Ciudad de México. | 18 enero de 2021
Tribuna
Libre.- Activistas
y decenas de Organismos no gubernamentales como México Unido Contra la
Delincuencia, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM),
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, entre otros; señalaron que
la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) frente a las acusaciones
documentadas en Estados Unidos respecto al caso del exsecretario de la Defensa
Nacional, el General Salvador Cienfuegos, deja en claro que en México los
militares son intocables.
Por lo anterior solicitaron al presidente
Andrés Manuel López Obrador que remueva a Alejandro Gertz Manero como titular
de la Fiscalía General de la República (FGR).
También pidieron al Senado a que convoque al
fiscal para que rinda cuentas sobre su actuación en este y otros casos, así
como sobre su incumplimiento reiterado a la Ley Orgánica de la Fiscalía General
de la República.
“Se lleve a cabo una convocatoria abierta
para elegir una nueva persona titular de la Fiscalía conforme lo establece la
Constitución, la ley orgánica y los estándares internacionales. Un nombramiento
a modo, que siga perpetuando la impunidad, sería responsabilidad conjunta del
Presidente y del Senado”.
Detallaron que con estas acciones se pone de
manifiesto, además, que el Fiscal no está defendiendo su autonomía, faltando a
su mandato constitucional, en tanto que, ha sido el Presidente de la República
quien ha sentado las pautas de actuación que rigen a la Fiscalía.
Destacaron que una muestra de ello es que la
negociación con las autoridades estadounidenses para que el General Cienfuegos
fuera trasladado a territorio mexicano fue conducida por el Canciller mexicano,
quien tuvo un papel primordial.
Abundaron que las comunicaciones no se dieron
entre fiscales, como debiera ser ante cualquier acuerdo de colaboración en
materia penal.
Los organismos resaltaron que también fue el
propio Canciller, quien en conferencia matutina con el Presidente, explicó el
proceder del Gobierno mexicano, tanto en lo relativo al traslado de Cienfuegos,
como en lo referente al no ejercicio de la acción penal y, atendiendo a las
instrucciones del Presidente, hizo público el expediente entregado por las
autoridades de Estados Unidos y no la propia Fiscalía, que es la auténtica
garante de esa información.
