*El drama de miles de personas que cruzan la frontera sur de México en su intento de llegar a Estados Unidos se agravó con la presencia de la Guardia Nacional, coinciden activistas.
Ciudad de México | 13 septiembre 2021
Tribuna
Libre.- La
expresión "por una migración segura, ordenada y regular" es una de
las banderas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que
además presume "absoluto respeto" hacia las personas en tránsito que
ingresan a territorio mexicano.
Pero las imágenes de lo que ocurre en la
frontera sur muestran todo lo contrario: agentes que detienen por la fuerza a
migrantes centroamericanos y haitianos, con niños en brazos; primero los
empujan y una vez en el suelo, los patean y detienen.
La expresión "por una migración segura,
ordenada y regular" es una de las banderas del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador, que además presume "absoluto respeto"
hacia las personas en tránsito que ingresan a territorio mexicano.
Pero las imágenes de lo que ocurre en la
frontera sur muestran todo lo contrario: agentes que detienen por la fuerza a
migrantes centroamericanos y haitianos, con niños en brazos; primero los
empujan y una vez en el suelo, los patean y detienen.
Activistas consultados por Expansión Política
coinciden en que, si bien la situación para los migrantes se agravó a partir
del despliegue de la Guardia Nacional (GN) en las fronteras, del acuerdo al que
llegó México con el entonces gobierno de Donald Trump y de la pandemia de
COVID-19, también es consecuencia de las políticas migratorias en
administraciones pasadas.
"En otras administraciones ya había
situaciones de violencia sistemática hacia las personas migrantes, pero ahora
se ha exacerbado porque hay nuevas dinámicas migratorias; esto es una
continuidad en los ejercicios de represión, ahora con una nueva variable, que
es la aparición de la 'Guardia Nacional migratoria'", señala Felipe
Vargas, del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).
Eréndira Barco, de la organización
Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (SMR), refiere que en años
anteriores a las caravanas migrantes que partían de Chiapas se les daba otro
trato, desde la intención de garantizar su seguridad hasta permitirles el
tránsito.
"En la actualidad hemos visto que esto
no ocurre, sobre todo porque hay un enfoque de replegar a las caravanas en el
sur, principalmente en Chiapas y Tabasco, donde de por sí no hay condiciones
para la población (originaria), y ahora menos para las personas migrantes que
llevan más de un año esperando sus trámites (de refugio)", menciona.
El SJR y SMR tienen oficinas en Chiapas,
Tabasco y la Ciudad de México, puntos clave para los flujos migratorios que,
dice Felipe Vargas, no necesariamente pretenden llegar a Estados Unidos, sino
mantenerse a salvo en México.
Los dos colectivos ofrecen asesoría
psicológica y jurídica a las personas en situación migratoria, así como apoyo
especial a menores de edad no acompañados, mujeres embarazadas o aquellos que
fueron víctimas de un delito.
A inicios de este mes, el Instituto Nacional
de Migración (INM) informó de que, del 1 de enero al 31 agosto, había
identificado a 147,033 personas migrantes en "condición irregular" en
el país.
En fechas recientes, un hombre que huyó de
una situación de violencia en Honduras se acercó al Servicio Jesuita a
Refugiados para recibir asesoría: su permiso en México estaba por vencer y no
podía ingresar a un albergue porque estos solo reciben a familias, por lo que
buscaba moverse hacia Tuxtla Gutiérrez, también en Chiapas, donde dijo tener un
pariente. Pero la organización le recomendó no moverse de Tapachula.
"Las personas solicitantes de refugio
tienen que esperar hasta seis meses para una respuesta, mientras tanto no
pueden moverse de Tapachula, ni siquiera pueden salir a las calles porque
empieza la redada y cualquier autoridad puede detenerlos. Es una situación
complicada", lamenta Felipe Vargas.
Y en el centro del país la situación no es
diferente. Eréndira Barco indica que a las personas migrantes que logran salir
de Tapachula y llegan a la Ciudad de México, les quitan sus papeles. El
tránsito incluso se le impide a quienes tienen un documento migratorio de la
capital y pretenden trasladarse a otro estado.
"Tanto en Chiapas como en la Ciudad de
México los están regresando a las localidades donde se ubicaban, y esto es con
el propósito de que no suban hacia a Estados Unidos", expone.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR) reporta que Chiapas concentra el 72% de las solicitudes en el país, y
Tapachula es el municipio con más casos: 31,584 hasta agosto de este año,
correspondientes a 55,005 personas.
De acuerdo con los datos oficiales, desde
2020 se empezaron a recibir más solicitudes de personas originarias de Honduras
y Haití, cuando en años anteriores la mayoría de migrantes que llegaban a
México eran originarios de Centroamérica y Cuba.
A esto se suma el hecho de que las personas
migrantes deportadas por el gobierno de EU son devueltas a Tapachula, y que el
sistema de asilo mexicano está colapsado por la propia negativa del gobierno de
avanzar con los trámites.
"No es solo la gente que llega a la
frontera sur, están también los vuelos de deportación que se hacen desde EU.
Son hasta 150 personas a la semana que (las autoridades) abandonan en la
frontera con Guatemala. Hay aviones con migrantes que parten de Monterrey,
Reynosa, Tijuana y Hermosillo y que llegan directamente a Tapachula",
señala Vargas, quien describe a la ciudad chiapaneca como "el cuello de
botella" que en cualquier momento reventará.
El gobierno de EU reportó que, tan solo en
julio pasado, detuvo en su frontera sur a 212,672 personas migrantes, la cifra
más alta en 20 años.
Eréndira Barco menciona que a pesar de que
México lleva más de un año con una "reactivación" ante el COVID-19,
el gobierno todavía pone de pretexto la crisis sanitaria para no resolver
algunos trámites de asilo.
"Nos preocupa mucho porque es una
situación que se está gestando desde Estados Unidos, la cual México apoya con
todos estos tratados migratorios que solo provocan que las personas se queden
aglutinadas en espacios poco propicios", dice.
La activista enfatiza que las imágenes de
migrantes reprimidos por agentes de la Guardia Nacional y del INM son resultado
de estas fallas sistemáticas y de la falta de un enfoque derechos humanos por
parte de estas autoridades.
"Estas imágenes en Tapachula son el
boom, porque ya se agredió directamente a la población migrante, a los niños a
las mujeres. Antes, las detenciones eran solo de personas que no podían
demostrar su estatus migratorio, pero ahorita muchas sí tienen un estatus de
solicitantes de refugiado y tampoco se les permite el tránsito", agrega.
Sobre toda esta situación, el presidente
López Obrador declaró en conferencia de prensa que la dispersión de caravanas
migrantes en la frontera sur es "para evitar una desgracia" en su
camino hacia el norte.
También afirmó que la GN y el INM cumplen
tareas de seguridad en favor de los migrantes —pues, dijo, están expuestos al
crimen organizado—, que su gobierno respeta los derechos humanos y que
insistiría a su homólogo estadounidense, Joe Biden, atender las causas de la
migración y ofrecer visas temporales de trabajo.
Para Felipe Vargas y Eréndira Barco, las
declaraciones del mandatario federal responden a un doble discurso: por un lado
dice que no van a reprimir a migrantes, pero por otro lado les impiden
continuar su trayecto y tampoco atienden las solicitudes de asilo.
En medio de la crisis migratoria, la
Secretaría de Hacienda entregó un Paquete Económico 2022 en el que se proyecta
un ligero aumento de presupuesto para la Comisión Nacional de Ayuda a
Refugiados, pero un recorte para el INM.
Para la Comar se está solicitando un
presupuesto de 45 millones 667,372 pesos para 2022, frente a los 44 millones
427,552 pesos que recibió este año.
Mientras que para el INM se estipula un gasto
de 1,763 millones 425,212 pesos para el próximo año; en el actual ejercicio
fiscal se le asignaron 1,764 millones 145,661 pesos.
Las organizaciones civiles piden que estos
recursos sean empleados para desarrollar programas de regularización migratoria
y ofrecer ayuda humanitaria. "Esto ayudaría a las personas que hoy están
varadas en Chiapas", dice Felipe Vargas.
Eréndira Barco agrega que también es
indispensable que al frente de las instituciones migratorias haya personas
capacitadas en garantizar los derechos humanos, y no aquellas que respondan a
"intereses políticos".