*El
presidente Andrés Manuel López Obrador enviará la solicitud al Senado de la
República para que se realice la consulta popular sobre el posible juicio a los
últimos cinco expresidentes de México.
A las y
los Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión
Presentes:
Ciudad, de México. | 16 septiembre de 2020
Tribuna
Libre.- El
suscrito, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la Ley Federal de
Consulta Popular en su capítulo II, artículo 12, fracción I, presento
formalmente a ustedes la siguiente petición de consulta popular para la jornada
electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio de 2021 o en la fecha que
establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución, a fin de
preguntar al pueblo de México sobre el
asunto de trascendencia nacional que se describe y fundamenta en la siguiente
Exposición
de motivos
PRIMERO. Entre el 1 de
diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo
caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos
monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción
generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que
desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad
pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el
quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio
nacional. Esa etapa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal
o neoporfirista.
SEGUNDO. Los males señalados
en el párrafo anterior no ocurrieron de manera fortuita sino que fueron
consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y
económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular. Las más altas
esferas del poder público, y específicamente quienes ejercieron la titularidad
del Poder Ejecutivo, dieron fe en innumerables ocasiones, tanto de palabra como
en los hechos, de su adhesión a las políticas privatizadoras, su determinación
de privilegiar a los grandes poderes económicos y de su empecinamiento en
estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes. En suma, los
desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos
treinta años fueron resultado de una suma de actos voluntarios y racionales por
parte de quienes lo gobernaron en ese lapso.
TERCERO. El neoliberalismo
gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas
de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y
sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la
informalidad y la descomposición social, en el deterioro sostenido de los
sistemas públicos de salud y educación, en la desprotección de millones de
jóvenes y adultos mayores, en el acoso depredador en contra de las comunidades
indígenas, en un pronunciado deterioro de las instituciones, en la pérdida de
soberanía y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre
otras consecuencias graves.
CUARTO. La desigualdad en
México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o
neoporfirista. Según cifras del Banco Mundial y de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue en el sexenio de Carlos
Salinas de Gortari, cuando crecieron más en nuestro país las diferencias
económicas y sociales entre ricos y pobres, y no es casual que al mismo tiempo
se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes
de bienes públicos. Un dato: en julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto
mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes –en la cual
figuran las personas más ricas del mundo–, solo aparecía una familia mexicana,
la de los Garza Sada, con dos mil millones de dólares; pero al finalizar aquel
sexenio, ya estaban incorporados a ese listado otros veinticuatro mexicanos,
que poseían en conjunto más de cuarenta y cuatro mil millones de dólares. Casi
todos ellos, habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que antes
eran propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado en 1988 en el lugar 26
entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló al
cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania.
QUINTO. El presidente
Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las
llevó hasta sus últimas consecuencias: privatizó bienes nacionales como los
Ferrocarriles pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas
por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del “rescate bancario” de
1998. A la fecha, aunque el país ha
pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda
pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta
el año 2070.
SEXTO. Vicente Fox Quesada
llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social de alcanzar la democracia y
la alternancia. Sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión
intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el
triunfo de la oposición. Tal intromisión no solo fue reconocida en el fallo con
el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
legalizó el turbio proceso electoral de 2006 sino por el propio Fox, quien, al
año siguiente, en una entrevista con Telemundo, admitió que “era importante
detener a López Obrador”, y en 2010 se jactó de haber “cargado los dados” del
proceso electoral. De esa forma, traicionó el mandato democrático al que se
debía y los principios mismos de la democracia.
SÉPTIMO. Desde el inicio de
su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar
supuestamente orientada a “combatir el narcotráfico” que exacerbó la violencia
y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas,
pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de
resultar contraproducente y terriblemente costosa para México. Lo más grave:
colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de
que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una
de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo nada. A la luz de
la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud
de Calderón solo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad
o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada.
OCTAVO. La irrupción de
grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña
presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que ello
tuviera consecuencias legales o llevara al TEPJF a anular la elección, como en
ese tiempo, desde la oposición formalmente lo exigimos. Sin embargo,
declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex
durante el sexenio de Peña, han permitido documentar que parte de ese dinero
provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. Por otra parte, los
señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las
cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para
obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en
la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación
que causó al erario un quebranto superior a los 200 millones de dólares.
NOVENO. Los hechos
referidos en los párrafos anteriores, más muchas otras calamidades no relatadas
en aras de la brevedad, generaron una creciente e inocultable indignación que
desembocó en múltiples exigencias de justicia en sectores ampliamente
mayoritarios de la sociedad mexicana. Tales exigencias se toparon con una
diversidad de mecanismos de encubrimiento e impunidad, con la adulteración de
disposiciones legales, con las componendas de los partidos subordinados al
régimen, con el silencio cómplice de la mayoría de los medios de información
nacionales y extranjeros, con acuerdos tácitos de protección entre los
presidentes salientes y los entrantes y con aparatos de procuración de justicia
puestos al servicio de los propios gobernantes.
DÉCIMO. Desde el primer día
de mi gobierno se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento
y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente
cometieron los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce
de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en
el ejercicio del cargo. No obstante, el masivo clamor de justicia se enfrenta a
zonas grises del marco legal, como las limitaciones que establece el artículo
108 constitucional, en curso de modificación, para actuar penalmente en contra
de un presidente en funciones, o como la consideración de delitos
imprescriptibles que los mencionados habrían podido cometer en el ejercicio de
la Presidencia.
UNDÉCIMO. El país se
encuentra, en este punto, en una situación en la que una demanda social
mayoritaria carece de un cauce institucional nítido y de una vía clara de
expresión en las leyes vigentes y en la que es ineludible que el Estado
emprenda un proceso de esclarecimiento a este respecto. En mi calidad de
Presidente de la República considero necesario avanzar en el discernimiento de
este punto, sin estridencias, con responsabilidad, pero anteponiendo en todo
momento el predominio de la voluntad popular y el respeto irrestricto de la legalidad.
DUODÉCIMO. Independientemente
del curso que tomen las acciones legales en los procesos en contra de diversos
ex funcionarios, tanto en México como en el extranjero, la decisión de si debe
esclarecerse en términos legales la actuación de los cinco ex presidentes
referidos ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y que por su
proyección histórica y sus implicaciones políticas amerita ser puesto a la
consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia participativa. Es
pertinente señalar que no es ésta la primera ocasión en la que promuevo tales
ejercicios; se han realizado con respecto a la construcción del aeropuerto en
Texcoco, la planta eléctrica de Huesca, Morelos, la cervecera en Mexicali y el
Tren Maya, y he promovido la inclusión en la Carta Magna de las consultas
regulares de revocación de mandato.
DÉCIMO
TERCERO.
En mi toma de posesión, consciente de la relevancia y las implicaciones de
juzgar penalmente a quienes ejercieron la Presidencia, propuse la realización
de una consulta popular como un paso necesario para resolver sobre este
delicado asunto. Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables
de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para
realizar esa tarea con absoluta libertad; si rechaza la propuesta, nadie podrá
acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales. En lo personal, reafirmo la
postura que he sostenido siempre sobre este tema, en el sentido de que en el
terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo
fundamental es evitar los delitos del porvenir. He dicho y reitero, que yo
votaría por no someter a los expresidentes a proceso. Sin embargo, de
realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la
democracia el pueblo decide, y por convicción me he propuesto mandar
obedeciendo. En otras palabras, nuca traicionaré la confianza del pueblo y no
seré cómplice de la impunidad ni voy a ser tapadera de acciones turbias del
pasado, pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie porque, como lo
he afirmado en numerosas ocasiones, no es mi fuerte la venganza.
DÉCIMO
CUARTO.
El ejercicio de la consulta popular sobre la viabilidad de iniciar procesos
legales en contra de los ex presidentes es en sí mismo un precedente necesario
para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y
un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los
gobiernos neoliberales, una forma de despejar la ambigüedad legal que ha
imperado sobre las responsabilidades de la figura presidencial y una
reafirmación del principio de soberanía popular contenido en el artículo 39 de
nuestra Constitución Política.
DÉCIMO
QUINTO.
La presente petición no contraviene la limitación establecida en el numeral 3°,
fracción VIII del artículo 35 constitucional, en el sentido de que “no podrán
ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos
reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”, por cuanto
la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal
claro un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilitar, en
su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso. Por el
contrario, la consulta pedida reafirma el derecho a participar en los asuntos
públicos estipulado en el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y reafirma el derecho a la justicia plasmado en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DÉCIMO
SEXTO.
El tema que motiva la presente petición de consulta popular repercute en todo
el territorio nacional e involucra al conjunto de la población, en términos del
artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular, al estar involucrados sus
intereses e instituciones y dado que los hechos que la originan revisten por sí
mismos una importancia y gravedad tal, que es preciso someterlos a este
mecanismo de participación ciudadana.
Pregunta
de la consulta popular
En consecuencia y en cumplimiento a la
fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, propongo la
siguiente pregunta:
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades
competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y
en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex
presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente
Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y
después de sus respectivas gestiones?
Por lo
aquí expuesto, solicito respetuosamente a ustedes:
PRIMERO. Tener por aceptado en tiempo y forma
el presente escrito.
SEGUNDO. Dar cuenta de la presente petición
de consulta popular y turnarla a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a
las comisiones que correspondan, para su análisis, dictamen y cumplimiento de
las etapas procesales correspondientes, con fundamento en lo dispuesto por la
fracción I del artículo 27 de la Ley Federal de Consulta Popular, y demás
disposiciones aplicables.
Palacio Nacional, Ciudad de México, 15 de septiembre de
2020
Andrés Manuel López Obrador Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos