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sábado, 3 de octubre de 2020

Ahora que la SCJN avaló la constitucionalidad de la consulta popular, Quién

*En términos de ley, y si dicho dictamen es aprobado por el Congreso, el INE será el encargado de la organización y desarrollo de la consulta popular.

                                                           Xalapa, Ver. | 05 octubre de 2020


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Tribuna Libre.- Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la consulta popular por la que se busca llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de México, este ejercicio promovido por el mandatario Andrés Manuel López Obrador está cada vez más cerca.

Con una modificación, la SCJN declaró constitucional la consulta propuesta por López Obrador para decidir se lleva ante la justicia a sus antecesores.

Pero todavía faltan algunos pasos por completar antes de definir cuándo y cómo se llevará a cabo. Aquí te decimos los requisitos que establecen la Ley Federal de Consulta Popular y otros detalles sobre este ejercicio.

En la sesión del jueves, los magistrados aprobaron la constitucionalidad de la consulta, pero hicieron modificaciones a la pregunta que se planteará ante la ciudadanía, a fin de evitar que esta condicione los derechos de los cinco expresidentes.

En la propuesta que el Senado envió a la Suprema Corte, se mencionaba a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Fox (2000-2006), Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Pero esto violaba el principio de presunción de inocencia, por lo que el máximo tribunal resolvió que la pregunta fuera la siguiente:

"¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?".

La Corte notificó al Senado de la República —que fue la Cámara que envió la propuesta sometida a discusión— sobre su resolución y modificaciones, tal como establece la Ley Federal de Consulta Popular.

Al reconocer la constitucionalidad de la consulta, el Senado no podrá hacer modificaciones a la pregunta contenida en la resolución de la SCJN.

Fox retoma sus críticas tras aval de la Corte a la consulta sobre expresidentes

Después, el presidente de la Mesa Directiva del Senado se encarga de publicar la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnarla a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen.

El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso (Senadores y Diputados); de lo contrario, será archivada como "asunto total y definitivamente concluido".

Pero si el dictamen es aprobado por el Congreso, este deberá expedir la convocatoria de la consulta popular mediante un decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se le notificará al Instituto Nacional Electoral (INE).

En términos de ley, y si dicho dictamen es aprobado por el Congreso, el INE será el encargado de la organización y desarrollo de la consulta popular.

La Constitución Política señala que las consultas deben realizarse el primer domingo del mes de agosto, lo que significa que en 2021, si el dictamen es avalado, los mexicanos serán convocados a las urnas en dos ocasiones: el 6 de junio para las elecciones y, dos meses después, para la consulta sobre expresidentes.

En entrevista radiofónica, el consejero Ciro Murayama expuso que la ley no contempla términos para la organización o las reglas de instalación de casillas, lo que representa un obstáculo para el INE, además de que no se tiene un presupuesto para la realización de la consulta.

"Para el proceso electoral 2021 se prevé la instalación de 164,500 casillas y más de un millón de ciudadanos que serán funcionarios de casilla (...) En el caso de la consulta, habrá que definir cuántos electores se pueden convocar por casilla y, en función de eso, determinar el número de casillas", explicó.

Murayama indicó que tan solo la instalación de las casillas para las elecciones cuesta alrededor de 8,000 millones de pesos, que es el presupuesto que se pidió al Congreso para el próximo año, pero, dijo, no hay una partida como tal para la consulta popular.

"Tenemos que hacer los cálculos y análisis técnicos de cuáles son las condiciones onerosas, pero de que se requieren recursos, pues sí (...) Va a ser difícil hacerlo, porque estamos hablando de un país muy grande, son 95 millones de electores y garantizar los derechos políticos de los electores requiere de una inversión", agregó.  

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