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lunes, 27 de abril de 2020

Notarios públicos presuntos cómplices de empresas fantasma de Duarte


Xalapa, Ver. | 27 abril de 2020    
Tribuna Libre.- Entre enero y marzo de este año la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) recabó las declaraciones de 12 personas que aparecen como accionistas de las empresas fantasma que sirvieron para el desvío de más de 3 mil 600 millones de pesos del erario durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Todos ellos tienen en común que los engañaron para firmar los papeles que se necesitaban para convertirlos en parte del millonario desfalco. Esos documentos fueron validados por cinco notarios: Gabriel Alejandro Cruz Maraboto, Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel, Julio Alejandro Hernández Gallardo, Francisco Montes de Oca López y Alberto Javier Robles Mijares.

De acuerdo con la nota Empleados implicados en empresas fantasma de Duarte confiesan fraude y complicidad de notarios públicos, de Animal Político, entre los implicados están empleados de mantenimiento o limpieza, secretarias, mensajeros, veladores, choferes de mudanzas, estilistas, y hasta un albañil analfabeta. 8 de ellos trabajaban para el contador Víctor Manuel López Gachuz.

“Por ejemplo, el señor Pedro Francisco Corona Montes dijo que su jefe en el despacho le propuso que si firmaba unos papeles y daba una copia de su credencial de elector le ayudarían con 1 mil 600 pesos mensuales, pago que recibió por aproximadamente 5 meses. Añadió que a ‘varios compañeros de mantenimiento’ los usaron de la misma forma”, cita el periodista Arturo Ángel.

“El caso mas extremo es el de Luciano Sánchez Díaz, quien dijo que siempre ha trabajado como albañil y que no sabe leer, pero que accedió a firmar unos documentos porque un contador de nombre ‘Noé’ (posiblemente ligado al referido despacho de López Gachuz) le pidió que ‘le echara la mano para constituir una empresa’ a cambio de 5 mil pesos que, en realidad, nunca le pagó”, añadió.

Las situaciones en las que signaron los papeles para convertirse en empresarios sin saber son diversas. A algunos los llevaron a las notarías y los hicieron imprimir su firma sin decirles para qué, otros más ni siquiera fueron a una de estas oficinas, simplemente les llevaron los documentos de compañías que se constituyeron en otros municipios.

A Moisés Jiménez García lo volvieron un accionista de la empresa Anzara SA de CV firmando en Boca del Río, pero la empresa fue constituida en Fortín de las Flores. Lo mismo le pasó a Luciano Sánchez, parte de Ravsan Servicios Múltiples SA de CV, en el municipio de San Andrés Tuxtla, sin embargo, él jamás ha salido del puerto de Veracruz.

“En el expediente también se encuentran asentadas las declaraciones de al menos cinco ex funcionarios del DIF estatal en el periodo en que Karime Macías lo presidió. La mayor parte de ellos coinciden en que se registraron irregularidades en los procesos de contratación de bienes, y dos de ellos sostienen haberse negado a participar en peticiones que consideraban ilegales”, añade Arturo Ángel.

El periodista de Animal Político y coautor de la investigación que reveló la red de empresas fachada explicó que el testimonio clave es el de Laura Elena Vega Martínez, quien laboraba como jefa del Departamento de Licitaciones del DIF y confirma que a los concursos sólo se invitaba a las compañías que le ordenaban sus superiores y los resultados los entregaba a sus jefes directamente.

Víctor Manuel “N”, subdirector de recursos materiales, era el jefe inmediato de Laura Elena. Él le decía que eran instrucciones directas de Karime Macías, la entonces titular del DIF por ser esposa del gobernador Javier Duarte. Justamente Víctor Manuel es uno de los funcionarios detenidos hace unos días y vinculados a proceso por su participación en el desvío de dinero.

“Me dijo que no fuera a decir nada porque me iba a meter en problemas y a él también, porque eran personas peligrosas las que estaban involucradas en estos temas”, confesó Laura a las autoridades y manifiesta su miedo porque le ocurra algo a ella y/o a su familia.
(Vanguardia)
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