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viernes, 13 de noviembre de 2020

Enrique Peña Nieto ex presidente de la República Mexicana es señalado por la FGR de traición a la patria, cohecho y delito electoral

                                                                       Ciudad, de México. | 13 noviembre de 2020

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Tribuna Libre.- Para la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en el caso Odebrecht, por lo que lo acusa de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral.

Según la orden de aprehensión que la FGR solicitó contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y que después retiró de un juzgado federal para afinarla,  Peña Nieto contó con su “propio aparato de poder criminal”, a partir del cual implementó una estrategia de cooptación a legisladores para la aprobación de las reformas estructurales en materia energética, mediante la obtención de dinero, principalmente de la constructora brasileña Odebrecht, que sirvió para el pago de sobornos a diputados y senadores.

“Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas”, indicó la Fiscalía.

La FGR basa la probable intervención de Peña Nieto, como autor mediato, en la llamada “teoría del control o dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado", según la cual, el hombre de atrás (Enrique Peña Nieto) dominó la voluntad de los autores directos de los sobornos en el caso Odebrecht, Luis Videgaray y Emilio Lozoya, mediante un aparato de poder organizado, "que en el caso concreto lo era el gobierno federal”.

El pasado 3 de noviembre, EL UNIVERSAL publicó una entrevista que hizo Quinto Elemento Lab a Luis Alberto Meneses Weyll, quien el principal funcionario de Odebrecht que sobornó a Emilio Lozoya Austin. Fue quien confesó a la justicia brasileña haber entregado 10.5 millones de dólares al servidor público entre 2012 y 2014, y quien puso en la mira al exdirector de Pemex con sus acusaciones reveladas en 2017.

Ahora, Meneses Weyll desmiente las versiones que Lozoya Austin está ofreciendo a la justicia mexicana en su intento por obtener un trato preferencial.

Ni hubo dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto ni hubo sobornos para que los legisladores aprobaran la reforma energética, ni hubo pagos para obtener contratos para una planta de etanol en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, aseguró Meneses Weyll a través de su abogado, Carlos Kauffmann.

“El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya Austin (...) está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht (...) Si alguien está intentando colocar en Meneses Weyll o en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir”, dijo el abogado Kauffmann en la primer entrevista que concede a la prensa mexicana.

Noviembre del 2020 pasará a la historia como un mes donde el combate a la corrupción por parte del gobierno de México cobró una gran relevancia. Ni siquiera se ha llegado a su primera quincena y la Fiscalía General de la República (FGR) ya acusó por traición a la patria al ex secretario federal Luis Videgaray y al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo lo más relevante son los casos armados por la dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero, pues en la historia moderna de la república nunca se había acusado a ningún ex servidor público por traición a la patria y, por lo mismo, el proceso penal, así como el marco jurídico y la argumentación de la parte acusatoria captaron la atención de usuarios de redes sociales.

De acuerdo con el Artículo 123 del Capítulo I del Título Primero escrito en el Código Penal Federal, mismo que aborda el tema de Delitos Contra la Seguridad de la Nación y Traición a la Patria, especifica que “se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:

I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero;

II.- Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México”.

Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia el 1 de diciembre del 2012 gracias a unas elecciones en las que el entonces candidato por el Partido de la Revolución Institucional (PRD), Andrés Manuel López Obrador, señaló numerosas inconsistencias y presuntas compras de votos. En materia de administración pública, el sexenio peñanietista se caracterizó por algo a lo que se le denominó “el pacto por México”, donde fueron aprobadas la reforma energética y la reforma educativa, mismas que también fueron reprobadas por el actual jefe del ejecutivo federal.

Años después, con la entrada de la administración del político tabasqueño, la FGR decidió realizar una acusación contra el ex presidente de México por su presunta relación en caso Odebrecht, en donde Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo señaló de cometer delitos electorales para llegar a la presidencia, para que cuando estuviera en el poder, Peña Nieto promoviera la reforma energética y favoreciera a la empresa brasileña.

De acuerdo con el texto de la Fiscalía, el expresidente “contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética”, aprobada en diciembre de 2013. El delito de cohecho se habría cometido cuando, por supuestas órdenes de Peña Nieto, Videgaray distribuyó “a través de interpósitas personas” 121.5 millones de pesos, entre legisladores del Congreso.

Los destinatarios habrían sido un legislador del PRI, David Penchyna, y tres del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Ricardo Anaya. Éste último fue el candidato del blanquiazul para la presidencia del país en 2018.

Por su cuenta, AMLO expresó su confianza en el fiscal autónomo de México y dijo que la justicia llega, “tarde pero llega”.

“Tenemos que actuar con responsabilidad y tener confianza en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Yo aquí aprovecho para decir que le tengo confianza al Fiscal. Quisiera yo, pero entiendo que no es posible a veces, que se avanzara más rápido. Ahora sí que justicia pronta y expedita porque se están tardando, pero le tengo confianza al Fiscal”, dijo durante la conferencia de prensa.

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