José Miguel Cobián | 11 febrero de 2020
Tribuna
Libre.- Durante
varios sexenios, los mexicanos estuvimos acostumbrados a que el presidente de
la república entendiera de economía, o cuando menos escuchara a sus asesores
económicos. Hoy tenemos a un presidente
que no entiende como funciona la economía, quien se considera poseedor de la
verdad absoluta, y solo somete su criterio cuando un poder superior lo amenaza,
como hemos podido comprobar en el caso de Culiacán o en el caso de los
migrantes.
El que el presidente no entienda de economía,
aunado a la imposibilidad de que reconozca que se ha equivocado, ha llevado a
México a un estancamiento económico que por lo que se pronostica para 2020
representará una pérdida de crecimiento económico del orden de 4 a 5 puntos del
PIB en dos años. Es decir, en dos años
de éste gobierno habremos dejado de generar entre 900,000 millones de pesos y 1
billón cien mil millones de pesos.
Si la economía no crece, la generación de
empleos tampoco crece, cuando México necesita cuando menos un millón doscientos
mil empleos cada año, para atender la oferta de nuevos posibles empleados que
se unen cada año a la economía. Mas
grave aún, si la economía no crece, no crece la recaudación de impuestos, y con
ello, los proyectos de reparto de riqueza que lleva el gobierno irán derechito
al olvido. En 2019 y 2020 se ha podido
continuar porque se ha utilizado dinero del fondo catastrófico, ahorros que
durante 25 años el gobierno ha realizado para enfrentar cualquier problema
grave, ya sea una epidemia, un desastre natural o problemas económicos
mundiales. Fondo que quizá para 2021
desaparezca y no tendremos con que enfrentar algún incidente no previsto.
Andrés Manuel tiene cierto resentimiento ante
empresarios que han sido rentistas sobre todo durante el período del presidente
Calderón y los dos primeros años del presidente Peña, durante el cual, los más
ricos de México según Forbes, pasaron de poseer el 2% de la riqueza nacional al
9%. El problema que vemos, es que son
esos mismos empresarios los que hoy están haciendo negocios con el gobierno de
México. Y los que son rechazados, son
los pequeños y medianos empresarios, no sólo en el gobierno federal sino en los
gobiernos estatales que controla el partido del presidente.
El capitalismo de cuates, que tanto daño le
ha hecho a México, concentrando los contratos estatales y federales en unos
cuantos empresarios, sigue vigente hoy en día.
Lo cual implica que aunque el presidente lo repudia, también lo
tolera. Evitando que la derrama
económica que representa el gasto público beneficie a empresas medianas y
pequeñas, que son las que más empleos generan.
La incertidumbre generada por la cancelación
del nuevo aeropuerto, ha provocado una aversión a invertir en México por parte
de muchos inversionistas nacionales. Los
inversionistas extranjeros que se arriesgan a invertir en México lo hacen
seguros de que sus gobiernos los defenderían de cualquier abuso o cambio de
reglas del juego, como ya sucedió cuando CFE trató de modificar los contratos
de gasoductos, logrando al final tener un costo mayor a valor presente del
orden de medio billón de pesos.
El otro grupo de empresas que sigue
invirtiendo en México, son los amigos del presidente, los aliados de hoy que
ayer eran sus adversarios y blanco de críticas y burlas. Esos -los de siempre-, aprovechan la cercanía
con el presidente y la aversión de éste por los controles y las reglas, lo cual
permite que como nunca en la historia de México se adjudiquen de manera directa
los contratos del sector público, a cambio de silencio, moches o restringir la
crítica al régimen.
Los órganos reguladores, que son quienes
otorgan mayor certeza a la competencia, que a su vez modera ganancias y genera
mejores precios y calidad en bienes y servicios, han sufrido un ataque
inmisericorde desde el primer día. Lo cual también mina la confianza del
inversionista honesto, aunque favorece al inversionista que sabe que contará
con el apoyo de sus amigos en el gobierno cuando de una controversia se
trate. Debilitar los órganos reguladores
autónomos no favorece la confianza, favorece la seguridad de continuar con el
rentismo siempre y cuando se trate de amigos del régimen.
Los monopolios públicos y privados son
favorecidos por el régimen al permitir la
cercanía de sus titulares en la mesa de asesores de negocios del
presidente. Todos sabemos que monopolios
y oligopolios no favorecen la libre competencia, no favorecen mejores precios,
no favorecen calidad y buen servicio al consumidor. Curiosamente un gobierno que se dice de
izquierda está más interesado en concentrar el poder, que en servir al pueblo
de México en este aspecto.
Los errores económicos no son percibidos por
la gran masa de trabajadores asalariados, pues ellos reciben su sueldo sin
notar el daño a largo plazo a su futuro y el de sus familias. Tarde o temprano se verán afectados, ya sea
con el desempleo, con inflación o peor aún con escasez de bienes o servicios
públicos y privados, como hoy ya sucede con medicinas, o como sucedió con el
desabasto de gasolinas.
La garantía de seguridad y justicia para los
mexicanos que tanto favorece al clima de negocios, y por lo tanto al
crecimiento económico, también es una asignatura pendiente. Simular que con apoyar al que menos tiene, se
va a evitar la ola de crímenes que día con día aumenta en todo el territorio
nacional es otro grave error. Reducir
presupuestos a fiscalías y al poder judicial tampoco abona, y sobre todo la
promoción de la continuidad de la impunidad tanto para autoridades que
incumplen con su labor de manera intencionada como para los delincuentes,
tampoco favorece un clima de estabilidad, crecimiento económico, empleo y
bienestar para la población.
Lamentable que el presidente no entienda de
economía.