Dr. Hilario Barcelata Chávez | 11 agosto de 2020
Tribuna
Libre.- Recientemente
se presentó una iniciativa de Reforma al Sistema de Pensiones bajo el régimen
de las afores de México, la cual es de particular importancia para 39.5
millones de personas que cotizan bajo el sistema de una cuenta individual.
1.- ¿En
qué consiste la Reforma?
a)
Se incrementarán las aportaciones tripartitas de 6.5% a 15% siendo la
aportación patronal la que absorba el incremento.
b)
La aportación patronal se elevará de 5.15% a 13.87%.
c)
La aportación de los trabajadores no se incrementará.
d)
La aportación del Estado que es de 0.225% del salario se mantiene en ese
monto.
e)
La cuota social que otorga adicionalmente el Estado y que busca
incrementar el ahorro de los trabajadores de menores ingresos se modificará
para que se aporte con un aumento significativo a los trabajadores de nuevo
ingreso, hasta el equivalente a cuatro UMAS (Unidad de Medida y Actualización)
lo que equivale a 347.52 pesos.
f)
Se reduce de 1,250 a 750 el número de semanas de cotización para obtener
el derecho de una pensión garantizada. Sin embargo, el número de semanas se irá
incrementando gradualmente en un periodo de 10 años para alcanzar las 1,000
semanas de cotización.
2.-
¿Cuáles son los objetivos que persigue la reforma?
Elevar la tasa de sustitución al 40% en
promedio (es valor porcentual de la pensión comparado con el último salario
obtenido).
Para los trabajadores que perciben hasta un
salario mínimo el beneficio será poder obtener una pensión de hasta 103% el
valor de su último salario y para los que ganan hasta cinco salarios mínimos
será de 54% de su salario.
Incrementar el valor de la pensión mínima
garantizada, de un promedio actual de 3,289 pesos (80% de un salario mínimo) a
un valor promedio de 4,345 pesos, pudiendo llegar hasta el 220% del salario
mínimo vigente. (La pensión mínima garantizada es aquella que el gobierno
federal otorga a los asegurados cuyos recursos acumulados para su pensión
resulten insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro
programado pero que reúnan los requisitos señalados en la Ley del Seguro
Social).
Amplía el acceso a una pensión para aquellos
trabajadores que, debido a la movilidad que tienen en el mercado laboral no
alcanzaban a cubrir el mínimo de 1,250 semanas de cotización para obtener una
pensión. Esta acción es particularmente relevante dada la situación que
prevalece en el mercado laboral, caracterizada por una elevada incidencia de
informalidad, lo cual ha dificultado a una gran mayoría de trabajadores
alcanzar la antigüedad necesaria para obtener el derecho a una pensión
garantizada. Con 750 como mínimo será más fácil que puedan acceder a una
pensión.
Cualquier trabajador afiliado a este régimen,
que tenga 60 años de edad y 750 semanas ya podría solicitar la pensión mínima
garantizada que se puede dar en esta ley, independientemente que los cambios en
las aportaciones empiecen un año después.
3.-
¿Cuál es el alcance de la Reforma?
El costo para los empresarios es alto, aunque
no se aplicará el total al momento de entrar en vigor, sino que se irá
implementando a lo largo de ocho años en que se irá incrementando
paulatinamente. Más o menos a un punto porcentual por año, para que en 8 años
ya estén pagando la aportación completa. Aun así, esto incrementará el costo de
contratar trabajadores formalmente.
El incremento de la aportación del patrón
aumentará el costo de la mano de obra y ello podría incrementar la contratación
de empleo informal (sin prestaciones). Aun y cuando lo que aporten será
deducible para efectos del ISR, articulo 25 frac X. Por ello, es probable que
haya una profundización de la informalidad, pues hay que recordar que el 99% de
las empresas en el país son Mipymes (95% micros y 4% pequeñas) y se encuentran
en una profunda precariedad, por lo que es probable que no puedan financiar el
costo del incremento de la cotización.
La reducción de 1,250 a 750 semanas de
cotización, permitirá que el 82% de los trabajadores afiliados a este sistema
tengan acceso a la Pensión Mínima Garantizada (PMG). Sin la reducción de
semanas, solo el 34% de los trabajadores tendría acceso a esa pensión mínima,
mientras que el 44% recibiría una negativa de pensión y sólo 22% alcanzaría las
1,250 semanas para tener acceso a la pensión por afore.
IV. Esta propuesta de
reforma al reducir el límite de semanas de cotización, beneficiará
principalmente a los trabajadores que no han cumplido las 1,250 pero que ya
llegaron a la edad de retiro y perciben entre uno y cinco salarios mínimos. Sin
esa reforma se les negaría la pensión y sólo percibirían el monto ahorrado, lo
cual sería muy poco dado su bajo salario.
V. La reforma reducirá el número de
trabajadores que solicitarían PMG lo cual reducirá la presión sobre las
finanzas públicas, pues esta pensión la paga el gobierno y sin reforma en el
período 2022 y 2060 el Gobierno Federal tendría que destinar alrededor de 6
billones de pesos para otorgarles la pensión mínima garantizada, lo cual
representa un monto anual a de 62,681 millones de pesos partir de 2022, que se
incrementaría a 205,246.6 millones de pesos en 2032.
VI. Esta reforma solo resuelve el problema de
aquellos trabajadores que están en el sistema de afores (trabajadores de
empresas y organizaciones privadas). No resuelve el problema de las pensiones
de los trabajadores al servicio del Estado asegurados por el IMSS, ISSSTE,
Institutos estatales de pensiones y sistemas de pensiones universitarios y
municipales, los cuales están todos colapsados, con enormes déficits que crecen
cada año y que dependen del financiamiento del gobierno federal y de los
gobiernos estatales.
Esos sistemas seguirán quebrados y para ello
no se está planteando (al menos en el corto plazo) una solución. Para ello se
requiere una reforma diferente donde el protagonista, definitivamente, tiene
que ser el Gobierno federal y los gobiernos de los estados. Tan sólo para
dimensionar el problema en el ámbito federal, hay que decir que el Presupuesto
de Egresos de la Federación 2020 prevé un gasto de 965 mil millones de pesos
para el pago de pensiones y jubilaciones lo que equivale al 4% del PIB y al 16%
del presupuesto total del gobierno federal.
