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lunes, 7 de septiembre de 2020

Corrupción del túnel sumergido castiga a veracruzanos


*El único implicado en lo desvíos por dicha obra acaba de librar proceso en su contra; ningún desvío señalado fue castigado.

Xalapa, Ver. | 07 septiembre de 2020   
Tribuna Libre.- Sin importar las evidencias de sobrepagos, omisiones y desvíos en torno a la obra del túnel sumergido de Coatzacoalcos, a la fecha no existen ni servidores ni contratistas sujetos a investigación o sancionados por las anomalías derivadas por la obra.

Los ciudadanos y transportistas pagan una cuota que va de entre los 19 a los 195 pesos por concepto de peaje para transitar de Coatzacoalcos a Villa Allende y viceversa, monto que se incrementa anualmente en los últimos 3 años.

En la asignación de la obra, el pago de los servicios, la supervisión de los avances, la revisión a las cuentas e incluso el etiquetado de los recursos participaron excolaboradores del primer círculo de los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

Pero el daño patrimonial que en su momento denunció el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se quedó sin castigo.

El único exfuncionario implicado en las irregularidades acaba de conseguir un amparo contra el proceso que se inició en su contra.

Se trata del exdirector de Infraestructura Complementaria de la desaparecida Secretaría de Comunicaciones (Secom) -hoy Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas- Jorge Bernardo González Lozano.

En 2015 la Fiscalía General del Estado (FGE) integró una carpeta de investigación en contra de González Lozano por el probable incumplimiento de un deber legal en agravio del servicio público.

El 17 de julio de 2015 el entonces Juzgado Tercero de Primera Instancia dictó el auto de formal prisión en contra del exfuncionario. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2017 un amparo a su favor le permitió continuar el proceso en libertad.

En 2019, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del exdirector de la Secom, como lo relata el juicio de Amparo Indirecto 1090/2019/-III-B, firmado por la titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, en el que se concluyen vicios de forma en el proceso.

En conclusión, no se demostró la probable responsabilidad en el delito. Esto, dado que el exdirector de Infraestructura Complementaria no participó en los procesos de licitación ni de concesión del túnel sumergido y, por el contrario, es en 2014 cuando el Ejecutivo delegó a la SIOP los asuntos relacionados con el túnel sumergido.

NO HAY DETENIDOS

Al ratificar la Sala Tercera el auto de libertad a favor de Jorge Bernardo González, no existe persona sometida a proceso por el daño patrimonial por 225 millones 717 mil 543.04 pesos de la cuenta 2012 y de 255 millones 374 mil 105.10 pesos en 2013.

Sin embargo, además de Jorge Bernardo González, exfuncionarios de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte de Ochoa participaron en los procesos de seguimiento y supervisión del túnel sumergido de Coatzacoalcos.

Entre los involucrados en la obra destaca el nombre de Raúl Zarrabal Ferat, exsecretario de Comunicaciones de 2010 a 2013, pues durante su periodo la obra bajo el río Coatzacoalcos sufrió una fractura.

En 2013, Zarrabal Ferat renunció al cargo para contender por la diputación local por el Distrito de Boca del Río. En su momento, medios de comunicación lo vincularon con los excesos de precios del proyecto, sin que el asunto llegase a instancias penales.

Otro exfuncionario señalado por irregularidades fue el extitular de Secom, Guillermo Herrera Mendoza. Exfuncionario que ocupó diversos cargos en el círculo cercano del gobierno de Fidel Herrera Beltrán y, luego, en la primera mitad de la administración de Javier Duarte de Ochoa.

En mayo de 2014, Herrera Mendoza negó que la Procuraduría General de Justicia lo haya citado a comparecer parta ahondar en las investigaciones que se iniciaron. De igual forma negó que se haya pagado o contratado a alguna persona para “no hacer” lo que “tenía que hacer”.

En la lista de exfuncionarios que estuvieron involucrados en la obra del túnel sumergido se incluye a Gerardo Buganza Salmerón, el primer titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP) con Javier Duarte tras la extinción de la Secom.

Buganza Salmerón destrabó el proyecto y reveló diversas irregularidades en una comparecencia ante el Congreso local, pero no hubo consecuencias.

Después de Buganza Salmerón, el 3 de marzo de 2015 el entonces Gobernador Javier Duarte designó a Tomás Ruiz González como nuevo titular de la SIOP.

Ruiz González dio seguimiento al túnel Coatzacoalcos y firmó la entrega de la concesión a las empresas conformantes de la Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, entre estas, FCC de Carlos Slim Helú.

TRES SEXENIOS DE ANOMALÍAS

La obra del túnel sumergido de Coatzacoalcos generó polémica y acusaciones por inconsistencia, falta de transparencia y sobrepagos por los servicios pagados a la Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. (Cotuco) desde el 2004, cuando fue propuesta.

Esta situación provocó que de 2014 a 2015 la construcción del túnel permaneciera suspendida.

El 5 de julio de 2014, en una comparecencia ante el Congreso del Estado, el exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza Salmerón, acusó a la Cotuco S.A. de un desequilibrio financiero de acuerdo con el dictamen de varias auditorías practicadas, y de un daño al erario, tal y como se acusa en la denuncia ante la extinta Procuraduría General de Justicia de Veracruz.

Buganza Salmerón reveló, además, la existencia de una denuncia en contra de la compañía Impulsa por presunto fraude en perjurio de la dependencia, prometiendo que se castigaría la corrupción detectada.

De cara a los legisladores, Buganza Salmerón reafirmó el compromiso de concluir la obra del túnel Coatzacoalcos antes del último día de la administración de Javier Duarte; sin embargo, al final el proyecto entró en operaciones en 2017 con Miguel Ángel Yunes Linares.

Según Buganza Salmerón, el Gobierno de Veracruz pagó más 2 mil millones de pesos por esta obra, ya que de un costo inicial que se tenía proyectado de 2 mil 066 millones, pero este se disparó a 4 mil 913 millones de pesos, es decir, más del doble.

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