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lunes, 27 de abril de 2020

Fracasa Verónica Hernández como fiscal de Veracruz sigue acumulando órdenes de aprehensión sin ejecutar


Xalapa, Ver. | 27 abril de 2020 
Tribuna Libre.- De septiembre a la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue acumulando órdenes de aprehensión no ejecutadas en contra de exservidores públicos por su probable participación en delitos de alto impacto o contra la función pública.

El organismo, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, no ha conseguido la captura de su antecesor prófugo, Jorge Winckler y exfiscales especializados que colaboraron con él.

También han logrado evadirse funcionarios electos por el voto popular relacionados con delitos que les costaron sus cargos e incluso elementos de las fuerzas de seguridad involucrados con delitos graves.

Liderazgos de Morena en Veracruz como Javier Gómez Cazarín, coordinador de la bancada en el Congreso local, o el propio Gobernador, Cuitláhuac García, aseguran que el exfiscal estuvo coludido con grupos delincuenciales.

Ello debido a que Winckler no registró ni liberó cientos de órdenes de captura, por lo que fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, el mismo problema comienza a agudizarse en el periodo de la fiscal encargada, con varios “peces gordos” sin procesar.

Lo anterior cuando la LXV Legislatura está por comenzar el proceso para oficializar al próximo titular de la Fiscalía por un periodo de 9 años, según anunció el presidente de la comisión de Procuración de Justicia, José Manuel Pozos.

Ex fiscal desaparecido

El pasado 3 de septiembre de 2019 legisladores locales aprobaron un punto de acuerdo para remover de su cargo a Jorge Winckler, ante un incumplimiento del mandato Constitucional de su cargo relativo a los exámenes de control y confianza.

De inmediato entró en funciones como encargada de despacho la exdirectora Jurídica del Gobierno del Estado, quien sigue sin ser ratificada pese a que la remoción de Jorge Winckler se oficializó meses después de su llegada, el pasado 26 de marzo.

El Congreso del Estado no ha lanzado la convocatoria para renovar al titular de la Fiscalía. Hernández Giadáns puede competir en el proceso y ha recibido el respaldo público de diputados de Morena e incluso del gobernador, Cuitláhuac García.

La justificación de los legisladores para destituir al exfiscal obedeció a que no realizó su evaluación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Por ello, la Diputación Permanente aplicó como medida preventiva la remoción temporal.

Tres semanas después, el 22 de septiembre, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó la emisión de dos órdenes de captura en contra del fiscal separado y en contra de su equipo de colaboradores.

En la lista se incluye al exfiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Marcos Evén Torres, así como el exfiscal especializado en el tema de desaparecidos, Luis Eduardo Coronel, quien se desempeñaba como fiscal regional de la zona centro antes de darse a la fuga.

"No son las mismas para ambos (Winckler y Torres) porque sólo comparten una, que es la que se dio a conocer y las otras se reserva la información por varias cosas, por la presunción de inocencia y el debido proceso", explicó el Ejecutivo.

Poco después, trascendió que a Winckler Ortiz se le requiere por el delito de ordenar la privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, contra Francisco "N", exjefe de escoltas del anterior fiscal en el gobierno de Javier Duarte y también exprocurador, Luis Ángel Bravo.

Desde la noche del 3 de septiembre, fecha cuando ofreció una conferencia de prensa tras su remoción, Winckler Ortiz desapareció del ámbito público y jurídico.

Por su parte, Torres también se fugó tras haberse convertido en uno de los más cercanos colaboradores de Winckler. A él se le busca por los delitos citados, aunque en su caso, promovió distintos amparos para eludir la detención por parte de la Fiscalía.

El 7 de enero pasado, la justicia federal lo amparó por el delito de cohecho, dado que el organismo también lo señala de pactar con exfuncionarios de Javier Duarte para exonerarlos o darles beneficios dentro de sus procesos mediante el cambio de medidas cautelares.

El 14 de septiembre de 2019 el juez, Luis Roberto Juárez López, liberó la orden de captura en su contra, misma que sigue sin efectuarse.

La caza contra Marcos Even Torres arreció cuando el 26 de septiembre agentes ministeriales acudieron a la residencia del exfiscal en el fraccionamiento Reforma de Veracruz para aplicar una orden de cateo.

A raíz de la remoción temporal de Jorge Winckler, Marcos Even Torres no regresó a la Fiscalía Anticorrupción, quedando en calidad de prófugo y siendo destituido por el Congreso del Estado. El 3 de octubre venció el plazo de ausencia previsto en la Ley, siendo impuesto por la mayoría morenista otro encargado, Alfredo Corona Lizárraga.

A la lista se suma Luis Eduardo Coronel Gamboa, otro de los excolaboradores de Jorge Winckler que está en calidad de prófugo, a quien se le indaga por el delito de la privación de la libertad contra Francisco "N".

Los tres funcionarios están evadidos, además de los policías ministeriales Roberto Mora Mil, Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González Hernández, quienes buscan amparos ante instancias federales.

Ex diputado desaforado se evadió

Otro de los prófugos de la Fiscal Hernández es el exdiputado local por el Distrito de Misantla Erik Iván Aguilar López, acusado de abuso de autoridad, luego de incitar a un grupo de pobladores de Alto Lucero a sustraer un cadáver de la clínica del Seguro Social.

En este caso, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Alfredo Corona Lizárraga, solicitó el pasado 16 de enero juicio de procedencia contra Aguilar López, postulado por el Partido del Trabajo, pero adherido a la fracción de Juntos Haremos Historia y después, al grupo mixto Acción Nacional Veracruz.

El 4 de marzo, la LXV Legislatura completó el desafuero del diputado local por el Distrito de Misantla.

Y es que contra el exlegislador circuló un video donde se le observa dar instrucciones a un grupo de habitantes para sustraer el cuerpo de un familiar que estaba en un hospital del IMSS en Alto Lucero debido a una dilación de Servicios Periciales para practicar la necropsia.

Tras su desafuero, que obtuvo 35 votos a favor, provenientes de Morena, del Partido Verde, del Revolucionario Institucional y del PRD, huyó a toda prisa del Congreso de Veracruz abordando varias camionetas para despistar a los ministeriales y desde entonces no se sabe de él.

Alcalde destituido, en libertad

A la par del desafuero de Erick Iván Aguilar, en esa misma fecha, el Congreso de Veracruz determinó revocar el mandato del Presidente Municipal de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez.

En ese sentido, al exedil postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) se le relacionó por delitos en contra del servicio público, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal en torno a una presunta asignación de plazas para “aviadores” o personas que cobrar sin trabajar.

No obstante, tras su destitución, el Gobernador Cuitláhuac García confirmó la existencia de una orden de aprehensión contra Paulino Domínguez como presunto autor del homicidio del corresponsal del Gráfico de Xalapa, Celestino Ruiz, ocurrido en agosto de 2019.

En cuanto al mal uso de recursos públicos José Paulino Domínguez se evadió, aunque la Fiscalía sí detuvo a la exsíndica, Lucero “N” en Plaza Crystal, justo cuando esta salía de una institución bancaria, y posteriormente capturó a Víctor Hugo “N”, excontralor de Actopan.

Ambos son investigados por utilizar recursos de la nómina de sus colaboradores para el pago de servicios personales.

De perseguidores a perseguidos

La Fiscal Verónica Hernández además heredó de su antecesor Jorge Winckler una serie de expedientes en contra de elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil, por su supuesta participación en violaciones a los derechos.

De hecho, antes de su remoción, Jorge Winckler anunció la existencia de 16 órdenes de aprehensión en contra de igual número de elementos policiacos, cifra que sigue abultándose.

A la fecha Hernández Giadáns no reporta avance inmediato en las indagatorias contra los uniformados.

Es el caso de los elementos de Fuerza Civil relacionados con la irrupción de un domicilio particular en Santa Rosa, Actopan; agrediendo a una familia de ciudadanía mexicana-estadounidense.

Los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2018, en el primer mes de ejercicio del secretario Hugo Gutiérrez Maldonado.

Aunque presentaron a los agredidos en oficinas de la Fiscalía General de la República, esta no presentó elementos para proceder contra los detenidos. En respuesta, la familia denunció a los elementos de la Fuerza Civil por tortura, privación de la libertad y violación a los derechos humanos.

Seguridad Pública se limitó a dar de baja a los elementos y cuando la Fiscalía, entonces a cargo de Winckler, solicitó la puesta a disposición de los exuniformados, pero la corporación justificó que desconocía su paradero.

Además, el 8 de febrero de 2019, la Policía Estatal detuvo a un taxi con tres personas a bordo y de lo anterior circulan videos de los sujetos arrestados con vida. Sin embargo, un policía habría ejecutado extrajudicialmente a uno de ellos, según informó el fiscal prófugo.

Seguridad Pública dio la versión de que el occiso intentó enfrentar a la policía y, por lo tanto, los elementos abrieron fuego contra él. La versión de la ejecución extrajudicial la respalda un video supuestamente en poder de la Fiscalía.

La grabación no salió a la luz pública, pero fue citada por Winckler en una de sus conferencias semanales en las que reportaba la incidencia delictiva.

En ese entonces, se señaló a cuatro policías ligadas a la supuesta ejecución extrajudicial, pero solo uno se puso a disposición del Ministerio Público y los tres restantes, continúan en calidad de prófugos.

El organismo tampoco ha remitido reporte alguno sobre alguna investigación en contra de la Policía Estatal o la Fuerza Civil, en torno a los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2019 cuando las corporaciones estuvieron involucradas con la muerte de tres personas en una congregación de Úrsulo Galván.

Los uniformados narraron que hubo un enfrentamiento, aunque un sobreviviente indicó que las fuerzas de seguridad ingresaron a un domicilio, sometieron a los presentes, los vistieron de uniformes tácticos y simularon un enfrentamiento, para después asesinar a los cuatro sujetos.

Imágenes de la SSP revelaron que uno de los presentes fue llevado esposado, con vida, aunque su cuerpo se localizó después entre los cadáveres de las víctimas, hecho que también sigue sin esclarecerse.

Destaca además la denuncia contra un alto jefe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Iván "N", comandante de la Policía Estatal en Alvarado, señalado de abuso de autoridad y lesiones en contra de un grupo de jóvenes en octubre pasado.

Aunque sus propios compañeros de la corporación lo retuvieron, la Fiscalía no reportó seguimiento a las denuncias formuladas en contra del exservidor.

Operativo fallido

El 9 de enero de 2020, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública implementaron un operativo en Atzalan, sin embargo, este derivó en un enfrentamiento entre policías y delincuentes.

El saldo de esta operación fue de un adulto mayor y una menor de edad muertos, luego de que delincuentes allanaron un domicilio particular usado como tienda de abarrotes para evadir a la policía. La refriega continuó al interior de la vivienda y derivó en la tragedia.

El Gobernador Cuitláhuac García minimizó los hechos y descartó que se tratara de un operativo fallido, pese que perecieron en los hechos Guillermo Cardeña y su nieta, de 11 años.

"Lamentablemente el presunto delincuente y otros tres presuntos delincuentes se refugiaron en la casa de un señor en la que estaba una joven, salieron a dispararles a los policías, nos causaron cuatro heridos, uno muy grave”.

Habitantes puntearon que los dos cuerpos tenían el tiro de gracia, incluso el de la nieta, razón por la cual los pobladores acusaron de la acción a los uniformados.

De esta situación, la Fiscalía no reportó más avances sobre una posible investigación o detenidos por los hechos del municipio situado en la cuenca del río Bobos.

Otro escenario de abusos de Seguridad Pública se registró en Isla, sitio en donde la población denunció desde actos de tortura, violaciones y desapariciones por parte de la Fuerza Civil. Además, un mototortillero denunció abuso sexual de parte de uniformados.

La acción la atribuyó a los tripulantes de la patrulla 7105, donde lo trasladaron, lo golpearon, y finalmente lo violaron.

El 11 de febrero, la violencia aumentó cuando pobladores de la región quemaron una patrulla en la base policial y para repeler a los manifestantes, la Fuerza Civil realizó disparos al aire.

Tras la agresión los habitantes además denunciaron la tortura y privación de la libertad de una mujer, igual, por parte de las fuerzas de seguridad.

La reyerta incluyó agresiones a periodistas, quienes presentaron denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Federación; sin que la Fiscalía haya expresado algún posicionamiento o el anuncio de alguna investigación contra los elementos que abrieron fuego.

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