Graves violaciones a derechos humanos en procedimiento de creación de la NOM 237; su autor fue juez y parte
* La aplicación de la Norma provocaría el cierre inmediato de al menos 18 mil escuelas particulares, la pérdida de más de 90 mil empleos y la afectación a los estudios de 540 mil estudiantes.
Ciudad de México | 28 septiembre 2021
Tribuna Libre.- El proyecto de la NOM 237 aprobado el pasado viernes en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), violenta al menos 6 de los artículos de la Constitución Política mexicana en el apartado de los Derechos Humanos y sus Garantías, en un proceso viciado de origen donde el órgano que expide la norma es a la vez su generador, impulsor, constructor y quién lo aprueba y sanciona, por lo que las instituciones particulares de educación insisten en que debe cancelarse.Y en el caso de que la Comisión de Mejora
Regulatoria (CONAMER) apruebe su publicación en los siguientes días, los
perjuicios inmediatos de la aplicación de la Norma serían el cierre inmediato
de al menos 18 mil escuelas particulares, la pérdida de más de 90 mil empleos y
la afectación a los estudios de 540 mil estudiantes en escuelas con un promedio
de 30 alumnos, porque las escuelas del Estado simplemente no pueden aceptarlos
por falta de capacidad en infraestructura y recursos.
La gran mayoría de estas escuelas son
instituciones cuyas colegiaturas fluctúan en los mil pesos mensuales, tienen
una población de 30 alumnos y difícilmente podrán hacer frente a una evaluación
o certificación cuyos costos van de entre 100 a 150 mil pesos y deben contar
con personal dedicado a atender únicamente el proceso entre uno y dos años. Y
en el caso de esta Norma 237, la Procuraduría Federal de Protección al
Consumidor (PROFECO) se le otorgaron las facultades para poder realizar
inspecciones aleatorias sobre el cumplimiento de la norma, y no a través de una
queja.
A nombre de las organizaciones convocantes,
Alejandra Carmona Ortega, dio a conocer en rueda de prensa que “el proceso ha
estado plagado de violaciones de las cuales el propio Director General de
Normas, Alfonso Guati Rojo Sánchez, quien también es el Presidente del Comité
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), ha
provocado un abuso exacerbado de sus facultades y con ello violaciones a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, a la Ley Federal de Metrología y Normalización y
su Reglamento (que disponen los pasos y requisitos específicos para la creación
de una NOM), el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, al Manual de
Organización General de la Secretaría de Economía, a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por supuesto a 6 Artículos
Constitucionales”.
En el caso de los artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que han sido violentados,
apuntó Carmona que son el Primero, donde se establece la igualdad de derechos y
prohíbe la discriminación, así como que son las autoridades responsables
quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos. Y del Tercero, donde se reconoce el derecho a la educación y
establece que es el Estado quien deberá garantizarla. Es decir, deja manifiesta
la rectoría del Estado en la educación, establece quiénes y cómo se constituye
el Sistema Educativo Nacional y reconoce a los maestros como agentes
fundamentales del proceso educativo y su contribución a la trasformación
social, por mencionar algunas disposiciones.
Otro de los artículos violentados es el
Quinto, que protege la libertad del trabajo y el derecho de dedicarse a la
profesión licita, actividad u oficio que se elija, y a recibir por ello la
justa retribución, de la cual nunca podrán ser privados; sobre todo que esta
libertad solo puede ser restringida mediante una resolución judicial. Y el
artículo Sexto, que protege la libertad de expresión y el derecho a la
información, los cuales fueron violados durante el proceso.
Asimismo el artículo Séptimo, donde se
prohíbe la censura, es decir, protege la libertad de manifestar las ideas y más
aún de exteriorizarlas a través de los medios de difusión, ya que considerando
que la expresión y difusión del pensamiento son indivisibles, debe destacarse
que las restricciones a los medios de difusión lo son también a la libertad de
expresión; y el Octavo, que protege el derecho de petición y dispone la
obligación del Estado a responder a las solicitudes que le hagan los
ciudadanos.
Con la expedición de la NOM 237 que festinó
el pasado viernes 24 Alfonso Guati Rojo Sánchez, director General de Normas de
la Secretaria de Economía y presidente del CCONNSE; no sólo invade facultades y
competencias de la Secretaria de Educación Pública, sino que, además, aumenta
un fenómeno ya existente en perjuicio del gremio afectado, la sobre regulación,
por la cual se ha vuelto necesario estar acudiendo constantemente ante el Poder
Judicial para dirimir controversias.
Al respecto, Itzel Carmona, representante de
la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) y Jesús Nájera
Martínez, consejero de Alianza de Colegios Multiculturales de México,
expresaron que este proceso es un abuso de poder que golpea a los colegios
particulares porque con los cobros de las colegiaturas que realizan, muy
difícilmente van a poder generar los costosos juicios de amparo que se
necesitan para de defenderse de las nuevas imposiciones que tampoco podrán
cubrir porque los procesos de acreditación y verificación tienen costos que van
de los 100 a los 150 mil pesos.
Nájera Martínez destacó que durante el
proceso de creación de la NOM 237, las autoridades de la Secretaría de Economía
invitaron a empresas acreditadoras y certificadoras, cuyos representantes
aplaudieron durante las reuniones todas las intenciones de la norma que les
beneficiará, y por el contrario significará un costo sumamente alto para los
normados.
Las instituciones particulares de educación
concluyeron que la aprobación de la NOM 237 - “Disposiciones a las que se
sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia” es un
golpe artero a la economía de millones de familias mexicanas, es la limitación
al derecho a la educación, significa la discriminación de un sector social que
lleva a cabo una labor esencial para la Nación, provoca el enfrentamiento de
dos secretarias federales y contradice frontalmente la propuesta del Presidente
Andrés Manuel López Obrador en materia educativa, lo que constituye en resumen,
un acto de extrema deslealtad a nuestro país y al jefe de Estado.
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