* 2 mil 400 millones irregulares en el primer año * Ocultan información que conduce al contratista estrella de AMLO * Elías Diez, un ilustre desconocido para la alcaldía * Okamura, otro juez denunciado * Rotter detona al Frente Cívico * Y el Frente detona a Rotter * Otros aspirantes van por la libre * Frente alterno, con op
Mussio Cárdenas Arellano | 07 noviembre de
2020www.tribunalibrenoticias.com
Tribuna Libre.- De frente, de lejos,
de cerca, por donde se le quiera ver, Cuitláhuac es un fraude, una nulidad; es
la uña que se hunde en el presupuesto y el “bendito” de Andrés Manuel que le ha
jodido, hasta ahora, 2 mil 400 millones al erario federal.
Lo destripa la Auditoría Superior de la
Federación con el lenguaje frío de las cifras, con su formato letal, con el
recuento de los rubros observados, el dinero aplicado —mal aplicado—, la falta
de sustentación, y el indicio de que ahí, el gobierno de Veracruz apesta a corrupción.
2019 fue, tácitamente, el primer año de
gestión de Cuitláhuac García. Y es el retrato del caos: recursos sin soporte,
aviadores en el sector salud, empresas fantasma, obras carentes de
documentación, desapego a la normatividad, subejercicio y una cauda de
irregularidades más.
Y todo un entramado para ocultar datos. Y
entre los datos, la compra de medicamentos al contratista ungido por López
Obrador.
El informe escandaliza a Veracruz. Los puros
y los limpios —o los que se decían puros y limpios—, la casta impoluta de la
Cuarta Transformación y su pseudolíder, el gobernador, tienen rasgos de
duartismo y pudrición.
Una cifra, 2 mil 413 millones de pesos,
retrata la indecencia política del gobernador emanado de Morena y su corte de
bufones, rasputines, celestinas y matones. Para un año de gestión es un atraco
descomunal.
Cuitláhuac García desvió recursos. Cuitláhuac
ocultó recursos. Cuitláhuac no aplicó recursos. Cuitláhuac violentó la
normatividad. Cuitláhuac infringió la ley. Cuitláhuac esconde información para
no revelar las compras al proveedor favorito de Andrés Manuel.
2019 pasa por la resonancia magnética de la
ASF. De pies a cabeza, le detecta tumores financieros y cánceres en expansión,
hemorragia moral y pústulas internas que corroen al gobierno de Veracruz.
De los 2 mil 413 millones, el 72.4 por ciento
son irregularidades en el sector salud: mil 40 aviadores, recursos no aplicados
en la compra de medicamentos, dinero que la Secretaría de Finanzas no trasladó
a la Secretaría de Salud para adquirir medicinas, subejercicio presupuestal.
A detalle, el pecado es peor. Sólo en el
sector salud de Veracruz la observación es por mil 963 millones de pesos que
deben reintegrarse a la Federación. A eso deben sumarse los rendimientos
financieros obtenidos en los bancos.
La Tesorería de la Federación solicitó la
devolución de esos mil 963 millones de pesos pero al 31 de marzo pasado el
gobierno de Cuitláhuac García no lo había realizado. Como en los tiempos de
Javier Duarte.
De los aviadores, ni rastro. De su labor, sus
resultados, sus rostros, su estampa, nada. Ni siquiera la documentación que
justificara su existencia. Teóricamente estaban asignados al Seguro Popular y
el daño patrimonial se estima en 295 millones 782 mil 600 pesos.
Paradojas en la 4T. Seguro Popular, el
programa desechado por Andrés Manuel López Obrador por anidar graves niveles de
corrupción en los gobiernos anteriores, es en Veracruz el nuevo emblema de la
pudrición.
Y sigue la peste. Y las cifras. Y el sector
salud, el ámbito de los medicamentos, en el ojo del huracán.
No hay evidencia contable, ni de bancos, de
cuentas por cobrar, de inventarios, de almacén, de bienes muebles e inmuebles,
de pago a proveedores y acreedores, de rendimientos financieros. O lo hay pero
lo ocultaron. La ASF, refiere la recomendación, “se encontró limitada para
verificar los porcentajes presupuestales de la adquisición de medicamentos,
material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios
a los afiliados al Seguro Popular”.
Nada es casual en el ejercicio del poder. Si
esconden datos, por algo es. La ASF emite la recomendación administrativa
sancionatoria que obligaría a la Contraloría de Veracruz —se vale reír— a
identificar y castigar a los “servidores públicos que omitieron proporcionar la
documentación e información solicitada, lo que limitó verificar si en la
adquisición de medicamentos, bajo un esquema de tercerización, el proveedor
cumplió con las condiciones establecidas en el contrato correspondiente”.
La alusión es al contratista estrella del
presidente López Obrador en el ámbito de suministro de medicamentos, Carlos
Lomelí Bolaños, ex superdelegado del gobierno federal en Jalisco, despeñado al
revelarse que aún con su cargo público le seguían cayendo las asignaciones. Y
que vendía con sobreprecio.
Lomelí se llevaba las ocho columnas en la
prensa nacional y acá, muy fresco, Cuitláhuac fomentaba la corrupción. Su
gobierno le compró 30 millones de pesos en medicamentos y el escándalo estalló.
Y hoy, ante los sabuesos de la ASF, los empleados de la Secretaría de Salud se
vuelven de humo, ocultan documentación, borran huellas, alzan la alfombra y
guardan la documentación.
También hay tufo a corrupción en la
Secretaría de Educación. Hay pago pendiente a contratistas de Escuelas al Cien
y subejercicio en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA), del que se aplicó 422 millones 187 mil pesos, y se reintegró
al gobierno federal 3 millones 17 mil pesos más los rendimientos bancarios.
Bendito rufián, Cuitláhuac García es un
depredador de los dineros que el gobierno central le arrima a Veracruz, con una
observación descomunal en el informe de la Auditoría Superior de la Federación.
La culpa, arguye, es del coronavirus.
Confinados los empleados, dice Cuitláhuac, no pudieron solventar las
observaciones, justificar las inconsistencias, allegar la documentación que
explique por qué, entre otros, se le asignó el contrato de 30 millones de pesos
al “aportador” de la campaña de Andrés Manuel, Carlos Lomelí.
Etéreos, como ánimas, los empleados del
sector salud de Veracruz pasaron por ausentes antes que aportar evidencia sobre
el contrato del ex superdelegado del gobierno federal en Jalisco. Su silencio
vale para mantener a raya a la Auditoría Superior de la Federación.
Cuitláhuac arranca como todo un truhán. Un
año y su récord va en 2 mil 413 millones de pesos. Ni Javier Duarte tuvo un
inicio así.
A Miguel Ángel Yunes Linares le observó la
ASF 923 millones de pesos; en 2018 le determinó mil 790 millones que aún están
en período de solventación.
Duarte es la marca de la corrupción. Su
sexenio selló a Veracruz. Su ambición lo movió hacia un desfalco brutal: 60 mil
millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación.
Uno y otro —Duarte y Cuitláhuac— desviando
recursos, ocultando recursos, distrayendo recursos. Ambos con empresas
fantasma. Ambos usando al Seguro Popular. Ambos requeridos por la ASF para
reintegrar recursos no ejercidos o mal ejercidos, y negándose a devolverle al
gobierno lo birlado.
Veracruz es el retrato de la Transformación
podrida. Su gobernante, un fraude inaudito, un ignorante de la mecánica
política, de vergonzosa estampa, el que empuña el machete, no para meter orden
sino para cortar césped, o maquillado de muerto, o bailando al son que le
quieran tocar.
Pero de gobernar, nada. O sí, usando el poder
para encubrir al proveedor ungido de López Obrador.
Y la uña filosa en el presupuesto estatal.
Archivo muerto
Elías Diez es, quiérase o no, un ilustre
desconocido. Vende carros, los repara, compra usados, los remoza y los vuelve a
vender. Pero es un ilustre don nadie en el medio social. Y en el político,
peor. Diez de Coatzacoalcos es su negocio, una concesionaria de vehículos donde
se cruzan los Dodge con los Jeep, el auto austero con el insultantemente
lujoso. Y ahora don Elías —o Don Nadie— se hizo de la representación de los
Ford, que por tres cuartos de siglo fue el orgullo de la familia Osorio hasta
que el desastre los alcanzó. Su fin es, pues, el lucro. Su fin no ha sido,
nunca, el servicio social. Nada hay entre Elías Diez y el pueblo. Nada. Y en
otra de sus ocurrencias descomunales, Rocío Nahle, la contrahecha del gabinete
obradorista, lo convierte en candidateable. Le sirven a la secretaria de
Energía un puñado de empresarios a los que compra con contratos mal habidos en
Pemex —Copesa de Emmanuel Peña Sánchez, por ejemplo— para inflar a Elías Diez
como candidato de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos. Elías Diez contra el
candidato de Palacio Nacional: Amado Cruz Malpica, al que Rocío Nahle le cuadra
toda su banda, a regañadientes lo acuerpa y rinde la plaza. De ser la mandamás
de Morena en Coatzacoalcos, ahora sólo tiene mano para postular al candidato a diputado
federal, Víctor Carranza Rosaldo, que lleva en el lomo trapacerías, abuso de
autoridad, misoginia, nepotismo, delincuentes en su círculo más allegado.
Tampoco el candidato a diputado local saldrá de su clan. Nada que ver Elías con
su hermano Juan Manuel Diez, dos veces alcalde de Orizaba, un auténtico
transformador… Juez venal, Francisco Javier Okamura carga con una denuncia por
corrupción, abuso de autoridad, fraude procesal y administración fraudulenta.
Pájaro de cuenta, al juez segundo de lo civil lo acusa Emmanuel Alejandro
Hernández Muñoz, alias El Pastor, abogado de Antonio Romero Gleason, el nuevo
Tony Macías de Coatzacoalcos, de retener el expediente del juicio 1813/2015, un
mamotreto legaloide con el que el empresario arrendador de plantas de luz se
hizo, a la mala, por supuesto, de una fracción de lo que fue Casas Geo, en el
poniente de Coatzacoalcos, que hoy ya suman 5.4 hectáreas. A los diversos
llamados que el abogado le formulara para tener acceso al expediente, la
respuesta era la misma: “el juez está estudiando la sentencia”. Era caso
juzgado, había causado estado y Okamura mantenía bajo la enagua el documento.
Le habían solicitado girara un oficio a la Oficina de Catastro del Ayuntamiento
de Coatzacoalcos para que les fuera expedido el certificado de valor catastral.
En la denuncia de Romero Gleason, vía Emmanuel Alejandro Hernández, el que le
opera una y mil trastadas —que le pregunten al notario Francisco Montes de Oca
Zárate— aparece denunciada también Christian Irene Durantes Olivares, analista
jurídica de Invivienda en Coatzacoalcos, a quien Okamura Salomón le daba acceso
libre y total a información clave, haciendo las veces de funcionaria y abogada,
y sin tener interés jurídico ni representación legal alguna. Seguir la pista de
Javier Okamura conduce al ex presidente del Poder Judicial de Veracruz, Edel
Álvarez Peña, quien sigue mandando y a quien el gobierno de Cuitláhuac García
le respeta sus posiciones merced a un evidente pacto de impunidad. Un caso de
muchos millones… Se fue octubre y la alianza opositora en Coatzacoalcos siguió
en la ruta de la charla y el café. Discurso, anécdota, sueños de victoria, y
ahí van. Si acaso haber logrado reunir a los aspirantes a la alcaldía y
diputaciones, a Carlos Vasconcelos, Jesús Moreno, Raúl Ojeda, Alfredo Phinder,
Armando Rotter, que terminó deslindándose, tropezándose, pregonando primero que
sólo con una alianza se evitaría pulverizar el voto y luego aduciendo que se
abrió por no comulgar con el Bloque Opositor Anti AMLO (BOA); Rotter tiene
proyecto en Morena y en breve volverá a dar de qué hablar. Al desayuno del
Frente Cívico Ciudadano no acudió el marcelista Víctor Rodríguez, ligadísimo a
Morena, a Rocío Nahle, al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y a la
senadora quintanarooense, Marybel Villegas, ex priista, ex panista, con
imputaciones de corrupción, tráfico de influencias, un marido robado, Jorge
Parra, el notario más cuestionado de la península, cuya primera esposa murió
acribillada, cuñada de Felicia Parra, la número uno de Víctor Rodríguez. Semana
tras semana fue lo mismo: los mismos nombres, las mismas caras y los aspirantes
no convocados. Vasconcelos, la carta del PRI; Phinder y Moreno por el PAN; el
PRD, franquicia de los Wong, sin candidato; Víctor Rodríguez, abanderado de
Sedesol por aquello de sus cuatro denuncias penales. Sólo Raúl Ojeda Banda es
candidato independiente. A Rafael García Bringas, ex alcalde, ex diputado
federal y local, nadie lo llamó pero en diciembre comenzará a sonar; ni a
Alberto Mijangos, ex secretario de Gobierno, de la cuadra de Iván Hillman y
Mónica Robles; ni a los panistas Rosy Guzmán, Aldo De Jacobis, David Sandoval
Tassinari, Amado Nivón, José Uribe, Moisés Zarco. Movimiento Ciudadano, que no
hará alianza, según su dueño, Dante Delgado Rannauro, está infestado de
marcelismo y su candidato será Cristopher Alan Santos, ex director de Catastro
en el ayuntamiento joaquinista, y el Partido Verde, que por acuerdo de su
Consejo Político Nacional irá solo en la contienda por las alcaldías, ni a
candidato llega y su dirigencia es de saliva. Tal como se diseñó, el juego lo
llevan PRI y PAN. El botín le dará a uno la candidatura a la presidencia
municipal y al otro las diputaciones. Si acaso Ojeda Banda podrá entrar al
regateo por una diputación. En el Frente Cívico no están todos los que están ni
están todos los que son. Hay otro Frente, que semana con semana viene
dialogando. Lo integran operadores electorales y ex dirigentes del PRD. En el
Frente Cívico están los membretes; en el Frente alterno están los buscadores de
votos. O sea, dos alianzas. O sea, el voto de la oposición partido en dos.
Hasta ahora en dos…
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