*El
Grupo Legislativo PRI-PVEM presenta iniciativa que busca ajustar la Ley de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos a las disposiciones constitucionales
ya vigentes.
Xalapa, Ver. | 08 julio de 2020
Tribuna
Libre.- Con
el propósito de dar cumplimiento al mandato constitucional de llamar a
comparecer a aquel servidor público a fin que explique las razones de sus
negativas a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos
Revolucionario Institucional y Del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM),
presentaron al Pleno una iniciativa de decreto.
Con esta iniciativa se plantea reformar los
artículos 4, fracción IV, y 28 Bis, de la Ley de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos del Estado de Veracruz con lo cual se prevé garantizar el
respeto a los derechos humanos fundamentales y se acota, mediante normas
jurídicas expresas, la discrecionalidad en la actuación de las autoridades en
esta materia, al estar sujetas en su desempeño al escrutinio permanente de la
sociedad, por conducto de sus representantes populares.
De esta manera, la CEDH tendrá la facultad,
no solo de hacer del conocimiento, sino de solicitar al Congreso del Estado o,
en los recesos de éste, a la Diputación Permanente, que llame a comparecer a
las autoridades o servidores públicos que se nieguen a aceptar o cumplir sus
recomendaciones, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
De igual forma, se plantea señalar que, en su
caso, las comparecencias se realizarán, con el formato que acuerde el Congreso
o la Diputación Permanente, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, y a las mismas deberá
asistir, con derecho de intervenir, quien presida la CEDH.
En los casos en que las autoridades o los
servidores públicos incumplan las peticiones de la CEDH o entorpezcan las
investigaciones, la presidencia de este órgano autónomo rendirá un informe al
Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos
y Atención a Grupos Vulnerables, así como a las autoridades competentes, sobre
los probables delitos o faltas que hubiesen cometido las autoridades o
servidores públicos.
Lo anterior, con el propósito de que se les
apliquen, en su caso, en términos de las leyes respectivas, los procedimientos
y las sanciones correspondientes.
La iniciativa refiere que con esta
modificación se contribuirá a fomentar aún más entre las autoridades y
servidores públicos una cultura de respeto y protección a los derechos humanos.
“Esto, sabedores de que al negarse a cumplir una recomendación podrán ser
requeridos por la Representación Popular, si así lo solicitara el organismo
protector de tales derechos, para que expliquen las razones de su negativa, lo
que reviste singular relevancia, ante la limitante que tienen las
recomendaciones de no ser vinculatorias”, detalla.
Cabe destacar que la atribución del Poder
Legislativo del Estado de llamar a comparecer a los servidores públicos que se
negaren a cumplir las recomendaciones de la CEDH se incluyó en la Constitución
Local a través del decreto número 917 de la LXIII Legislatura, publicado en la
Gaceta Oficial del Estado el 4 de noviembre de 2016.
Por lo que esta iniciativa plantea ajustar
esta disposición constitucional a la Ley del citado órgano autónomo.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue
turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables.
