*En el
organismo se acumulan señalamientos de corrupción, Director Administrativo
busca ampararse contra destitución.
Xalapa, Ver. | 08 enero de 2020
Tribuna
Libre.- La
reciente promoción de un amparo en contra de una resolución de la Contraloría
General de Veracruz refleja un posible conflicto de intereses al interior del
primer círculo de funcionarios del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia en el gobierno de Cuitláhuac García.
Dicho recurso, formulado por el Director
Administrativo del ente asistencial, Héctor Fernando Ruz Santamaría, es en
contra de la inhabilitación emitida por la Dirección General de Transparencia
Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado de
Veracruz.
La negativa de Ruz Santamaría, uno de los
colaboradores más cercanos de la Directora Verónica Aguilera Tapia, para
someterse a la sanción y por ende, abandonar el cargo, intensifica un escándalo
suscitado al interior del DIF en el que se involucró a altos mandos de la
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
Reveló que Prometeo Proyectos Ejecutivos S.A.
de C.V. participó en las licitaciones para suministrar leche para desayunos
escolares fríos en el DIF.
Lo anterior, aun cuando en el bienio de
Miguel Ángel Yunes Linares se contrató a Prometeo para suministrar 121 millones
de pesos en productos lácteos, sin embargo, al entregarse al consumidor final,
los bricks de leche ya rebasaban su fecha de caducidad.
Atrás de esa licitación destacó el entonces
Director de Finanzas del DIF con Miguel Ángel Yunes, Héctor Ruz Santamaría, uno
de los “sobrevivientes” del sexenio de Javier Duarte de Ochoa.
RENUNCIAS
SIMULADAS
El 1 de junio de 2019, trascendió la renuncia
de Pábel Pazos como responsable del área de Egresos, luego de que servidores
públicos de la dependencia acudieron a licitaciones públicas de servicios para
favorecer a empresas con historial y beneficiadas en el pasado por el Gobierno
de Miguel Ángel Yunes.
El antecedente se remonta al 25 de mayo de
2019 y se registró con la publicación del reportaje "El monopolio que
busca vender alimentos al Gobierno de Veracruz", evidenciando a
trabajadores de la Sefiplan abogar por los intereses de Productos Serel S.A. de
C.V., dentro de la licitación LPN103C808801/001-2019 del DIF.
En ese entonces, la representante de la
Subsecretaría de la Sefiplan, Mónica Rivas Rodríguez, reclamó en la apertura de
propuestas la negativa para permitir la participación de Serel S.A.
Riva Rodríguez, subordinada de Pábel Pazos,
defendió a Serel señalando que presentó sus propuestas en tiempo y forma,
pero no presentó la documentación de
manera física en las oficinas del DIF, por lo cual la suministradora quedó
fuera.
A Serel además se le relaciona con el grupo
Kosmos, uno de los principales vendedores de alimentos a nivel gubernamental,
pero con antecedentes de entrega de alimentos en mal estado en centros de
reinserción social.
El escándalo provocado por sus subordinados
habría obligado a Pazos Rincón a presentar renuncia en los primeros días de
junio de 2019 ante el Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) José Luis
Lima Franco; sin embargo, aunque varios medios lo dieron por hecho, el servidor
no dejó el puesto.
De hecho, Pábel Pazos cargó con la
responsabilidad de entregar a la LXV Legislatura el proyecto de Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, en un protocolo realizado el 11 de
noviembre, es decir, cinco meses después de "su renuncia".
EL PESO
DE RUZ
Con el cargo de Director Administrativo del
Sistema DIF Estatal, Fernando Santamaría Ruz además ejerce la presidencia del
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Inmuebles del ente asistencial.
Es decir, Ruz Santamaría es la última persona
quien decide, aprueba o rechaza las contrataciones del DIF en cuanto a obras y
servicios.
De hecho, el Director Administrativo del DIF
decidió a los proveedores de 13 contratos de bienes y servicios otorgados por
el ente asistencial entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019.
Entre los contratos avalados por Ruz
Santamaría destaca la compra por 9 millones 350 mil pesos en 11 mil cajas de
bolsas de diálisis del programa de atención población en desamparo.
La empresa beneficiada en esta compra es
Grupo Farmaceútico Teteza S.A. de C.V., consorcio oriundo del estado de Puebla
y cuyo representante legal es Andrés Iván Villegas Mendoza.
Villegas Mendoza, a su vez, fue delegado de
la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y candidato a diputado local en 2018 por el
Distrito local de Tecamachalco.
Otra de las empresas beneficiadas es la de
Dulce Sugey Rosas Landa, para proveer de artículos de limpieza e higiene personal
del programa de asistencia integral a niños, niñas y adolescentes Conecalli.
En este caso, dicha personal moral no sólo es
suministrador de insumos para limpieza, además, participó en las licitaciones
del Instituto Veracruzano de la Vivienda para participar en la construcción de
46 cuartos dormitorios en Tezonapa.
El representante legal de Dulce Sugey Rosas
Landa, Hassan Reyes de Cortés Landa es además representante de otra
constructora, Inmobiliaria HEYRO S.A., concursante de contratos en la Secretaría
de Desarrollo Social.
La empresa que representó De Cortes Landa
ganó la obra de reconstrucción del camino Rancho Playa-La Guásima, con un monto
de 18 millones 54 mil pesos, durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
SE
AFERRA A SU CARGO
El 3 de enero de 2020, Fernando Ruz promovió
recurso de amparo contra la resolución del Director General de Transparencia
Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado de
Veracruz para aplicar la inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo
o comisión en el Servicio Público en el Estado de Veracruz.
Lo anterior por un término de tres años, en
razón del procedimiento disciplinario administrativo número 021/2018 contra Ruz
Santamaría.
Sin embargo, el argumento de Ruz no se apega
a los requisitos establecidos por la fracción II, del artículo 128 de la Ley de
Amparo, y es que la tesis del juez consiste en que la sanción impuesta
constituye un acto en el que se involucra el interés social y público, contra
el que no procede otorgar la suspensión, en virtud de que involucra el
bienestar del orden social de la población.
A pesar de tal concepto, la parte juzgadora
admitió la demanda de amparo y ordenó el inicio del trámite del incidente de suspensión
al existir la solicitud expresa de la parte quejosa.
La audiencia constitucional se llevará a
efecto el 6 de febrero de 2020, y en el mismo sentido, el juez ordenó la
formulación de prevenciones para tutelar el derecho a la administración de justicia.