*Ministros de la Suprema Corte invalidaron los cambios que llevaron a la expulsión de diputados por apoyar la reforma de Morena.
Ciudad, de México. | 24 noviembre de 2020
Tribuna
Libre.- Ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron con ocho votos
el decreto 576 que promulgó la reforma electoral que impulsó el partido Morena
en Veracruz, y que, según líderes partidistas, generaba condiciones de
inequidad para las elecciones del 6 de junio del 2021.
La decisión de la mayoría de los ministros se
basó en que los legisladores de mayoría violaron el proceso legislativo y no se
consultó a los pueblos originarios, sobre la posibilidad de hacer cambios en la
forma en cómo eligen su autoridad.
Con la determinación, se dio reversa al
decreto que obligaba a la desaparición de 209 consejos municipales, por lo que
se habrán de instalar los 212, así como 30 distritales.
El Organismo Público Local, tendrá que
retomar la ministración de las prerrogativas al 100 por ciento a todos los
partidos políticos nacionales y estatales para el cierre del 2019 y durante el
2020, lo que tendrá un impacto en el presupuesto para dicho órgano.
“Existen violaciones en el proceso
legislativo para invalidar de manera total el proceso (…) del análisis de
distintos elementos se concluye que la falta oportuna del dictamen y la
dispensa de la lectura impidió que se cumpliera con la deliberación parlamentaria”,
argumentó el ministro ponente, José Luis Alcántara.
Las reformas a la constitución se publicaron
en la Gaceta Oficial el 22 de junio de 2020, el Pleno determinó que el
contenido del decreto impugnado incidía directamente en los intereses de los pueblos
y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado.
“Las autoridades locales se encontraban
obligadas a realizar una consulta de forma previa, libre, informada,
culturalmente adecuada y de buena fe en la que participaran dichos grupos”,
detallaba el boletín de la SCJN.
El pleno determinó el restablecimiento de la
vigencia, de las normas anteriores, las cuales no podrán ser reformadas durante
el proceso electoral próximo, salvo que se trate de modificaciones no
fundamentales.
Las acciones de inconstitucionalidad las
presentaron los partidos: Podemos, de la Revolución Democrática, Revolucionario
Institucional, Acción Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano.
La
historia
El 3 de mayo, al inicio del periodo
ordinario, el partido Morena presentó una propuesta de reforma a la
Constitución que planteaba cambios en la forma de organizar y calificar la
elección local de junio del 2021, cuando se habrán de renovar las 212 alcaldías
y las 50 diputaciones locales.
En las adecuaciones se propuso reducir el
financiamiento público a los partidos políticos en un 50 por ciento; blindaba
al gobernador Cuitláhuac García, al establecer que no se podría someter a
consulta popular la permanencia de autoridades electas por el voto
Además, eliminaba 209 consejos municipales,
por lo que las elecciones las debían organizar y calificar 30 consejos
distritales y 3 especiales, que se ubicarían en Veracruz, Xalapa y
Coatzacoalcos. Se modificaba el periodo de elección de los alcaldes a tres
años, y se daba paso a la reelección por otro periodo similar.
La propuesta del partido en el poder obligaba
a cambiar el sistema de impugnación de las elecciones, incluso, planteaba el
voto electrónico. Sin embargo, cuando se presentó el dictamen, se eliminaron
algunos planteamientos originales.
Oposición
critica la reforma
La intención de modificar la carta magna
generó serias críticas de la oposición que se integró en un bloque opositor
(PAN-PRI-PRD) que planteó que el partido mayoritario buscaba debilitarlos.
Si bien se quejaron del recorte a las
prerrogativas, tomaron como principal argumento de impugnación el blindaje a
García Jiménez y que ponía en riesgo la paquetería electoral al obligar su
traslado desde los municipios hasta las cabeceras distritales, lo que restaba
certeza a la elección.
Se publicó una carta abierta, apoyada por las
dirigencias nacionales, en las que se acusó que Morena en Veracruz se
aprovechaba de la pandemia generada por el coronavirus Covid-19 para preparar
una elección de estado.
“Veracruz se ubica en el tercer lugar
nacional en casos confirmados de Covid y aun así en medio de toda esta
emergencia sanitaria y económica el sábado 2 de mayo en sesión ordinaria de la
Legislatura fue presentada por la fracción legislativa de Morena una reforma
electoral conteniendo tema solamente discutidos y analizados hacia el interior
de dicha fracción", denunciaba el desplegado.
Morena
y aliados aprobaron la reforma
El 12 de mayo se sometió a votación del pleno
el dictamen que se aprobó por mayoría y diputados aliados que fueron expulsados
de los partidos en los que militaban o los postularon a la representación
popular, como una reacción a su “traición”.
El dictamen se circuló minutos antes de la
reunión de trabajo, por lo que desde tribuna se pidió aplazar la reunión o dar
tiempo para revisar qué se estaba votando toda vez que no se conoció a fondo el
acuerdo y tenía cambios a la propuesta original.
Morena no escuchó la petición que hizo el
diputado Omar Miranda, y se sometió a votación el paquete de cambios a la
constitución que se aprobó con 34 votos en favor y 14 en contra.
Para lograr la mayoría calificada Morena
recibió el apoyo de Rodrigo García Escalante (PAN), Andrea Yunes Yunes (PVEM),
Antonio García Reyes (PRI), así como Alexis Sánchez García (MC), y Gonzalo
Guízar Valladares.
La perredista Brianda Kristel Hernández
Topete, se abstuvo de votar, fueron en contra Erika Ayala Ríos, Jorge Moreno
Salinas, ambos del PRI, y 13 legisladores de Acción Nacional.
Las dirigencias del PAN, PRI y Movimiento
Ciudadano anunciaron la expulsión de los tres diputados que, sin atender la
recomendación de los líderes en Veracruz, apoyaron a Morena, Se quedaron sin el
aval partidista Rodrigo García, Antonio García, y Alexis Sánchez.
Segob
presiona para lograr el aval de los Cabildos
Para que la reforma cobrara vigencia era
necesario el aval de la mitad de los cabildos más uno -107- y así entraría en
vigor y se tendría que adecuar el código electoral para regular los cambios.
Morena estaba contra el tiempo, pues se tenía hasta el 10 de agosto para
modificarlo.
Para lograr el respaldo, denunciaron líderes
partidistas, desde el Congreso, así como la Secretaría de Gobierno se empezó a
presionar a los alcaldes para obligarlos a firmar las actas de cabildo.
La presión y la intervención del Ejecutivo,
denunció el PRI, incluía a la SSP que en patrullas del estado llevó a los
municipios el acta ya redactada solo para ser firmadas y votadas en Cabildo.
Alcalde
reciben camionetas adaptadas para discapacitados
En el cabildeo de la reforma el diputado Juan
Javier Gómez Cazarín y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros difundieron una
fotografía en la que se ve a los alcaldes de Acula, Felipe Cadena Barradas;
Tlacotalpan, Cristian Romero Pérez; de Carlos A. Carrillo, Francisco Javier
Molina Arrioja; a la Síndica de Rodríguez Clara, Rubí Juárez Osorio; de
Tuxtilla, Froylán Esteban Rendón; y de Ixmatlahuacan, Guadalupe Serrano Anaya,
de visita por el Congreso local, y por el DIF.
En el caso del presidente de la Jucopo,
detallaba que los alcaldes habían acudido a palacio legislativo para hacer
entrega de las actas de cabildo.
Eric Cisneros difundió la entrega de vehículos adaptados a los
mismos alcaldes, se encontraban en la sede del DIF estatal, por lo que se asumió
como un pago a su respaldo.
Algunos documentos, que avalaban los cambios,
no tenían la firma de la mayoría, por lo que se pidió al Congreso la entrega de
las 127 actas con las que se validó la reforma.
“Se ha solicitado al Congreso Local, que se
entreguen las actas certificadas de los cabildos, con el fin de que se acredite
que todo el proceso se ha realizado respetando la ley”, denunciaron en
conferencia de prensa dirigentes del PAN, PRD y PRI el 12 de junio, previo a la
votación.
El 6 de agosto se confirmó que seis partidos
de los 11 con registro nacional y estatal impugnarían la reforma electoral, por
considerarla inconstitucional, PRI, PRD, PAN, Podemos y Todos por Veracruz, y
Movimiento Ciudadano pidieron la intervención de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación que hoy echo atrás la reforma.
(e-veracruz)
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