*La medida aplicaría para cualquier servidor público que, de forma indebida, revele o difunda imágenes, videos o grabaciones, así como información de una carpeta de investigación.
*Las sanciones incrementarían una tercera parte si se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes.
Xalapa, Ver | 28 julio 2021
Tribuna
Libre.- La
diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso del Estado una
iniciativa de decreto que adicionaría un párrafo al Código Penal estatal cuyo
objetivo es sancionar las conductas que realicen cualquier persona servidora
pública que, de manera indebida, revele o difundan imágenes, videos o
grabaciones, así como archivos o información de una carpeta de investigación.
De acuerdo a la propuesta, se adicionaría el
artículo 348 sexies para establecer que la persona servidora pública que, de
forma indebida, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga,
remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca,
comercialice, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información,
documentos de lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias,
objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con
uno o varios hechos, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de
hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Estas sanciones incrementarían en una tercera
parte, si la información que se difunda tiene el fin de menoscabar la dignidad
de las víctimas o de sus familiares, se tratare de cadáveres de mujeres, niñas
o adolescentes, o sea de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del
estado de salud de la víctima.
La legisladora, presidenta de la Comisión
Permanente para la Igualdad de Género en el Congreso local, recordó que el 9 de
febrero de 2020 una mujer, de nombre Ingrid Escamilla, fue asesinada dentro de
su casa en la colonia Vallejo, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad
de México. Érick Francisco, su pareja, fue detenido por ser el presunto
feminicida. “Policías llegaron al domicilio donde se había reportado el crimen
y hallaron en el piso el cuerpo desollado de la joven”.
Destacó que al realizarse el reporte de los
hechos las imágenes de la víctima de feminicidio fueron filtradas y difundidas
en redes sociales y por algunos medios de comunicación. “Esto causó un gran
enojo para muchas mujeres, quienes exigieron garantizar que estas acciones no
ocurran más”, abundó.
Asimismo, puntualizó que la filtración de
información por parte de personas servidoras públicas y la consecuente lesión a
los derechos de las víctimas es un hecho ampliamente documentado y señalado por
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Informe sobre las
violencias de género en la procuración de justicia, sobre la falta de
investigación y filtración en los casos de posible feminicidio.
Subrayó que actualmente solo entidades como
Colima, Oaxaca, la Ciudad de México y el Estado de México han tipificado esa
conducta delictiva en su legislación local; en tanto que en los estados de
Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, se encuentran en estudio las iniciativas
para sancionar dichas conductas delictivas en sus respectivos Congresos.
La legisladora Ivonne Trujillo dijo que al
sancionar y evitar las filtraciones se busca preservar la dignidad de las
víctimas y sus familiares; disminuir el daño que sufren las víctimas, al evitar
que sean re victimizadas; erradicar la normalización de la violencia ejercida
contra todas las personas, pero principalmente contra mujeres, niñas o
adolescentes, y sancionar a los servidores públicos que incurran en estas
prácticas.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue
turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
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