Córdoba, Ver. | 19 diciembre de 2019
Tribuna
Libre.- En
los últimos 25 años, la sociedad mexicana ha presenciado el surgimiento de un
combativo activismo de familiares de víctimas del delito, solidarios
ciudadanos, defensores de derechos humanos, integrantes de la academia, barras
de abogados y asociaciones de diverso cuño y lugares de la República, que
alzaron sus voces para exigir respuestas institucionales a la crisis de
seguridad y violencia.
La crisis de seguridad y violencia criminal
que nos afecta desde al menos hace 25 años es el escenario que propició los
consensos necesarios para reformar las normas existentes y emprender,
gradualmente, importantes cambios operativos para atender los anacronismos que
acusaban nuestros sistemas de justicia penal, de seguridad pública y
penitenciario.
En paralelo, la sociedad mexicana presenció
la emergencia de un combativo activismo de familiares de víctimas del delito,
de solidarios ciudadanos, defensores de los derechos humanos, integrantes de la
academia, barras de abogados y asociaciones de diverso cuño y lugares de la
República, que alzaron sus voces para fortalecer la exigencia de respuestas
institucionales a la crisis de seguridad y violencia mediante acciones y
movilizaciones que, al cabo del tiempo, derivaron en la formación de
organizaciones civiles que se especializaron en la lucha contra el fenómeno que
nos aqueja y para demandar justicia, protección y reparación del daño a las
víctimas del delito, además del fortalecimiento y posterior reforma de nuestros
sistemas de justicia y seguridad pública.
Al paso de los años, dichos acontecimientos
inauguraron nuevas formas en la relación gobierno-sociedad que suscitaron el
reconocimiento oficial de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
especializadas en el tema y ampliaron su involucramiento -con propuestas e
iniciativas puntuales- en el diseño de políticas públicas encaminadas a
promover el cambio, evaluación y fortalecimiento de nuestra legislación e
instituciones de seguridad y justicia, dando lugar a la generación de canales
de acción que desde entonces permanecen vigentes en la vida pública nacional.
Ejemplo de ello es el derecho que tienen, a
partir de 2012, los ciudadanos, organismos y representantes de las OSC de
participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) a fin de exponer
sus propuestas, consideraciones y demandas para el cumplimiento de los
objetivos de seguridad pública establecidos constitucionalmente.
Esto abre la posibilidad reglamentada de que
cinco ciudadanos -de manera independiente o en representación de sus
organizaciones-, participen por dos años en el seno del CNSP, con derecho al
uso de la voz, para que expongan las propuestas que tengan para mejorar o
fortalecer las políticas institucionales de seguridad pública.
Como resultado de este reconocimiento y
posterior incorporación de los representantes de las OSC dentro del CNSP, los
ciudadanos y sus organismos en activo han realizado aportaciones para la
integración y definición de acciones, protocolos y modelos de gestión que
contribuyeron a la instalación del Sistema de Justicia Penal y al seguimiento
que desde julio de 2016 se realiza para lograr su consolidación.
Pero no sólo eso, durante los últimos años se
presentaron iniciativas ciudadanas que contribuyeron al desarrollo de un
sistema de indicadores que ha permitido evaluar el desempeño de los operadores
de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y del
sistema penitenciario, posibilitando evaluar deficiencias e identificar áreas
de oportunidad para la introducción de mejoras.
Algunos ejemplos: la propuesta de simplificar
y mejorar el formato del Informe Policial Homologado (IPH), junto con la
actualización del Protocolo Nacional del Primer Respondiente, que están
encaminados a brindar mayor certeza a la rendición de cuentas de los cuerpos
policiales; la demanda de consolidar las Unidades de Atención Temprana de las
procuradurías y fiscalías en los estados, a fin de propiciar una mayor eficacia
en la aplicación de la justicia alternativa y de los dispositivos con que
cuenta la Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias a nivel
nacional; la implementación del modelo homologado de Unidades Estatales de
Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional de Procesos; las
propuestas para el diseño y evaluación de políticas públicas para la prevención
social de la violencia y delincuencia, y la propuesta de instrumentar el
sistema integral de justicia penal para adolescentes, entre otras acciones más.
En el caso particular de México SOS, a lo
largo de una década de existencia hemos participado, en coordinación con otras
organizaciones hermanas, en la realización de nueve Foros Nacionales sobre
Seguridad y Justicia (2009-2017), y en la promoción, en conjunto con
académicos, especialistas en la materia y OSC, de iniciativas de ley y
modificaciones a instrumentos regulatorios en diversa materias asociadas con el
tema.
Asimismo, hemos sido participes, por
invitación de las autoridades federales, en la elaboración del proyecto que
daría origen a la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y su Comité
Especial de Seguimiento y Evaluación (2014), del cual nuestro presidente
fundador es integrante; de la creación de un número único de llamadas de
emergencia, del cual propusimos se adoptara el 911, y de la integración, en
conjunto con más de 70 especialistas y OSC, de la Agenda México 12.18 Seguridad
y Justicia. Este documento integraba las acciones que en su momento se
consideraron prioritarias para enfrentar la crisis de seguridad y apuntalar los
cambios derivados de la reforma de 2008 en materia de seguridad y justicia.
En la edición 18.24 de la Agenda, bajo la
coordinación de México SOS, se agruparon más de 100 OSC, especialistas y
operadores de seguridad y justicia de diversas entidades de la República. En su
momento, dicha Agenda, en sus dos ediciones, fue presentada a los entonces
candidatos a la presidencia de la República y ya concluidas las respectivas
elecciones se compartió con los equipos de los candidatos ganadores para
impulsar los temas propuestos en su contenido, tarea en la que trabajamos
actualmente.
Como producto de las actividades que
desarrollamos en 18 estados de la República, a través de nuestras 36 Mesas
Ciudadanas de Seguridad y Justicia y su Red Nacional, hemos sido invitados a
formar parte de Consejos y Conferencias nacionales y otros organismos oficiales
encargados de la toma de decisiones en los temas que hemos comentado. Esto
motivó que nuestro director general fuera electo por dos años (2017-2019) como
invitado permanente de la sociedad civil dentro del CNSP donde, entre 2018 y
2019, realizó una labor de acompañamiento y seguimiento a los acuerdos emanados
del CNSP que cambiaron la fórmula para la asignación de los recursos del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Subsidio para el
Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG).
Ello originó la implementación de políticas
públicas para las compras consolidadas de equipamiento de seguridad pública
bajo un mayor escrutinio ciudadano y participación de las OSC, y posibilitó que
se dotara de mayores recursos al sistema penitenciario y que se emprendieran
ajustes y cambios institucionales en las políticas de seguridad. Durante el
último proceso de selección para la renovación de los cinco ciudadanos que han
fungido como invitados permanentes, nuestro presidente fundador, Alejandro
Martí, ha sido elegido para desempeñar el cargo. Ello renueva el alto
compromiso que tenemos como OSC comprometida con la construcción de un sistema
de seguridad pública y justicia penal eficaz que contribuya a resolver la
crisis que enfrentamos, para devolverle a México y sus ciudadanos la paz y
tranquilidad que tanto anhelamos.
CARNITAS
EL CEBOLÍN LOS ESPERA
https://youtu.be/mX-GvydLPgQ