*El
único implicado en lo desvíos por dicha obra acaba de librar proceso en su
contra; ningún desvío señalado fue castigado.
Xalapa, Ver. | 07 septiembre de 2020
Tribuna
Libre.- Sin
importar las evidencias de sobrepagos, omisiones y desvíos en torno a la obra
del túnel sumergido de Coatzacoalcos, a la fecha no existen ni servidores ni
contratistas sujetos a investigación o sancionados por las anomalías derivadas
por la obra.
Los ciudadanos y transportistas pagan una
cuota que va de entre los 19 a los 195 pesos por concepto de peaje para
transitar de Coatzacoalcos a Villa Allende y viceversa, monto que se incrementa
anualmente en los últimos 3 años.
En la asignación de la obra, el pago de los
servicios, la supervisión de los avances, la revisión a las cuentas e incluso
el etiquetado de los recursos participaron excolaboradores del primer círculo
de los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.
Pero el daño patrimonial que en su momento
denunció el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) se quedó sin castigo.
El único exfuncionario implicado en las
irregularidades acaba de conseguir un amparo contra el proceso que se inició en
su contra.
Se trata del exdirector de Infraestructura
Complementaria de la desaparecida Secretaría de Comunicaciones (Secom) -hoy
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas- Jorge Bernardo González Lozano.
En 2015 la Fiscalía General del Estado (FGE)
integró una carpeta de investigación en contra de González Lozano por el
probable incumplimiento de un deber legal en agravio del servicio público.
El 17 de julio de 2015 el entonces Juzgado
Tercero de Primera Instancia dictó el auto de formal prisión en contra del
exfuncionario. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2017 un amparo a su favor le
permitió continuar el proceso en libertad.
En 2019, la Tercera Sala del Tribunal
Superior de Justicia confirmó el auto de libertad por falta de elementos para
procesar a favor del exdirector de la Secom, como lo relata el juicio de Amparo
Indirecto 1090/2019/-III-B, firmado por la titular del Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de Veracruz, en el que se concluyen vicios de forma en el
proceso.
En conclusión, no se demostró la probable
responsabilidad en el delito. Esto, dado que el exdirector de Infraestructura
Complementaria no participó en los procesos de licitación ni de concesión del
túnel sumergido y, por el contrario, es en 2014 cuando el Ejecutivo delegó a la
SIOP los asuntos relacionados con el túnel sumergido.
NO HAY DETENIDOS
Al ratificar la Sala Tercera el auto de
libertad a favor de Jorge Bernardo González, no existe persona sometida a
proceso por el daño patrimonial por 225 millones 717 mil 543.04 pesos de la
cuenta 2012 y de 255 millones 374 mil 105.10 pesos en 2013.
Sin embargo, además de Jorge Bernardo
González, exfuncionarios de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte de Ochoa
participaron en los procesos de seguimiento y supervisión del túnel sumergido
de Coatzacoalcos.
Entre los involucrados en la obra destaca el
nombre de Raúl Zarrabal Ferat, exsecretario de Comunicaciones de 2010 a 2013,
pues durante su periodo la obra bajo el río Coatzacoalcos sufrió una fractura.
En 2013, Zarrabal Ferat renunció al cargo
para contender por la diputación local por el Distrito de Boca del Río. En su
momento, medios de comunicación lo vincularon con los excesos de precios del
proyecto, sin que el asunto llegase a instancias penales.
Otro exfuncionario señalado por
irregularidades fue el extitular de Secom, Guillermo Herrera Mendoza.
Exfuncionario que ocupó diversos cargos en el círculo cercano del gobierno de
Fidel Herrera Beltrán y, luego, en la primera mitad de la administración de
Javier Duarte de Ochoa.
En mayo de 2014, Herrera Mendoza negó que la
Procuraduría General de Justicia lo haya citado a comparecer parta ahondar en
las investigaciones que se iniciaron. De igual forma negó que se haya pagado o
contratado a alguna persona para “no hacer” lo que “tenía que hacer”.
En la lista de exfuncionarios que estuvieron
involucrados en la obra del túnel sumergido se incluye a Gerardo Buganza Salmerón,
el primer titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP)
con Javier Duarte tras la extinción de la Secom.
Buganza Salmerón destrabó el proyecto y
reveló diversas irregularidades en una comparecencia ante el Congreso local, pero
no hubo consecuencias.
Después de Buganza Salmerón, el 3 de marzo de
2015 el entonces Gobernador Javier Duarte designó a Tomás Ruiz González como
nuevo titular de la SIOP.
Ruiz González dio seguimiento al túnel
Coatzacoalcos y firmó la entrega de la concesión a las empresas conformantes de
la Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, entre estas, FCC de Carlos Slim Helú.
TRES SEXENIOS DE ANOMALÍAS
La obra del túnel sumergido de Coatzacoalcos
generó polémica y acusaciones por inconsistencia, falta de transparencia y
sobrepagos por los servicios pagados a la Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos,
S.A. de C.V. (Cotuco) desde el 2004, cuando fue propuesta.
Esta situación provocó que de 2014 a 2015 la
construcción del túnel permaneciera suspendida.
El 5 de julio de 2014, en una comparecencia
ante el Congreso del Estado, el exsecretario de Infraestructura y Obras
Públicas, Gerardo Buganza Salmerón, acusó a la Cotuco S.A. de un desequilibrio
financiero de acuerdo con el dictamen de varias auditorías practicadas, y de un
daño al erario, tal y como se acusa en la denuncia ante la extinta Procuraduría
General de Justicia de Veracruz.
Buganza Salmerón reveló, además, la
existencia de una denuncia en contra de la compañía Impulsa por presunto fraude
en perjurio de la dependencia, prometiendo que se castigaría la corrupción
detectada.
De cara a los legisladores, Buganza Salmerón
reafirmó el compromiso de concluir la obra del túnel Coatzacoalcos antes del
último día de la administración de Javier Duarte; sin embargo, al final el
proyecto entró en operaciones en 2017 con Miguel Ángel Yunes Linares.
Según Buganza Salmerón, el Gobierno de
Veracruz pagó más 2 mil millones de pesos por esta obra, ya que de un costo
inicial que se tenía proyectado de 2 mil 066 millones, pero este se disparó a 4
mil 913 millones de pesos, es decir, más del doble.
