*En
términos de ley, y si dicho dictamen es aprobado por el Congreso, el INE será
el encargado de la organización y desarrollo de la consulta popular.
Xalapa, Ver. | 05 octubre de 2020
Tribuna
Libre.- Ahora
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la
constitucionalidad de la consulta popular por la que se busca llevar a juicio a
los últimos cinco expresidentes de México, este ejercicio promovido por el
mandatario Andrés Manuel López Obrador está cada vez más cerca.
Con una modificación, la SCJN declaró
constitucional la consulta propuesta por López Obrador para decidir se lleva
ante la justicia a sus antecesores.
Pero todavía faltan algunos pasos por
completar antes de definir cuándo y cómo se llevará a cabo. Aquí te decimos los
requisitos que establecen la Ley Federal de Consulta Popular y otros detalles
sobre este ejercicio.
En la sesión del jueves, los magistrados
aprobaron la constitucionalidad de la consulta, pero hicieron modificaciones a
la pregunta que se planteará ante la ciudadanía, a fin de evitar que esta
condicione los derechos de los cinco expresidentes.
En la propuesta que el Senado envió a la
Suprema Corte, se mencionaba a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Fox (2000-2006), Calderón (2006-2012)
y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Pero esto violaba el principio de presunción
de inocencia, por lo que el máximo tribunal resolvió que la pregunta fuera la
siguiente:
"¿Estás de acuerdo en que se lleven a
cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas
tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y
derechos de las posibles víctimas?".
La Corte notificó al Senado de la República
—que fue la Cámara que envió la propuesta sometida a discusión— sobre su
resolución y modificaciones, tal como establece la Ley Federal de Consulta
Popular.
Al reconocer la constitucionalidad de la
consulta, el Senado no podrá hacer modificaciones a la pregunta contenida en la
resolución de la SCJN.
Fox retoma sus críticas tras aval de la Corte
a la consulta sobre expresidentes
Después, el presidente de la Mesa Directiva
del Senado se encarga de publicar la resolución en la Gaceta Parlamentaria y
turnarla a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que
correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen.
El dictamen de la petición deberá ser
aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso (Senadores y Diputados); de
lo contrario, será archivada como "asunto total y definitivamente
concluido".
Pero si el dictamen es aprobado por el
Congreso, este deberá expedir la convocatoria de la consulta popular mediante
un decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se le
notificará al Instituto Nacional Electoral (INE).
En términos de ley, y si dicho dictamen es
aprobado por el Congreso, el INE será el encargado de la organización y
desarrollo de la consulta popular.
La Constitución Política señala que las
consultas deben realizarse el primer domingo del mes de agosto, lo que
significa que en 2021, si el dictamen es avalado, los mexicanos serán
convocados a las urnas en dos ocasiones: el 6 de junio para las elecciones y,
dos meses después, para la consulta sobre expresidentes.
En entrevista radiofónica, el consejero Ciro
Murayama expuso que la ley no contempla términos para la organización o las
reglas de instalación de casillas, lo que representa un obstáculo para el INE,
además de que no se tiene un presupuesto para la realización de la consulta.
"Para el proceso electoral 2021 se prevé
la instalación de 164,500 casillas y más de un millón de ciudadanos que serán
funcionarios de casilla (...) En el caso de la consulta, habrá que definir
cuántos electores se pueden convocar por casilla y, en función de eso,
determinar el número de casillas", explicó.
Murayama indicó que tan solo la instalación
de las casillas para las elecciones cuesta alrededor de 8,000 millones de
pesos, que es el presupuesto que se pidió al Congreso para el próximo año,
pero, dijo, no hay una partida como tal para la consulta popular.
"Tenemos que hacer los cálculos y
análisis técnicos de cuáles son las condiciones onerosas, pero de que se
requieren recursos, pues sí (...) Va a ser difícil hacerlo, porque estamos
hablando de un país muy grande, son 95 millones de electores y garantizar los
derechos políticos de los electores requiere de una inversión", agregó.
