*Secretario
pidió legislar sobre el hecho que es considerado violatorio al derecho a la
intimidad de los menores que cursan el nivel básico.
Xalapa, Ver. | 04 diciembre de 2019
Tribuna
Libre.- El
Secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García,
urgió a los integrantes de las 65 Legislatura a regular el Operativo Mochila,
que tiene por objetivo prevenir que los alumnos de nivel básico no ingresen
armas o drogas a los planteles educativos.
Al comparecer ante diputados locales, para
dar la glosa del trabajo que ha realizado en el primer año del gobierno de
Cuitláhuac García Jiménez, pidió legislar sobre un hecho que es considerado
violatorio al derecho a la intimidad de los menores, según la más reciente
recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH) 48/2019.
En la sesión de preguntas y respuestas el
funcionario público habló sobre el caso de un estudiante de bachillerato que
fue baleado por accidente, luego de que un compañero ingreso un arma calibre 22
-en forma de lapicero- al Instituto Educativo Xalapeño.
Explicó que, si bien ellos tienen injerencia
-al ser los que regulan los permisos para operar de las escuelas privadas-, es
la Cámara local la que debe establecer en la ley la posibilidad de implementar
acciones que permitan tener un control al ingreso de las escuelas, y que la
medida administrativa no se considere una violación a los Derechos Humanos.
El funcionario relató, que un estudiante
activó un arma de fuego, calibre 22, contra otro compañero, y lo lesionó de
manera superficial, sin embargo, el hecho pudo ser fatal.
Lo registrado en la capital del estado deber
ser un foco de alerta, “ustedes como legisladores y nosotros debemos trabajar
en conjunto, para generar menos riesgos en los estudiantes”, insistió a los
legisladores a los que pidió apoyar en regular la revisión de mochilas en los
planteles educativos.
Ante la postura de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos es necesario establecer reglas claras que permitan revisar lo
que los estudiantes ingresan a la institución educativa, para generar un
ambiente seguro.
Y eso, dijo, es parte del quehacer legislativo,
“como madres y padres de familia nosotros somos los responsables de lo que los
niños llevan a la escuela, y de igual manera es saber qué es lo que tu hijo
esta llevando a su escuela”.
Si el maestro revisa la mochila, los niños y
padres pueden argumentar que se están violando los derechos consagrados en la
Constitución, “si necesitamos que se legisle en pro del operativo mochila”.
Los
hechos
El 26 de noviembre se reportó que un
estudiante de bachillerato le disparó a un compañero en un colegio privado en
esta ciudad capital. El hecho ocurrió a las 08:00 horas de la mañana en una de
las aulas del Instituto Educativo Xalapeño, ubicado en el fraccionamiento Los
Ángeles.
Los primeros reportes señalaron que el
estudiante de preparatorio, de 15 años, ingresó al plantel con una pistola
"bolígrafo", propiedad de su padre, y al momento de querer jugar con
ella y manipularla se le disparó de forma accidental, causándole a un compañero
una lesión en una de sus manos, informaron medios locales.
La
recomendación
El 29 de julio la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 48/2019 en la que establece
que es violatorio de los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la
participación, así como al principio del interés superior de la niñez, la
aplicación del operativo Mochila Segura.
En enero de 2017, en un Colegio Particular de
Monterrey en el Estado de Nuevo León, un estudiante de secundaria disparó a su
profesora y compañeros mientras estaban en el salón de clases, para luego dispararse
a sí mismo.
A raíz del hecho, la Secretaría de ese estado
determinó implementar acciones de revisión de mochilas en los planteles
educativos, lo que derivó en dos quejas de padres de familia, que consideraron
una violación a los derechos de sus hijos.
En respuesta, la Comisión determinó necesario
que un grupo multidisciplinario analice el esquema de operatividad,
funcionamiento, supervisión y análisis de resultados de El Operativo y diseñe,
publique y difunda el Protocolo general y homologado para su aplicación a nivel
nacional.
Estableció un plazo de seis meses para
elaborar y emitir un programa nacional de prevención, atención y erradicación
de la violencia escolar, en el que se reconsidere la estrategia actual a fin de
colocar el interés superior de la niñez en los centros escolares.
También se pidió un programa permanente de
actividades de educación, capacitación y difusión en materia de derechos
humanos, dirigido a todas las autoridades educativas, padres de familia o
tutores a nivel estatal y nacional.