Xalapa, Ver. | 20 junio de 2020
Tribuna
Libre.- El
diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local,
Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que la reforma constitucional en materia
electoral va, “le duela a quien le duela”.
Al hacer uso de sus redes sociales, el
legislador respondió a las críticas que han emitido los dirigentes estatales de
los partidos de oposición que han pedido transparencia y que se den a conocer
las actas de Cabildo con las cuales los Ayuntamientos aprobaron la reforma.
Al respecto, refirió que no tiene la
necesidad de obligar o amenazar a los Cabildos para que ratifiquen la reforma
constitucional en materia electoral aprobada el pasado 12 de mayo.
Los Ayuntamiento de Veracruz son libres y
autónomos y las actas (de Cabildo) al día de hoy son reales
Asimismo, dio a conocer que a la fecha 193
Ayuntamientos han enviado al Congreso del Estado sus actas de Cabildo. De éstas
126 ratificaron la reforma, 2 cuentan con observaciones, 63 son en sentido
negativo y 2 actas están en calidad de indefinidas.
Se prevé que el próximo lunes 22 se realice
la cuarta sesión ordinaria, programada para las 17:00 horas, y en la Secretaría
General del Congreso local presentará el informe sobre la ratificación de la
reforma en los Cabildos.
En caso de no existir actos contrarios y al
tener más de la mitad de los 212 Ayuntamientos en sentido aprobatorio, la Mesa
Directiva hará la declaratoria de validez y enviará al Gobernador del Estado el
Decreto para la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Al cobrar vigencia, la reforma se habrá de
aplicar para el proceso electoral local 2020-2021 que renovará las 212
presidencias municipales y las 50 diputaciones locales.
La reforma constitucional incluye la
reducción al 50% las prerrogativas de los partidos políticos; elimina el número
de Consejos Municipales para la elección de Ayuntamientos; reduce de 4 a 3 años
el periodo constitucional de los alcaldes y les da la posibilidad de una
reelección hasta por dos periodos consecutivos; y suprime la consulta pública para
la permanencia en el cargo de los servidores públicos de elección popular.
