*Emilio
Lozoya fue extraditado el año pasado de España a México, donde afronta dos
procesos judiciales en libertad.
Ciudad de México | 19 julio 2021
Tribuna
Libre.- La
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de México informó este domingo que presentó formalmente una sexta
denuncia por corrupción en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos
Mexicanos (Pemex), implicado en el caso de Odebrecht.
En un comunicado, el organismo precisó que la
denuncia implica a 11 personas físicas más, además de 33 morales por los
delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue
director de la estatal.
Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y
2016, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue extraditado el
año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en
libertad.
Uno por haber recibido presuntamente 10,5
millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio
de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y
Veracruz.
El otro juicio es por comprar presuntamente
la planta inservible de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos
Hornos de México, Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró
una lujosa casa en la capital.
De acuerdo con la UIF, se identificó un
esquema de lavado de dinero en Pemex entre los años 2012 y 2016 por medio de
contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias
cantidades de dinero, que se integraron en tres niveles de operación para
favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas
políticas.
La Unidad detalló que en el primer grupo de
operaciones, las empresas fueron receptoras de los recursos públicos erogados
por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada y todas ellas
guardan relación con Odebrecht.
Destacó especialmente una empresa, de la cual
no especificó el nombre, a la cual entre 2014 y 2016 se le realizaron
transferencias por más de 3.000 millones pesos (unos 150 millones de dólares)
"supuestamente por la prestación del servicio de “construcción” a favor
del gobierno federal".
La UIF puntualizó que dichos servicios no fueron realizados, "por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones".
