Xalapa, Ver. | 11 septiembre de 2020
Tribuna
Libre.- En
sesión pública por videoconferencia, la Sala Monterrey ratificó su compromiso
contra la Violencia Política de Género, aclaró las reglas para convocar a
consejos partidistas y resolvió la controversia sobre la dirigencia del PRI en
Querétaro. #DecisionesClaras #LaJusticiaElectoralSigue.
En sesión pública de 9 de septiembre, el
pleno de la Sala Monterrey determinó que la competencia para conocer de actos
de violencia política de género (VPG) atribuidos a legisladores, es del
Instituto Electoral y en su caso revisable por el Tribunal Electoral del Estado,
porque así lo disponía la reforma en la materia y, por tanto, revocó la
sentencia emitida en el juicio TEEQ-RAP-3/2020, en la que se remitía el asunto
al Congreso local. El Magistrado Presidente emitió voto diferenciado, porque
coincidió con la propuesta, pero consideró que la reforma no restaba al
Congreso su competencia para conocer de los hechos que se generaran en el
ámbito parlamentario (SM-JDC-265/2020).
En otro asunto relevante, al resolver el
SM-JE-27/2020 y sus acumulados, el pleno revocó la sentencia del Tribunal de
Guanajuato que confirmaba la invalidez de una convocatoria a un consejo
partidista, porque las magistraturas consideraron que no era válido aplicar las
normas de convocatoria de un órgano de funcionamiento distinto, pues la aplicación
analógica requiere que no existan diferencias sustanciales en entre los órganos
o instituciones cuya norma pretender suplirse y, en su caso, debió revisarse si
se convocó en un plazo razonable, conforme al resto de las normas
implícitamente previstas en la normativa partidista, para revisar si los
consejeros tuvieron oportunidad suficiente para acudir.
También en un asunto destacado, las
magistraturas de la Sala Monterrey, al revisar la sentencia emitida por el
Tribunal Electoral de Querétaro sobre la controversia de la dirigencia estatal
del PRI, determinaron dejar sin efectos la restitución a Juan José Juan Ruiz
Rodríguez como dirigente, y validaron la determinación de la Comisión de
Justicia que lo removió como dirigente. El Magistrado presidente votó en contra
de esa decisión (SM-JDC-57/2020 y sus acumulados).
Durante la sesión, el Pleno resolvió 212
juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y
14 juicios electorales, sumando un total de 226 medios de impugnación.
La Sala Monterrey del TEPJF es la instancia
constitucional encargada de revisar las resoluciones emitidas por los
Tribunales, Institutos, Congresos, Ayuntamientos, partidos políticos, y
cualquier autoridad que emite actos que vulneren los derechos
político-electorales en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato,
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
