José Miguel Cobián | 27 septiembre 2021
Tribuna
Libre.- Desde
el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cada año se cumple el ritual
de asegurar que pronto habrá respuestas sobre el destino de todos y cada uno de
ellos. Primero el ritual corría a cargo del gobierno de Peña Nieto, hoy corre a
cargo del gobierno de López Obrador.
Se habla de que hubo muchos errores en la
investigación, que inventaron testimonios mediante tortura a presuntos
testigos, que se sembraron pruebas y hasta huesos en el basurero y en el rio
que pasa junto, en fin, mil y un conjeturas que hacen pensar que a nadie
interesa que se sepa la verdad de lo que sucedió aquélla noche.
Yo coincido en que ni al gobierno de Peña ni
al de López le conviene que se sepa que sucedió. Porque tendrían que explicar la razón por la
cual los estudiantes de la escuela normal rural Raúl isidro Burgos, se robaron
un autobús que llevaba una importante carga de droga propiedad de un cártel
local. Sería equivalente a señalar que la normal trabaja para algún cártel
criminal.
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez son dos de los
más conocidos egresados de dicha normal, cuyas paredes están adornadas con la
imagen del Che Guevara, y dónde los jóvenes son adoctrinados por radicales
comunistas, simpatizantes tanto de los Castro, como de las tácticas de Mao. Allí se le enseña a los jóvenes que tienen
todo el derecho de convertirse en vándalos, de secuestrar autobuses, de
incendiar gasolineras aunque mueran empleados, y que violar la ley es algo
divertido a lo que tienen derecho.
Yo tengo otros datos (salidos de mi
imaginación como lo son todos los otros datos). Peña no informaría que jamás se le dio la
orden al ejército de actuar en defensa de los muchachos, como no lo haría
López, porque no quieren problemas con el ejército. Cualquiera que haya estado en una situación
de peligro en carretera, sabe que acercarse a pedir ayuda a un convoy del
ejército no sirve de nada, pues no mueven un dedo si no reciben la orden para
ello. Pueden estar en medio de una
balacera, y mientras el superior no indique que defiendan a la población civil
inerme e inocente, ellos estarán como observadores pasivos. Ya lo vimos en Tlahuelilpan, sin orden, solo
observaron cómo la población robaba gasolina, hasta que explotaron el 18 de
enero de 2019.
Tampoco al gobierno actual le conviene
recordar que el matrimonio Abarca había sido recomendado por el actual
presidente para asumir la candidatura por el partido que los llevó al
triunfo. Mucho menos reconocer que las
policías municipales de varios ayuntamientos aledaños apoyaron a los criminales
a detener a quienes pensaban era un grupo armado que venía a robarles su
heroína.
Decirles a los padres que sus hijos vinieron
a robar droga es muy complicado después de haberlos convertido en héroes. Decirle a México que el ejército no va a intervenir
en un momento de peligro para los ciudadanos es quitarle a la población la fe
que tiene en el ejército y la marina.
Informar que las policías estaban al servicio de Guerreros Unidos,
implicaría tener que reconocer en que otros municipios, estados e incluso que
fuerzas federales están al servicio de los cárteles acorde con el territorio
que éstos ocupan
Se sabe que hay otros restos, además de los que se enviaron a Insbruck para
identificar el ADN. ¿Cómo explicaría el
gobierno actual que no ha enviado esos restos para su identificación?
¿Cómo explicar que más de un culpable fue
dejado libre a instancias del gobierno actual cuando todavía era oposición, o
cómo explicar que los propios padres defendieron a más de uno de los asesinos
de sus hijos, siguiendo los consejos del célebre abogado Vidulfo Rosales?
Incluso creo que sería muy difícil explicarle al pueblo de México que ni a sus
familias les importa hoy el destino de esos 43, pues han lucrado y seguirán
lucrando todo lo que puedan con lo que innegablemente es una tragedia, pero
también es innegable que resulta muy extraño que los padres no supieran a que
actividades se dedicaban sus hijos.
En caso de que los jóvenes no supieran que
robaban un autobús con droga, resulta aún más extraño que ninguna autoridad le
ha preguntado al joven que los guiaba, la razón de escoger exactamente ese
autobús. O mejor aún, si Iguala no
queda dentro de la ruta de la rural a la ciudad de México, ¿Cuál es la
justificación de realizar una desviación tan amplia para secuestrar un camión,
cuando en la ruta corta, se podía secuestrar en cualquier ciudad que estuviera
ubicada en esa ruta?
Cómo México es el país dónde nadie dice la
verdad, a menos que le convenga. Nadie
va a decir ni explicar que los jóvenes estaban cometiendo delitos que año con
año cometía sin ninguna sanción del estado.
Que el ejército supo y no movió un dedo, que el alcalde todo indica que
era parte de la banda, que las policías estaban al servicio de una banda de
delincuentes, y quizá cosas aún peores.
Nadie dirá que la droga circula por carreteras en el área de carga de
autobuses y que no se sanciona jamás a las líneas camioneras.
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@jmcmex
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