* 41
años en litigios * Arturo Quintanilla y
Agrofertilizantes * Jaime y las
sentencias clonadas * México: mil
muertos en un día * Directora de
panteones sigue en la luna * Cuitláhuac
y el ejecutado * Mercado se llueve por
fuera y por dentro * Contratista ligada
a Nahle, un fraude
Mussio Cárdenas Arellano | 05 junio de 2020
Tribuna
Libre.- Minoría
rapaz, el Clan Quintanilla se forjó en los vínculos con el poder y el regateo
en los tribunales, el contratismo petrolero, los litigios por tierras ajenas,
indemnizaciones arrebatadas con trucos al gobierno federal y hasta el escándalo
por clonar sentencias judiciales. Y ahora el compadrazgo con Rocío Nahle.
Minoría rapaz, diría Andrés Manuel, son los
que han llevado su vida pública de juzgado en juzgado, esgrimiendo títulos de
propiedad cuestionados, a menudo falsos, predios obtenidos por favores de un
gobernador y tretas en las barandillas y pasillos judiciales que a otros ya los
tendrían en prisión.
Dos Bocas los mantiene en el cenit del
escándalo nacional, no porque los Quintanilla se adjudicaran un contrato
directo sino por el “golpe de suerte” asestado por otro miembro del clan, Juan
Carlos Fong Cortés, al allegarse una fracción del paquete por 5 mil millones de
pesos en la etapa inicial de la refinería que se erige en los mangles de
Paraíso, Tabasco, y que es delirio de López Obrador. ¿Hubo tráfico de
influencias triangulado? Seguro que sí.
Golpeteada en Reforma, imputada de haberle
otorgado el jugoso contrato al compadre incómodo, Arturo Quintanilla Hayek,
Rocío Nahle la reviró y arguyó ser difamada. Pero las dudas siguen.
El garrafal error de Reforma desdibujó el
golpe. No fue Arturo Quintanilla el beneficiado del negocio en Dos Bocas sino
su otro yo, Juan Carlos Fong, dueño de la compañía Construcciones y
Reparaciones del Sur, versión ya antes expuesta aquí (https://bit.ly/2XtPTs6),
el 11 de junio de 2019, y dimensionada por el columnista de El Universal,
Salvador García Soto.
Fong Cortés no es una pieza menor. Ha
detentado contratos multimillonarios y ha enfrentado investigaciones por
virtuales fraudes, engaño a Pemex y cobros descomunales en una remediación por
un derrame de petróleo en Coatzacoalcos. Le pagaron 253 millones y sólo tenía
derecho a 23.
Y hay datos inéditos aún. Unos se inscriben
en la violencia y la inseguridad personal, un levantón, una extorsión, la
angustia, y otros en la alegría de ver de vuelta a un ser querido.
Hijo de un funcionario de alto nivel en la
Gerencia Zona Sur de Pemex, Lorenzo Fong Peña, fallecido hace un par de
semanas, ex superintendente en el distrito de Agua Dulce, hoy Activo Cinco
Presidentes, Juan Carlos Fong Cortés lo mismo gana licitaciones por 329
millones de pesos, o infla costos por una remediación, o que es parte del
primer paquete de obra en Dos Bocas por 5 mil millones de pesos con Huerta
Madre, firma con tufo a Roberto Madrazo y ahora a López Obrador.
La liga formal entre Arturo Quintanilla y
Juan Carlos Fong se acredita por una disputa simulada por adquirir un predio
que fuera propiedad de Banco Unión. Convocó el Instituto de Protección al
Ahorro Bancario (Ipab), lo que antes fue Fobaproa, a ofertar por el terreno
ubicado en la colonia Trópico de la Ribera, en Coatzacoalcos.
Ambos concursaron. Quintanilla ofreció 6
millones 250 mil pesos; Fong, 5 millones 545 mil. Ganó el compadre incómodo de
Rocío Nahle y al final el terreno lo disfrutaron los dos contratistas.
Fong presume lo suyo pero los Quintanilla
tienen mucho más. Su vida empresarial transita por la jauja y los millones, en
pasillos de juzgados, entre expedientes y promociones, la audacia y el abuso, y
la violación a la ley.
Ligados entre sí, los hermanos Arturo, Jaime
y Enrique Quintanilla Hayek trazan negocios industriales y hasta de recolección
y procesamiento de basura. Individualmente se mueven en la proveeduría a Pemex
y en los negocios inmobiliarios. Algunas sociedad mercantiles las heredaron de
su padre, Jaime Fidel Quintanilla Garza, ya fallecido, y de sus tíos Jorge y
Samy Hayek Domínguez, este último padre de la actriz Salma Hayek.
Arturo Quintanilla lleva su vida empresarial
al amparo de una firma, Comercializadora del Istmo, y la representación de
Hytorc, con la que surte de herramienta a Petróleos Mexicanos en la zona de los
complejos petroquímicos en el sur de Veracruz y más allá.
Jaime Rafael opera la compra-venta de casas y
terrenos y el arrendamiento. Y en tribunales civiles enfrenta tronantes
disputas por la propiedad de inmuebles o por el uso de viviendas sin
autorización del dueño.
Pero de todos, el juicio más célebre fue el
que emprendieron para cobrar una afectación por la construcción del Libramiento
Vial de Coatzacoalcos, obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
del gobierno federal.
Lo que ahí quedó plasmado fue una audacia
criminal.
Los Quintanilla —padre e hijos— esgrimían que
el terreno afectado era de su propiedad y que SCT debía pagar. Invocaron la
escritura 9471, expedida el 6 de julio de 1979, con la que el gobierno de
Veracruz, siendo titular Rafael Hernández Ochoa, les entregó a la empresa
Inmobiliaria Parque Industrial Coatzacoalcos, S.A. de C.V. un predio de 170
hectáreas llamado La Piedra. En él debía construirse un desarrollo industrial.
Pero los Quintanilla incumplieron el objetivo
de la operación. Erigieron un club deportivo y social, el Sporting Club, y
recientemente un fraccionamiento inmobiliario denominado Dos Ríos y un club
hípico. De lo industrial, nada.
Empeñados en cobrar la indemnización, aunque
su predio no fue afectado, combatieron el título de propiedad de la firma
Ingeniería, Medición y Controles, S. A. de C.V., derivado de la escritura de la
Sucesión Bringas, con una extensión de 12 mil hectáreas, iniciando en
Minatitlán y terminando en Coatzacoalcos. Sólo que el documento empleado por
los Quintanilla era falso.
Jaime Quintanilla Hayek, cerebro de la
estrategia legal junto con su abogado Cosme Atonantzin Cruz, adujeron haber
acreditado la nulidad de la escritura de la Sucesión Bringas. Y presentaron a
la SCT la sentencia del juicio 904/2004 expedida en el Juzgado Segundo de
Coatzacoalcos.
Sin embargo, bastó una consulta al libro
cronológico de juicios para establecer que el número 904/2004 correspondía a
una demanda de un particular por pensión alimenticia. La sentencia fue clonada.
La SCT expidió tres cheques como pago de la
afectación a favor de los Quintanilla: número 0001724 de Banamex por un millón
695 mil 555 pesos, 0001732 por un millón 587 mil pesos. Y uno más por un millón
633 mil 169.40 pesos. Y luego se enteró que había sido timada.
Los Quintanilla no devolvieron la cantidad
cobrada y el padre de ellos, Jaime Quintanilla Garza, enfrentó juicio por uso
de documento falso y un auto de formal prisión dentro de la causa penal
126/2010, sin pisar la cárcel por su avanzada edad.
A la fecha, la SCT aún debe al propietario
real del predio afectado.
Otro litigio, encabezado por Arturo
Quintanilla, se dirime en los tribunales y tiene que ver con la disputa por un
terreno que fuera asiento de la empresa Fertilizantes Mexicanos y luego de la
firma Agrofertilizantes del Sureste. En juicio de amparo acredita como abogado
a Marco Antonio Olavarrieta Pérez, operador del ex fiscal del duartismo, Luis
Ángel Bravo Contreras.
Un caso más. Gravas del Sureste, sociedad
constituida por su padre Jaime Quintanilla Garza, su tío Samy Hayek y cuatro
más, dispuso de un predio en el municipio de Chinameca hasta que la tierra se
agotó. Entonces comenzaron a tomar materiales del terreno vecino.
Por ello fueron demandados por el ex alcalde
Donaciano Gutiérrez Baeza, propietario del lugar. Los trabajadores del edil a
menudo enfrentaban a tipos violentos que empuñaban machetes y palos.
La tercera generación también tiene lo suyo.
Bicom Informática, empresa fundada el 21 de mayo de 2012, en Coatzacoalcos,
tiene en su sociedad a Jaime y Josué Quintanilla Ayache, hijos de Jaime y
sobrinos de Arturo, el compadre de Rocío Nahle.
En Ciudad del Carmen, Campeche, les ventean
conflictos laborales, falta de pago a trabajadores, reseñados en el portal La
Plataforma, y en Coatzacoalcos versiones de trato soez a empleados.
A Bidcom le asignó el Seguro Social la compra
de ventiladores respiratorios. Una vez hecho público, acusada Rocío Nahle de
traficar influencias, la operación se vino abajo. Esgrimió el IMSS que los
equipos no reunían los requisitos exigidos en la convocatoria. De ser así, de
acreditarse daños fatales entre enfermos por coronavirus por falta de
respiradores, sería muerte imprudencial.
Así la historia del Clan Quintanilla, sus
andanzas en tribunales, sus negocios millonarios, sus vínculos con el poder.
No les inquieta. La comadre incómoda los
bendice.
Archivo muerto
Fúnebre, la “nueva normalidad” acumula ya 101
mil 238 contagios y 11 mil 729 fallecidos, y de ellos mil 92 casos en un día.
La curva crece y será peor en dos semanas cuando el número de infectados se
dispare por los que hoy andan en las calles, sintiéndose libres al decretarse
la conclusión de la sana distancia. México es séptimo lugar mundial en decesos
y la estadística revienta el discurso populista, la patraña mañanera del
presidente Andrés Manuel López Obrador. México alcanza el cenit, siendo el
miércoles 3 de junio tercero en nuevos contagios (3 mil 912 casos) y primer
sitio en registrar nuevas muertes en un día (mil 92), por encima de Rusia,
Suecia, Irán, Brasil y Estados Unidos. Pero hay que oír al Dios Peje con la
cantaleta de que “ya se está domando la curva” y “vamos bien, en comparación
con lo que está pasando en otros países del mundo”. Lo de hoy suena, no a
tragedia sino a catástrofe. Y todo por seguir una estrategia tardía, ineficaz,
contradictoria (“no dejen de salir” y “quédate en casa”), demagoga y demencial.
Frente a la proclama chaira, la fanaticada que grita sin razonar, un argumento
demoledor: los números alarmantes y el dolor de las víctimas… Sin base legal,
Elba Gordillo Silva insiste en la cremación de fallecidos por coronavirus.
Aduce la directora de Panteones del ayuntamiento de Coatzacoalcos una
instrucción de la Secretaría de Salud para incinerar a las víctimas del Covid
19, advirtiendo que los espacios en los cementerios ya no dan. Que se sepa, el
tema no pasó por el cabildo municipal y si hay cremaciones obligadas la
responsabilidad pasa por el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, operada en
el caso de la señora Hermelinda “R” por el secretario del ayuntamiento, Miguel
Pintos Guillén. Elba Gordillo miente o no sabe de qué habla. La Organización
Mundial de la Salud no establece que sea obligatoria la incineración de
cadáveres y el acuerdo de la secretarías de Gobernación y de Salud precisa que
los fallecidos identificados, si no se decide la cremación, deberá ser
sepultado en fosas específicas, no en fosa común. Lo contrario es equiparable a
desaparición forzada, es delito sin derecho a fianza, prisión oficiosa y de 15
a 20 años de cárcel. El juicio de amparo interpuesto por el doctor en Derecho,
Marco Antonio Madrazo Carrión, para establecer la violación a la ley con la
cremación obligada, ingresó al Poder Judicial Federal el lunes 1 de junio y
quedó registrado con el número 1196160/2020… Gesto afable, sonrisa franca, a
Francisco Navarrete Serna se le vio orondo y pleno con Cuitláhuac García, el
gober, a su lado; hoy está muerto. Fulminado por las balas lanzadas por un
comando armado, Navarrete se fue con el estigma del Cártel Jalisco Nueva
Generación y los jóvenes levantados en Tierra Blanca por la policía de Veracruz
y presuntamente asesinados y disueltos en ácido en el rancho El Limón. Su
muerte tácitamente la registró un video. De pie, entre los músicos que
amenizaban una transmisión patrocinada por su periódico, El Sol de Tierra
Blanca, Navarrete se alebrestó al escucharse un disparo. Desenfunda la pistola
que trae al cinto y sale de cuadro. Hasta ahí la transmisión. El saldo fue
rojo: siete víctimas fatales, entre ellas el empresario y varios músicos, y dos
heridos. Decíanse de Navarrete lindezas de escándalo, pero tres son una joya:
primero, su amistad con Antonio Tarek Abdala Saad, el de los dineros robados a
Veracruz en los días en que era el favorito de Javier Duarte y Karime Macías
Tubilla, a quien Navarrete respaldó para ser diputado federal por Cosamaloapan;
luego, acusado de operar como jefe de plaza del CJNG en Tierra Blanca, y
después, la reciente fotografía con el gobernador morenista Cuitláhuac García.
Luego de escándalo por el levantón de los cinco jóvenes a manos de la policía
duartista, pasó un tiempo tras las rejas, imputado de ser el dueño del rancho
donde los habrían torturado y asesinado, cosa que la familia siempre negó.
Desvaneció los cargos y volvió a su vida “normal”. Así hasta que la noche del
viernes 29 de mayo un comando lo envió al más allá. Y el (des) gobernador
Cuitláhuac García con sus habituales lapsus, se dio un tiro en el pie: no se
permitirán —dijo— los ajustes de cuenta entre bandas del crimen organizado. O
sea, ¿con el que posó la fotografía era parte de una banda delincuencial? Pues
con quiénes se junta don Cuit… Nafdel Petroleum Solutions Int se agenció casi
10 millones de pesos por urdir un engaño. Contratada por el ayuntamiento de
Coatzacoalcos, tuvo a su cargo la rehabilitación del techo del mercado Morelos,
sustituyendo láminas, evitando filtraciones y goteras. Pero resultó un fraude.
El mercado Morelos sufrió este miércoles 3 el embate de la lluvia filtrándose
torrentes de agua, producto del pésimo trabajo realizado por la empresa
recomendada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle García. Nafdel Petroleum
tiene el cobijo —y algo más— del secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos
Guillén. Al primer aguacero el engaño quedó a la vista. Y pensar que se les
pagaron 9 millones 868 mil 851 pesos por semejante atraco…