Ciudad de México | 25 agosto 2021
Tribuna
Libre.- La Fiscalía General
de la República (FGR) tiene perfilada una imputación por los delitos de
asociación delictuosa y cohecho, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto
y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por los sobornos que
presuntamente entregó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la
reforma energética, de acuerdo con el diario Reforma.
La imputación llega luego de que en abril pasado, la FGR consiguiera la vinculación a proceso del exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, un fallo que fue ratificado en junio por el magistrado José Alfonso Montalvo.
“(Peña y Videgaray) forman parte de una
asociación de hecho, cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, entre
abril de 2013 a agosto del 2014, con el propósito de realizar diversas
conductas delictivas”, enuncia la imputación de la FGR contra Lavalle
reproducida por el diario.
El lunes pasado Reforma reveló que la FGR
investiga a Ricardo Anaya, por presuntamente recibir sobornos de Emilio Lozoya
y fue citado a una audiencia de imputación el próximo jueves a las 10:00 horas.
Los ex senadores y actuales gobernadores de
Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza
de Vaca, también están implicados en el caso.
Una pieza clave en las acusaciones es Rafael
Caraveo, ex secretario particular de Lavalle, quien se convirtió en testigo
protegido de la FGR y ha atestiguado sobre los sobornos supuestamente operados
por el ex director de Pemex.
En noviembre pasado, se informó que cuando la
FGR intentó infructuosamente obtener la orden de aprehensión contra Videgaray,
planteó en su solicitud que Enrique Peña Nieto eventualmente podría ser
responsable de cohecho y traición a la patria.
El 12 de abril, en la audiencia de imputación
de Lavalle, los fiscales federales delinearon ya una lista de otros siete ex
funcionarios que habrían sido parte de una asociación delictuosa y dos por
cohecho.
Con base en el Registro Público de Comercio
de Campeche -de donde ambos son originarios-, Lavalle y Caraveo constituyeron
el Consorcio Comercial Cazela, S.A. de C.V., el 13 de noviembre de aquel año.
Caraveo es uno de los personajes señalados
por aparecer en un video difundido en Youtube contando y recibiendo fajos de
billetes.
El ex senador Jorge Luis Lavalle -quien
pertenecía a Acción Nacional pero fue expulsado en 2018- fue señalado por el ex
titular de Pemex Emilio Lozoya de haber recibido sobornos a cambio de impulsar
la aprobación de la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
Diez años después, como senador de la
República, Lavalle llevó a la Cámara alta a Caraveo y lo colocó como secretario
técnico de la Comisión de Administración que él presidía.
De acuerdo con el documento que da cuenta del
registro de ese consorcio, Caraveo figuraba como miembro del Consejo de
Vigilancia.
El pasado 4 de mayo, el Juzgado Segundo de
Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, le negó a Jorge Luis
Lavalle la suspensión provisional contra la prisión preventiva justificada que
le había impuesto un juez de control con sede en el Reclusorio Norte.
Por ello, el exfuncionario permanece privado
de la libertad mientras dura su proceso. Los cargos contra el ex legislador se
relacionan con actos de corrupción, presuntamente cometidos, a cambio de la
aprobación de las llamadas reformas estructurales en el gobierno de Enrique
Peña Nieto, por supuestamente haber recibido sobornos con recursos provenientes
de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la constructora brasileña Odebrecht.
En su demanda de amparo, el panista argumentó
que la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta afecta o daña
irreparablemente a sus cuatro hijos, pero no sólo eso, argumentó que solicitó
la suspensión definitiva porque, a su juicio, se trata de un caso excepcional,
por presentar un “trastorno mental” que le impide permanecer privado de su
libertad.
En ese sentido, el impartidor de justicia
respondió que es improcedente concederle la medida cautelar, ya que “no se
observa alguna circunstancia de la cual pudiese advertirse una situación
afectatoria a la integridad física o emocional de sus hijos”.
A finales de julio de este año trascendió que
la FGR aún no llamaría a comparecer a Peña Nieto para que declare sobre los
presuntos sobornos de su gobierno a legisladores para la aprobación de la
reforma energética.
Así lo da a conocer el diario Milenio, que
señala que la decisión de la FGR se dio en respuesta a la defensa del exsenador
panista Jorge Luis Lavalle Maury, que solicitó la declaración del expresidente
mexicano. Lavalle es el único detenido relacionado con la denuncia de hechos
presentada por Emilio Lozoya en junio del año pasado.
La defensa de Lavalle también solicitó el
testimonio de una docena de actores políticos que aparecen en la declaración de
Lozoya Austin. Es el caso del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y los
excandidatos presidenciales en 2018, José Antonio Meade (PRI) y Ricardo Anaya
Cortés (PAN).
“Para el debido desahogo de las entrevistas
solicitadas es necesario que se les informe a todas las personas requeridas por
esta defensa que existen señalamientos expresos en su contra por parte del
denunciante”, señaló la defensa de Lavalle el pasado 23 de febrero.
Sin embargo, el Ministerio Público de la
Federación (MPF) argumentó que aún no “es el momento procesal oportuno” para
que estas personas rindan su declaración.
aristeguinoticias
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