Xalapa, Ver. | 27 abril de 2020
Tribuna
Libre.- De
septiembre a la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue acumulando
órdenes de aprehensión no ejecutadas en contra de exservidores públicos por su
probable participación en delitos de alto impacto o contra la función pública.
El organismo, a cargo de Verónica Hernández
Giadáns, no ha conseguido la captura de su antecesor prófugo, Jorge Winckler y
exfiscales especializados que colaboraron con él.
También han logrado evadirse funcionarios
electos por el voto popular relacionados con delitos que les costaron sus
cargos e incluso elementos de las fuerzas de seguridad involucrados con delitos
graves.
Liderazgos de Morena en Veracruz como Javier
Gómez Cazarín, coordinador de la bancada en el Congreso local, o el propio
Gobernador, Cuitláhuac García, aseguran que el exfiscal estuvo coludido con
grupos delincuenciales.
Ello debido a que Winckler no registró ni
liberó cientos de órdenes de captura, por lo que fue denunciado ante la
Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, el mismo problema comienza a
agudizarse en el periodo de la fiscal encargada, con varios “peces gordos” sin
procesar.
Lo anterior cuando la LXV Legislatura está
por comenzar el proceso para oficializar al próximo titular de la Fiscalía por
un periodo de 9 años, según anunció el presidente de la comisión de Procuración
de Justicia, José Manuel Pozos.
Ex
fiscal desaparecido
El pasado 3 de septiembre de 2019
legisladores locales aprobaron un punto de acuerdo para remover de su cargo a
Jorge Winckler, ante un incumplimiento del mandato Constitucional de su cargo
relativo a los exámenes de control y confianza.
De inmediato entró en funciones como
encargada de despacho la exdirectora Jurídica del Gobierno del Estado, quien
sigue sin ser ratificada pese a que la remoción de Jorge Winckler se oficializó
meses después de su llegada, el pasado 26 de marzo.
El Congreso del Estado no ha lanzado la
convocatoria para renovar al titular de la Fiscalía. Hernández Giadáns puede
competir en el proceso y ha recibido el respaldo público de diputados de Morena
e incluso del gobernador, Cuitláhuac García.
La justificación de los legisladores para
destituir al exfiscal obedeció a que no realizó su evaluación ante el Centro
Nacional de Certificación y Acreditación. Por ello, la Diputación Permanente
aplicó como medida preventiva la remoción temporal.
Tres semanas después, el 22 de septiembre, el
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó la emisión de dos órdenes de
captura en contra del fiscal separado y en contra de su equipo de
colaboradores.
En la lista se incluye al exfiscal
Especializado en Combate a la Corrupción, Marcos Evén Torres, así como el
exfiscal especializado en el tema de desaparecidos, Luis Eduardo Coronel, quien
se desempeñaba como fiscal regional de la zona centro antes de darse a la fuga.
"No son las mismas para ambos (Winckler
y Torres) porque sólo comparten una, que es la que se dio a conocer y las otras
se reserva la información por varias cosas, por la presunción de inocencia y el
debido proceso", explicó el Ejecutivo.
Poco después, trascendió que a Winckler Ortiz
se le requiere por el delito de ordenar la privación ilegal de la libertad, en
su modalidad de secuestro, contra Francisco "N", exjefe de escoltas
del anterior fiscal en el gobierno de Javier Duarte y también exprocurador,
Luis Ángel Bravo.
Desde la noche del 3 de septiembre, fecha
cuando ofreció una conferencia de prensa tras su remoción, Winckler Ortiz
desapareció del ámbito público y jurídico.
Por su parte, Torres también se fugó tras
haberse convertido en uno de los más cercanos colaboradores de Winckler. A él
se le busca por los delitos citados, aunque en su caso, promovió distintos
amparos para eludir la detención por parte de la Fiscalía.
El 7 de enero pasado, la justicia federal lo
amparó por el delito de cohecho, dado que el organismo también lo señala de
pactar con exfuncionarios de Javier Duarte para exonerarlos o darles beneficios
dentro de sus procesos mediante el cambio de medidas cautelares.
El 14 de septiembre de 2019 el juez, Luis
Roberto Juárez López, liberó la orden de captura en su contra, misma que sigue
sin efectuarse.
La caza contra Marcos Even Torres arreció
cuando el 26 de septiembre agentes ministeriales acudieron a la residencia del
exfiscal en el fraccionamiento Reforma de Veracruz para aplicar una orden de
cateo.
A raíz de la remoción temporal de Jorge
Winckler, Marcos Even Torres no regresó a la Fiscalía Anticorrupción, quedando
en calidad de prófugo y siendo destituido por el Congreso del Estado. El 3 de
octubre venció el plazo de ausencia previsto en la Ley, siendo impuesto por la
mayoría morenista otro encargado, Alfredo Corona Lizárraga.
A la lista se suma Luis Eduardo Coronel
Gamboa, otro de los excolaboradores de Jorge Winckler que está en calidad de
prófugo, a quien se le indaga por el delito de la privación de la libertad
contra Francisco "N".
Los tres funcionarios están evadidos, además
de los policías ministeriales Roberto Mora Mil, Sergio García Celis y Uriel
Rodrigo González Hernández, quienes buscan amparos ante instancias federales.
Ex
diputado desaforado se evadió
Otro de los prófugos de la Fiscal Hernández
es el exdiputado local por el Distrito de Misantla Erik Iván Aguilar López,
acusado de abuso de autoridad, luego de incitar a un grupo de pobladores de
Alto Lucero a sustraer un cadáver de la clínica del Seguro Social.
En este caso, la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, a cargo de Alfredo Corona Lizárraga, solicitó el
pasado 16 de enero juicio de procedencia contra Aguilar López, postulado por el
Partido del Trabajo, pero adherido a la fracción de Juntos Haremos Historia y
después, al grupo mixto Acción Nacional Veracruz.
El 4 de marzo, la LXV Legislatura completó el
desafuero del diputado local por el Distrito de Misantla.
Y es que contra el exlegislador circuló un
video donde se le observa dar instrucciones a un grupo de habitantes para
sustraer el cuerpo de un familiar que estaba en un hospital del IMSS en Alto
Lucero debido a una dilación de Servicios Periciales para practicar la
necropsia.
Tras su desafuero, que obtuvo 35 votos a
favor, provenientes de Morena, del Partido Verde, del Revolucionario
Institucional y del PRD, huyó a toda prisa del Congreso de Veracruz abordando
varias camionetas para despistar a los ministeriales y desde entonces no se
sabe de él.
Alcalde
destituido, en libertad
A la par del desafuero de Erick Iván Aguilar,
en esa misma fecha, el Congreso de Veracruz determinó revocar el mandato del
Presidente Municipal de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez.
En ese sentido, al exedil postulado por el
Partido Acción Nacional (PAN) se le relacionó por delitos en contra del
servicio público, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal en
torno a una presunta asignación de plazas para “aviadores” o personas que
cobrar sin trabajar.
No obstante, tras su destitución, el
Gobernador Cuitláhuac García confirmó la existencia de una orden de aprehensión
contra Paulino Domínguez como presunto autor del homicidio del corresponsal del
Gráfico de Xalapa, Celestino Ruiz, ocurrido en agosto de 2019.
En cuanto al mal uso de recursos públicos
José Paulino Domínguez se evadió, aunque la Fiscalía sí detuvo a la exsíndica,
Lucero “N” en Plaza Crystal, justo cuando esta salía de una institución
bancaria, y posteriormente capturó a Víctor Hugo “N”, excontralor de Actopan.
Ambos son investigados por utilizar recursos
de la nómina de sus colaboradores para el pago de servicios personales.
De
perseguidores a perseguidos
La Fiscal Verónica Hernández además heredó de
su antecesor Jorge Winckler una serie de expedientes en contra de elementos de
la Policía Estatal y de la Fuerza Civil, por su supuesta participación en
violaciones a los derechos.
De hecho, antes de su remoción, Jorge
Winckler anunció la existencia de 16 órdenes de aprehensión en contra de igual
número de elementos policiacos, cifra que sigue abultándose.
A la fecha Hernández Giadáns no reporta
avance inmediato en las indagatorias contra los uniformados.
Es el caso de los elementos de Fuerza Civil
relacionados con la irrupción de un domicilio particular en Santa Rosa,
Actopan; agrediendo a una familia de ciudadanía mexicana-estadounidense.
Los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de
2018, en el primer mes de ejercicio del secretario Hugo Gutiérrez Maldonado.
Aunque presentaron a los agredidos en
oficinas de la Fiscalía General de la República, esta no presentó elementos
para proceder contra los detenidos. En respuesta, la familia denunció a los
elementos de la Fuerza Civil por tortura, privación de la libertad y violación
a los derechos humanos.
Seguridad Pública se limitó a dar de baja a
los elementos y cuando la Fiscalía, entonces a cargo de Winckler, solicitó la
puesta a disposición de los exuniformados, pero la corporación justificó que
desconocía su paradero.
Además, el 8 de febrero de 2019, la Policía
Estatal detuvo a un taxi con tres personas a bordo y de lo anterior circulan
videos de los sujetos arrestados con vida. Sin embargo, un policía habría
ejecutado extrajudicialmente a uno de ellos, según informó el fiscal prófugo.
Seguridad Pública dio la versión de que el
occiso intentó enfrentar a la policía y, por lo tanto, los elementos abrieron
fuego contra él. La versión de la ejecución extrajudicial la respalda un video
supuestamente en poder de la Fiscalía.
La grabación no salió a la luz pública, pero
fue citada por Winckler en una de sus conferencias semanales en las que
reportaba la incidencia delictiva.
En ese entonces, se señaló a cuatro policías
ligadas a la supuesta ejecución extrajudicial, pero solo uno se puso a
disposición del Ministerio Público y los tres restantes, continúan en calidad
de prófugos.
El organismo tampoco ha remitido reporte
alguno sobre alguna investigación en contra de la Policía Estatal o la Fuerza
Civil, en torno a los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2019 cuando las
corporaciones estuvieron involucradas con la muerte de tres personas en una
congregación de Úrsulo Galván.
Los uniformados narraron que hubo un
enfrentamiento, aunque un sobreviviente indicó que las fuerzas de seguridad
ingresaron a un domicilio, sometieron a los presentes, los vistieron de
uniformes tácticos y simularon un enfrentamiento, para después asesinar a los
cuatro sujetos.
Imágenes de la SSP revelaron que uno de los
presentes fue llevado esposado, con vida, aunque su cuerpo se localizó después
entre los cadáveres de las víctimas, hecho que también sigue sin esclarecerse.
Destaca además la denuncia contra un alto
jefe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Iván "N",
comandante de la Policía Estatal en Alvarado, señalado de abuso de autoridad y
lesiones en contra de un grupo de jóvenes en octubre pasado.
Aunque sus propios compañeros de la
corporación lo retuvieron, la Fiscalía no reportó seguimiento a las denuncias
formuladas en contra del exservidor.
Operativo
fallido
El 9 de enero de 2020, elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública implementaron un operativo en Atzalan, sin
embargo, este derivó en un enfrentamiento entre policías y delincuentes.
El saldo de esta operación fue de un adulto
mayor y una menor de edad muertos, luego de que delincuentes allanaron un
domicilio particular usado como tienda de abarrotes para evadir a la policía.
La refriega continuó al interior de la vivienda y derivó en la tragedia.
El Gobernador Cuitláhuac García minimizó los
hechos y descartó que se tratara de un operativo fallido, pese que perecieron
en los hechos Guillermo Cardeña y su nieta, de 11 años.
"Lamentablemente el presunto delincuente
y otros tres presuntos delincuentes se refugiaron en la casa de un señor en la
que estaba una joven, salieron a dispararles a los policías, nos causaron
cuatro heridos, uno muy grave”.
Habitantes puntearon que los dos cuerpos
tenían el tiro de gracia, incluso el de la nieta, razón por la cual los
pobladores acusaron de la acción a los uniformados.
De esta situación, la Fiscalía no reportó más
avances sobre una posible investigación o detenidos por los hechos del
municipio situado en la cuenca del río Bobos.
Otro escenario de abusos de Seguridad Pública
se registró en Isla, sitio en donde la población denunció desde actos de
tortura, violaciones y desapariciones por parte de la Fuerza Civil. Además, un
mototortillero denunció abuso sexual de parte de uniformados.
La acción la atribuyó a los tripulantes de la
patrulla 7105, donde lo trasladaron, lo golpearon, y finalmente lo violaron.
El 11 de febrero, la violencia aumentó cuando
pobladores de la región quemaron una patrulla en la base policial y para
repeler a los manifestantes, la Fuerza Civil realizó disparos al aire.
Tras la agresión los habitantes además
denunciaron la tortura y privación de la libertad de una mujer, igual, por
parte de las fuerzas de seguridad.
La reyerta incluyó agresiones a periodistas,
quienes presentaron denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Federación; sin que la
Fiscalía haya expresado algún posicionamiento o el anuncio de alguna
investigación contra los elementos que abrieron fuego.
