Tribuna
Libre.- A
Buenrostro, matemática y maestra de Economía, le gusta revisar datos y lleva
encima dosieres llenos de gráficas. Su equipo calcula que la evasión de
impuestos de los últimos cuatro años por parte de empresas y sectores
informales oscila entre 1 billón y 1.5 billones de pesos (entre 50,000 y 75,000
millones de dólares).
"Es más de la tercera parte del
presupuesto. Prácticamente el Gobierno podría gastar el doble de lo que
gasta", subraya la funcionaria.
La titánica labor que le encargó el
presidente Andrés Manuel López Obrador al nombrarla a finales de 2019 fue
encontrar el dinero para financiar los programas sociales en un país que
recauda solo el 12% de su producto interno bruto (PIB), por debajo de la media
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Una necesidad que apremió todavía más con el
inicio de la pandemia de COVID-19 y que la llevó a escudriñar las deudas con el
SAT de los grandes contribuyentes del país.
Cree que ahí hay dinero suficiente, por lo
que descarta por completo una subida de impuestos en los presupuestos de
septiembre: "No, nada. No es necesario. Además, creemos que es lo más
justo después de una crisis sanitaria", explica.
Sostiene que "muchos de los que más
tienen no pagan nada" y que por primera vez el Gobierno está
"cobrando a los que no estaban acostumbrados a pagar".
En anteriores Administraciones había, por
ejemplo, "instrucciones de no hacer auditorías al sistema financiero, al
sector farmacéutico y al sector automotriz", revela Buenrostro.
En la misma sala de reuniones de la
entrevista, presidida por un retrato de López Obrador, Raquel Buenrostro ha
recibido durante el último año a representantes de grandes empresas como
Walmart, IBM y Femsa para que pagaran sus impuestos atrasados.
"Algunos lo entendieron bien. Otros a
regañadientes y al final pagaron", cuenta satisfecha la funcionaria.
El año pasado logró que 892 grandes
contribuyentes devolvieran a las arcas del Estado 216,000 millones de pesos
(unos 11,000 millones de dólares), más de lo que cuestan las pensiones para
adultos mayores.
Solo dos casos fueron hasta la Procuraduría,
en el resto se llegó a acuerdos uno por uno sin necesidad de abogados.
Pero calcula que son 12,000 los grandes
contribuyentes que deben ser revisados.
"Es mucho trabajo, pero ¿qué prefieren?
¿Que los trabajadores públicos trabajen o pagar más impuestos?", comenta
risueña.
También tiene la lupa puesta en el
"desorden completo" de las fundaciones. "La gente donaba a una
fundación para niños con cáncer y se lo gastaban en chocolatitos y vinitos en
Cancún", ejemplifica.
A todo esto, Buenrostro niega tajante que el
SAT se use como una herramienta de persecución política. "El presidente
nunca nos ha encargado una auditoría. Nunca, nunca, nunca", enfatiza.
Al fisco le han llovido críticas por la
escasez de citas para hacer trámites en sus oficinas.
Aunque se está resolviendo este asunto,
Buenrostro admite un "rezago importante" por los cierres durante la
pandemia de COVID-19 y por la aparición de un mercado negro de citas, caso por
el que fueron cesados y denunciados seis funcionarios.
La corrupción dentro del SAT empujó también
al presidente López Obrador a entregar el mes pasado a las Fuerzas Armadas el
control de las aduanas, que resultaban ser un coladero.
Por ejemplo, Buenrostro ordenó el año pasado
a un abogado del SAT denunciar ante la Fiscalía que funcionarios corruptos de
aduanas permitían descargar en los puertos a contrabandistas de combustibles,
pero con el tiempo descubrió que incluso el mismo letrado estaba coludido y
dejaba "caer los casos" ante la justicia.
Primero la Marina tomó el control de las
puertos, pero luego el contrabando aumentó en las fronteras terrestres con
presencia de paramilitares a los que ningún civil se quería enfrentar.
Ahora el Ejército controla las aduanas
terrestres, algo que ha descargado de preocupaciones a Buenrostro.
"A nosotros que nos den la calculadora y la oficina. A ellos las pistolitas, los chalecos y los tanques", concluye la "dama de hierro" de la recaudación.
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