Xalapa, Ver. | 27 abril de 2020
Tribuna
Libre.- Entre
enero y marzo de este año la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE)
recabó las declaraciones de 12 personas que aparecen como accionistas de las
empresas fantasma que sirvieron para el desvío de más de 3 mil 600 millones de pesos
del erario durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Todos ellos tienen en común que los engañaron
para firmar los papeles que se necesitaban para convertirlos en parte del
millonario desfalco. Esos documentos fueron validados por cinco notarios:
Gabriel Alejandro Cruz Maraboto, Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel,
Julio Alejandro Hernández Gallardo, Francisco Montes de Oca López y Alberto
Javier Robles Mijares.
De acuerdo con la nota Empleados implicados
en empresas fantasma de Duarte confiesan fraude y complicidad de notarios
públicos, de Animal Político, entre los implicados están empleados de
mantenimiento o limpieza, secretarias, mensajeros, veladores, choferes de
mudanzas, estilistas, y hasta un albañil analfabeta. 8 de ellos trabajaban para
el contador Víctor Manuel López Gachuz.
“Por ejemplo, el señor Pedro Francisco Corona
Montes dijo que su jefe en el despacho le propuso que si firmaba unos papeles y
daba una copia de su credencial de elector le ayudarían con 1 mil 600 pesos
mensuales, pago que recibió por aproximadamente 5 meses. Añadió que a ‘varios
compañeros de mantenimiento’ los usaron de la misma forma”, cita el periodista
Arturo Ángel.
“El caso mas extremo es el de Luciano Sánchez
Díaz, quien dijo que siempre ha trabajado como albañil y que no sabe leer, pero
que accedió a firmar unos documentos porque un contador de nombre ‘Noé’
(posiblemente ligado al referido despacho de López Gachuz) le pidió que ‘le
echara la mano para constituir una empresa’ a cambio de 5 mil pesos que, en
realidad, nunca le pagó”, añadió.
Las situaciones en las que signaron los
papeles para convertirse en empresarios sin saber son diversas. A algunos los
llevaron a las notarías y los hicieron imprimir su firma sin decirles para qué,
otros más ni siquiera fueron a una de estas oficinas, simplemente les llevaron
los documentos de compañías que se constituyeron en otros municipios.
A Moisés Jiménez García lo volvieron un
accionista de la empresa Anzara SA de CV firmando en Boca del Río, pero la
empresa fue constituida en Fortín de las Flores. Lo mismo le pasó a Luciano
Sánchez, parte de Ravsan Servicios Múltiples SA de CV, en el municipio de San
Andrés Tuxtla, sin embargo, él jamás ha salido del puerto de Veracruz.
“En el expediente también se encuentran
asentadas las declaraciones de al menos cinco ex funcionarios del DIF estatal
en el periodo en que Karime Macías lo presidió. La mayor parte de ellos
coinciden en que se registraron irregularidades en los procesos de contratación
de bienes, y dos de ellos sostienen haberse negado a participar en peticiones
que consideraban ilegales”, añade Arturo Ángel.
El periodista de Animal Político y coautor de
la investigación que reveló la red de empresas fachada explicó que el
testimonio clave es el de Laura Elena Vega Martínez, quien laboraba como jefa
del Departamento de Licitaciones del DIF y confirma que a los concursos sólo se
invitaba a las compañías que le ordenaban sus superiores y los resultados los
entregaba a sus jefes directamente.
Víctor Manuel “N”, subdirector de recursos
materiales, era el jefe inmediato de Laura Elena. Él le decía que eran
instrucciones directas de Karime Macías, la entonces titular del DIF por ser
esposa del gobernador Javier Duarte. Justamente Víctor Manuel es uno de los
funcionarios detenidos hace unos días y vinculados a proceso por su
participación en el desvío de dinero.
“Me dijo que no fuera a decir nada porque me
iba a meter en problemas y a él también, porque eran personas peligrosas las
que estaban involucradas en estos temas”, confesó Laura a las autoridades y
manifiesta su miedo porque le ocurra algo a ella y/o a su familia.
(Vanguardia)
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