa se pretende cumplir, no sólo con
un mandato constitucional, sino con una obligación ética, al reconocer la
importancia que se le debe asignar a este tema.
Dijo que, de acuerdo a datos de la UNICEF, de
los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, más de
la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza
extrema, y el 91 por ciento de niñas, niños y adolescentes indígenas viven en
condiciones de pobreza también.
“Este hecho lacerante es una cuestión
primordial para este nuevo gobierno, el cual busca revertir con acciones
concretas, que ya se han venido implementando desde la entrada del Presidente
de la República, el primero de diciembre de 2018”, abundó.
Expuso que, según información del Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), muchas niñas y niños son expuestos
cotidianamente a algún tipo de violencia física, sexual o psicológica en sus
hogares y escuelas, en las instituciones de los sistemas de protección y
justicia, en los lugares de trabajo y en sus comunidades.
Refirió la viabilidad de esta reforma y puso
como ejemplo California, Estados Unidos, en donde desde 1947 cuenta con una Ley
de Registro para Ofensores Sexuales Condenados, para ser aplicada en todo el
estado. Asimismo, estados como Washington, Nueva Jersey, y Massachusetts,
cuentan con disposiciones al respecto, con las variantes y particularidades
propias de dicho país.
La iniciativa fue turnada, para su estudio y
dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Derechos de la Niñez y la Familia. Se adhirieron los
Grupos Legislativos de los Partidos Movimiento Ciudadano-PRD, Del Lado Correcto
de la Historia, PRI-PVEM y Morena, así como la legisladora Nora Jessica Lagunes
Jáuregui.