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jueves, 19 de diciembre de 2019

Participación ciudadana en lucha por la seguridad y justicia


Córdoba, Ver. | 19 diciembre de 2019
Tribuna Libre.- En los últimos 25 años, la sociedad mexicana ha presenciado el surgimiento de un combativo activismo de familiares de víctimas del delito, solidarios ciudadanos, defensores de derechos humanos, integrantes de la academia, barras de abogados y asociaciones de diverso cuño y lugares de la República, que alzaron sus voces para exigir respuestas institucionales a la crisis de seguridad y violencia.

La crisis de seguridad y violencia criminal que nos afecta desde al menos hace 25 años es el escenario que propició los consensos necesarios para reformar las normas existentes y emprender, gradualmente, importantes cambios operativos para atender los anacronismos que acusaban nuestros sistemas de justicia penal, de seguridad pública y penitenciario.

En paralelo, la sociedad mexicana presenció la emergencia de un combativo activismo de familiares de víctimas del delito, de solidarios ciudadanos, defensores de los derechos humanos, integrantes de la academia, barras de abogados y asociaciones de diverso cuño y lugares de la República, que alzaron sus voces para fortalecer la exigencia de respuestas institucionales a la crisis de seguridad y violencia mediante acciones y movilizaciones que, al cabo del tiempo, derivaron en la formación de organizaciones civiles que se especializaron en la lucha contra el fenómeno que nos aqueja y para demandar justicia, protección y reparación del daño a las víctimas del delito, además del fortalecimiento y posterior reforma de nuestros sistemas de justicia y seguridad pública.

Al paso de los años, dichos acontecimientos inauguraron nuevas formas en la relación gobierno-sociedad que suscitaron el reconocimiento oficial de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) especializadas en el tema y ampliaron su involucramiento -con propuestas e iniciativas puntuales- en el diseño de políticas públicas encaminadas a promover el cambio, evaluación y fortalecimiento de nuestra legislación e instituciones de seguridad y justicia, dando lugar a la generación de canales de acción que desde entonces permanecen vigentes en la vida pública nacional.

Ejemplo de ello es el derecho que tienen, a partir de 2012, los ciudadanos, organismos y representantes de las OSC de participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) a fin de exponer sus propuestas, consideraciones y demandas para el cumplimiento de los objetivos de seguridad pública establecidos constitucionalmente.

Esto abre la posibilidad reglamentada de que cinco ciudadanos -de manera independiente o en representación de sus organizaciones-, participen por dos años en el seno del CNSP, con derecho al uso de la voz, para que expongan las propuestas que tengan para mejorar o fortalecer las políticas institucionales de seguridad pública.

Como resultado de este reconocimiento y posterior incorporación de los representantes de las OSC dentro del CNSP, los ciudadanos y sus organismos en activo han realizado aportaciones para la integración y definición de acciones, protocolos y modelos de gestión que contribuyeron a la instalación del Sistema de Justicia Penal y al seguimiento que desde julio de 2016 se realiza para lograr su consolidación.

Pero no sólo eso, durante los últimos años se presentaron iniciativas ciudadanas que contribuyeron al desarrollo de un sistema de indicadores que ha permitido evaluar el desempeño de los operadores de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y del sistema penitenciario, posibilitando evaluar deficiencias e identificar áreas de oportunidad para la introducción de mejoras.

Algunos ejemplos: la propuesta de simplificar y mejorar el formato del Informe Policial Homologado (IPH), junto con la actualización del Protocolo Nacional del Primer Respondiente, que están encaminados a brindar mayor certeza a la rendición de cuentas de los cuerpos policiales; la demanda de consolidar las Unidades de Atención Temprana de las procuradurías y fiscalías en los estados, a fin de propiciar una mayor eficacia en la aplicación de la justicia alternativa y de los dispositivos con que cuenta la Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias a nivel nacional; la implementación del modelo homologado de Unidades Estatales de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional de Procesos; las propuestas para el diseño y evaluación de políticas públicas para la prevención social de la violencia y delincuencia, y la propuesta de instrumentar el sistema integral de justicia penal para adolescentes, entre otras acciones más.

En el caso particular de México SOS, a lo largo de una década de existencia hemos participado, en coordinación con otras organizaciones hermanas, en la realización de nueve Foros Nacionales sobre Seguridad y Justicia (2009-2017), y en la promoción, en conjunto con académicos, especialistas en la materia y OSC, de iniciativas de ley y modificaciones a instrumentos regulatorios en diversa materias asociadas con el tema.

Asimismo, hemos sido participes, por invitación de las autoridades federales, en la elaboración del proyecto que daría origen a la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y su Comité Especial de Seguimiento y Evaluación (2014), del cual nuestro presidente fundador es integrante; de la creación de un número único de llamadas de emergencia, del cual propusimos se adoptara el 911, y de la integración, en conjunto con más de 70 especialistas y OSC, de la Agenda México 12.18 Seguridad y Justicia. Este documento integraba las acciones que en su momento se consideraron prioritarias para enfrentar la crisis de seguridad y apuntalar los cambios derivados de la reforma de 2008 en materia de seguridad y justicia.

En la edición 18.24 de la Agenda, bajo la coordinación de México SOS, se agruparon más de 100 OSC, especialistas y operadores de seguridad y justicia de diversas entidades de la República. En su momento, dicha Agenda, en sus dos ediciones, fue presentada a los entonces candidatos a la presidencia de la República y ya concluidas las respectivas elecciones se compartió con los equipos de los candidatos ganadores para impulsar los temas propuestos en su contenido, tarea en la que trabajamos actualmente.

Como producto de las actividades que desarrollamos en 18 estados de la República, a través de nuestras 36 Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia y su Red Nacional, hemos sido invitados a formar parte de Consejos y Conferencias nacionales y otros organismos oficiales encargados de la toma de decisiones en los temas que hemos comentado. Esto motivó que nuestro director general fuera electo por dos años (2017-2019) como invitado permanente de la sociedad civil dentro del CNSP donde, entre 2018 y 2019, realizó una labor de acompañamiento y seguimiento a los acuerdos emanados del CNSP que cambiaron la fórmula para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG).

Ello originó la implementación de políticas públicas para las compras consolidadas de equipamiento de seguridad pública bajo un mayor escrutinio ciudadano y participación de las OSC, y posibilitó que se dotara de mayores recursos al sistema penitenciario y que se emprendieran ajustes y cambios institucionales en las políticas de seguridad. Durante el último proceso de selección para la renovación de los cinco ciudadanos que han fungido como invitados permanentes, nuestro presidente fundador, Alejandro Martí, ha sido elegido para desempeñar el cargo. Ello renueva el alto compromiso que tenemos como OSC comprometida con la construcción de un sistema de seguridad pública y justicia penal eficaz que contribuya a resolver la crisis que enfrentamos, para devolverle a México y sus ciudadanos la paz y tranquilidad que tanto anhelamos.

CARNITAS EL CEBOLÍN LOS ESPERA
https://youtu.be/mX-GvydLPgQ

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