Xalapa, Ver. | 01 abril de 2020
Tribuna
Libre.- La
única manera de evitar que la cuarentena obligada se convierta en una
catástrofe económica nacional es a través de profunda intervención de los
gobiernos federal, estatales y municipales, que resuelva el doble problema que
se ha generado: una intervención a través del gasto público que ponga dinero en
manos de las familias y evite que desaparezcan las empresas de manera
definitiva y con ellas las fuentes de empleo. Una intervención de esta naturaleza
requiere un sacrificio fiscal de parte del gobierno. Requiere hacer uso de
recursos públicos extraordinarios que bien pueden provenir de reasignaciones
que se hagan dentro del presupuesto eliminado o posponiendo algunos programas o
proyectos de inversión o bien a través de la contratación de deuda pública que
ponga en manos del gobierno los recursos que necesita para financiar los
apoyos.
Para ello se requiere la implementación de un
plan de acción que contemple al menos las siguientes medidas:
1.- Para ayudar a las personas y salvar a las
familias:
a)
El gobierno federal deberá realizar trasferencias monetarias directas a
las personas y a las familias para compensar la pérdida de la ocupación o el
empleo.
b)
Eximir temporalmente del pago de servicios públicos a cargo del gobierno
federal y de los estados y municipios, (energía, eléctrica, agua potable, etc.)
hasta que finalice la cuarentena a personas desempleadas.
c)
Otorgar créditos sin intereses por parte del gobierno, a personas que
hayan perdido su empleo o actividad económica que realizaban.
d)
Ofrecer recursos para garantizar préstamos que las personas y familias
soliciten a los bancos, los cuales serían equivalentes a la cantidad de
impuestos que haya pagado cada individuo el año anterior.
e)
Realizar prórrogas fiscales a las personas que hayan perdido su empleo,
en pagos de impuestos federales, estatales y municipales, incluyendo las cuotas
de seguridad social. Pagos que se podrían realizar en los siguientes dos años
sin generar mora, ni interés, ni afectar su calificación crediticia.
2.- Para preservar el empleo y evitar el
cierre de empresas
a)
El gobierno federal deberá otorgar créditos sin intereses a micro,
pequeñas y medianas empresas en riesgo, con el propósito de que no despidan a
sus trabajadores y les otorguen al menos un salario de subsistencia y al mismo
tiempo puedan seguir cubriendo los gastos de operación. Esto protege a los
trabajadores de caer en el desempleo e impide el cierre definitivo y masivo de
empresas.
b)
Asimismo, el gobierno federal debe ofrecer recursos para garantizar
préstamos que las empresas en riesgo soliciten a los bancos, los cuales serían
equivalentes a la cantidad de impuestos que haya pagada cada empresa el año
anterior.
c)
Eximir del pago de servicios públicos a cargo del gobierno federal,
estatal y municipal (energía, eléctrica, agua, etc.) hasta que finalice la
cuarentena a las empresas en riesgo.
d)
El gobierno federal debe otorgar créditos sin intereses y subsidios a
empresas que produzcan material sanitario necesario para la actual pandemia.
e)
Reducción temporal de las tasas impositivas del ISR a las empresas de
los sectores productivos más afectados (que además pagarían con prorroga)
f)
Realizar prórrogas fiscales a las empresas en riesgo en pagos de
impuestos federales, estatales y municipales, incluyendo las cuotas de
seguridad social. Pagos que se podrían realizar en los siguientes dos años sin
generar mora, ni interés, ni afectar su calificación crediticia.
3.- ¿Y con qué dinero?
Existen dos fuentes de recursos de las que se
podrían disponer de manera inmediata:
Constituir el “Fondo para la Prevención y
Atención de Emergencias”, con el cual el gobierno federal podría contar con
recursos a través de financiamiento por hasta un monto que sea igual o menor al
100 por ciento del balance primario positivo, lo que equivale en este momento a
181 mil millones de pesos (mdp). Para la creación de este fondo la Cámara de
diputados propuso reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (fracción IV Bis al Artículo 2 y el Artículo 37 Bis) y la Ley
Federal de Deuda Pública (artículo 4o, fracciones I y V, y adicionar un párrafo
segundo al artículo 10). Se requiere que se apruebe dicha reforma de inmediato
para que el gobierno federal pueda contratar un financiamiento por un monto de
181 mil mdp.
Suspender (al menos temporalmente) la
construcción de la refinería de Dos Bocas, del aeropuerto de Santa Lucía, del
corredor en el istmo de Tehuantepec y el Tren Maya. Esto permitiría contar con
recursos por un monto de 81,631 mdp, que es la suma del presupuesto asignando a
esos cuatro proyectos, los cuales podrían reanudarse el próximo año.
El gobierno federal podría contar de manera
inmediata con un total de 263 mil mdp para implementar un programa económico de
emergencia y evitar un colapso total. Es eso, o no hacer nada que es lo que
hasta este momento ha sucedido.
Existe una fórmula para evitar la catástrofe
económica y hay de donde obtener recursos para implementar las políticas
públicas que se requieren. Lo único que se necesita es voluntad política y
comprensión clara del gran problema económico que se vive.
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