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miércoles, 8 de enero de 2020

Contraloría inhabilita a funcionario del DIF por su pasado Yunista


*En el organismo se acumulan señalamientos de corrupción, Director Administrativo busca ampararse contra destitución.

Xalapa, Ver. | 08 enero de 2020
Tribuna Libre.- La reciente promoción de un amparo en contra de una resolución de la Contraloría General de Veracruz refleja un posible conflicto de intereses al interior del primer círculo de funcionarios del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en el gobierno de Cuitláhuac García.

Dicho recurso, formulado por el Director Administrativo del ente asistencial, Héctor Fernando Ruz Santamaría, es en contra de la inhabilitación emitida por la Dirección General de Transparencia Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado de Veracruz.

La negativa de Ruz Santamaría, uno de los colaboradores más cercanos de la Directora Verónica Aguilera Tapia, para someterse a la sanción y por ende, abandonar el cargo, intensifica un escándalo suscitado al interior del DIF en el que se involucró a altos mandos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)

Reveló que Prometeo Proyectos Ejecutivos S.A. de C.V. participó en las licitaciones para suministrar leche para desayunos escolares fríos en el DIF.

Lo anterior, aun cuando en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares se contrató a Prometeo para suministrar 121 millones de pesos en productos lácteos, sin embargo, al entregarse al consumidor final, los bricks de leche ya rebasaban su fecha de caducidad.

Atrás de esa licitación destacó el entonces Director de Finanzas del DIF con Miguel Ángel Yunes, Héctor Ruz Santamaría, uno de los “sobrevivientes” del sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

RENUNCIAS SIMULADAS

El 1 de junio de 2019, trascendió la renuncia de Pábel Pazos como responsable del área de Egresos, luego de que servidores públicos de la dependencia acudieron a licitaciones públicas de servicios para favorecer a empresas con historial y beneficiadas en el pasado por el Gobierno de Miguel Ángel Yunes.

El antecedente se remonta al 25 de mayo de 2019 y se registró con la publicación del reportaje "El monopolio que busca vender alimentos al Gobierno de Veracruz", evidenciando a trabajadores de la Sefiplan abogar por los intereses de Productos Serel S.A. de C.V., dentro de la licitación LPN103C808801/001-2019 del DIF.

En ese entonces, la representante de la Subsecretaría de la Sefiplan, Mónica Rivas Rodríguez, reclamó en la apertura de propuestas la negativa para permitir la participación de Serel S.A.

Riva Rodríguez, subordinada de Pábel Pazos, defendió a Serel señalando que presentó sus propuestas en tiempo y forma, pero  no presentó la documentación de manera física en las oficinas del DIF, por lo cual la suministradora quedó fuera.

A Serel además se le relaciona con el grupo Kosmos, uno de los principales vendedores de alimentos a nivel gubernamental, pero con antecedentes de entrega de alimentos en mal estado en centros de reinserción social.

El escándalo provocado por sus subordinados habría obligado a Pazos Rincón a presentar renuncia en los primeros días de junio de 2019 ante el Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) José Luis Lima Franco; sin embargo, aunque varios medios lo dieron por hecho, el servidor no dejó el puesto.

De hecho, Pábel Pazos cargó con la responsabilidad de entregar a la LXV Legislatura el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, en un protocolo realizado el 11 de noviembre, es decir, cinco meses después de "su renuncia".

EL PESO DE RUZ

Con el cargo de Director Administrativo del Sistema DIF Estatal, Fernando Santamaría Ruz además ejerce la presidencia del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Inmuebles del ente asistencial.

Es decir, Ruz Santamaría es la última persona quien decide, aprueba o rechaza las contrataciones del DIF en cuanto a obras y servicios.

De hecho, el Director Administrativo del DIF decidió a los proveedores de 13 contratos de bienes y servicios otorgados por el ente asistencial entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019.

Entre los contratos avalados por Ruz Santamaría destaca la compra por 9 millones 350 mil pesos en 11 mil cajas de bolsas de diálisis del programa de atención población en desamparo.

La empresa beneficiada en esta compra es Grupo Farmaceútico Teteza S.A. de C.V., consorcio oriundo del estado de Puebla y cuyo representante legal es Andrés Iván Villegas Mendoza.

Villegas Mendoza, a su vez, fue delegado de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y candidato a diputado local en 2018 por el Distrito local de Tecamachalco.

Otra de las empresas beneficiadas es la de Dulce Sugey Rosas Landa, para proveer de artículos de limpieza e higiene personal del programa de asistencia integral a niños, niñas y adolescentes Conecalli.

En este caso, dicha personal moral no sólo es suministrador de insumos para limpieza, además, participó en las licitaciones del Instituto Veracruzano de la Vivienda para participar en la construcción de 46 cuartos dormitorios en Tezonapa.

El representante legal de Dulce Sugey Rosas Landa, Hassan Reyes de Cortés Landa es además representante de otra constructora, Inmobiliaria HEYRO S.A., concursante de contratos en la Secretaría de Desarrollo Social.

La empresa que representó De Cortes Landa ganó la obra de reconstrucción del camino Rancho Playa-La Guásima, con un monto de 18 millones 54 mil pesos, durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

SE AFERRA A SU CARGO

El 3 de enero de 2020, Fernando Ruz promovió recurso de amparo contra la resolución del Director General de Transparencia Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado de Veracruz para aplicar la inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en el Servicio Público en el Estado de Veracruz.

Lo anterior por un término de tres años, en razón del procedimiento disciplinario administrativo número 021/2018 contra Ruz Santamaría.

Sin embargo, el argumento de Ruz no se apega a los requisitos establecidos por la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, y es que la tesis del juez consiste en que la sanción impuesta constituye un acto en el que se involucra el interés social y público, contra el que no procede otorgar la suspensión, en virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población.

A pesar de tal concepto, la parte juzgadora admitió la demanda de amparo y ordenó el inicio del trámite del incidente de suspensión al existir la solicitud expresa de la parte quejosa.

La audiencia constitucional se llevará a efecto el 6 de febrero de 2020, y en el mismo sentido, el juez ordenó la formulación de prevenciones para tutelar el derecho a la administración de justicia.

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