Magistrada pide protección de las Fuerzas Armadas y ser repuesta en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y de la Judicatura
Veracruz, Ver.| 03 noviembre de 2020
Tribuna
Libre.- Reclamando
la protección de las Fuerzas Armadas y ser repuesta en el cargo de presidenta
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, la magistrada
Sofía Martínez Huerta presentó una queja ente el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa de la Justicia Federal.
La togada procedió en contra del juez Décimo
Octavo de Distrito, instancia que el pasado 27 de octubre le negó la concesión
de una medida cautelar con efectos restitutorios, es decir, que se mantuvieran
las cosas en el estado que guardaban hasta antes de su revocación mientras se
resuelva la legalidad de dicho acto.
El Primer Tribunal Colegiado acaba de admitir
el recurso de Martínez Huerta y turnó la ponencia al magistrado, Eliel Enedino
Fitta García, a efecto de formular el proyecto de resolución correspondiente.
Dicha autoridad puede determinar si procede o no la medida cautelar reclamada.
Martínez Huerta considera que debe poder
continuar desempeñándose en el cargo, debido a que su revocación habría sido un
acto inconstitucional y violatorio de sus Derechos Humanos porque no acudió ni
fue citada a la sesión del pleno del Tribunal Superior de Justicia en la que se
determinó relevarla como presidenta.
En cuanto a la protección de las Fuerzas
Armadas, advirtió que se considera a merced de actos “que impliquen daño
físico”. Hay que recordar que tras su cese señaló ante medios de comunicación
que el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, le pidió su renuncia
al cargo y le advirtió “de forma velada” que si no dimitía tanto ella como su
familia podrían correr riesgos.
Tras su negativa, según el relato de la
magistrada, fue destituida por el pleno del Tribunal Superior de Justicia en
una sesión que calificó de inconstitucional, por ello tramitó su amparo ante el
juzgado Décimo Octavo de Distrito, quien admitió el juicio y analiza si la
revocación, ocurrida el 23 de octubre, fue contraria a la Ley y violatoria de
los Derechos Humanos, aunque no concedió la suspensión para que recuperara la
presidencia.
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