*Ese escenario está previsto, pues el PRI empata las fechas para definir su voto en San Lázaro y, de ser necesario, reformar sus documentos y tener vía libre.
Ciudad de México | 13 octubre 2021
Tribuna
Libre.- En caso de apoyar la
contrarreforma eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, el PRI deberá reformar sus documentos básicos: Declaración de
Principios y Programa de Acción, pues le obligan a impulsar una economía con
bajo uso de carbono, la sustitución de insumos en la producción de
electricidad, la subasta de energías limpias y la emisión de certificados de
carbono.
Al menos en esos cuatro ejes, el PRI estaría
impedido de apoyar la iniciativa presidencial, según lo ordenado por su máximo
órgano de dirección partidista, la XXII Asamblea Nacional Ordinaria, que en
2017 aprobó reformas estatutarias y sus documentos básicos para incorporar,
entre otros temas, su nueva visión energética, en respaldo al entonces
presidente Enrique Peña Nieto.
Si el PRI decide acompañar la reforma
eléctrica, impulsada por el presidente López Obrador, el partido tendrá ocasión
de modificar y hacer acordes sus documentos básicos en la nueva Asamblea
Nacional Ordinaria, la número XXIII, que la dirigencia tricolor adelantó de
febrero de 2022 a diciembre próximo.
El cierre se prevé el 11 de diciembre, de
manera coincidente con la fecha que el mismo dirigente del PRI, Alejandro
Moreno Cárdenas, fijó como tentativa para concluir el parlamento abierto en
materia eléctrica y definir el sentido de su voto en la Cámara de Diputados.
El líder priista señaló que está garantizado
el “bloque monolítico” de la bancada del PRI, en el sentido en el que se
decida, y calificó de rumores la supuesta desbandada o inconformidad interna
por el tema eléctrico.
Aún con una eventual reforma a sus
documentos, el PRI deberá retirar su firma de la “Coalición Legislativa Va por
México”, que el dirigente Moreno Cárdenas suscribió con los presidentes del
PAN, Marko Cortés, y con el del PRD, Jesús Zambrano, en un evento público que
realizaron el 24 de mayo.
“Votaré en favor de mandatar el cierre de
refinerías y plantas termoeléctricas de carbón que generan más valor al país
cerradas que operando”, firmó el líder del tricolor en la página 12 de ese
documento.
En éste también se ofreció votar en contra de
lo que inhiba la generación de energías limpias o se reduzca la participación
privada en su generación.
Cinco documentos limitan al PRI a irse por la
libre en materia eléctrica: su Declaración de Principios, su programa de
Acción, la Plataforma Electoral 2021 que ofreció a sus electores para competir
en 149 distritos; la Plataforma de la Coalición Va por México, para ir junto
con PAN y PRD en 151 distritos más, y la “Agenda Legislativa” la Coalición,
firmada en mayo.
El PRI ofrece en su Declaración de
Principios, impulsar “la mitigación del cambio climático” y “el desarrollo de
fuentes alternas de energía renovable”, además de una economía de mercados
“flexibles y competitivos” y “garantías para la inversión y el crecimiento
económico”, según se expone en las páginas 5,6, 9 y 16.
Pero el tricolor fue más contundente en su
Programa de Acción, pues en su página 13 hace una defensa de la reforma de
Enrique Peña Nieto:
“Sin comprometer la propiedad de la Nación
sobre los recursos del subsuelo, emprendimos una profunda reforma energética
que nos permitiera atraer capital para incrementar la producción (...) comenzar
la transición hacia una economía baja en carbono como la sustitución de insumos
en la producción de electricidad, la subasta de energías limpias y la emisión
de certificados de carbono”.
También se impuso líneas de acción para
conseguir sus objetivos. En la número 75, la promoción de la participación en
proyectos públicos, privados y mixtos de infraestructura.
Y en la número 78, la “implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS)” y el impulso a la
“instrumentación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático”.
Además de estos dos documentos que son de
cumplimiento obligatorio para el PRI, ante el Instituto Nacional Electoral
(INE), ese partido registró dos plataformas electorales.
La Plataforma, registrada solo por el PRI,
plantea en su página 62 que “es necesario consolidar la reforma energética (de
Peña Nieto) para impulsar la inversión de energías sostenibles" y hace una
crítica a la política de López Obrador en la materia.
“El gobierno de México no postula un claro
compromiso para combatir el cambio climático, pues en Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, se carece de referencias al respecto y tanto los pronunciamientos
presidenciales como las acciones de gobierno, no hacen alusión, ni incorporan
políticas públicas hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono”, critica en
la página 34.
Como coalición, los tres partidos ofrecieron
“fortalecer los órganos constitucionales autónomos, así como la autonomía de
los órganos reguladores del Estado mexicano, tanto en su funcionamiento como en
la idoneidad de sus integrantes, para garantizar que cuenten con el perfil
adecuado y que gocen de total independencia frente al Poder Ejecutivo y los
partidos”.
En contraste, la iniciativa presidencial
plantea eliminar dos organismos de ese tipo: la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Pero además de esos compromisos, el 24 de
mayo, poco antes de las elecciones del 6 de junio, los presidentes nacionales
de la Coalición Va por México, Cortés del PAN, Moreno del PRI y Zambrano del
PRD, prometieron una coalición legislativa con 10 puntos, que se mantendría
durante los tres años de la 65 Legislatura.
El documento planteó en su punto 9, sobre
cuidado del medio ambiente, trabajar para “recuperar la transición hacia
energías limpias y renovables en cumplimiento al Acuerdo de París y la Agenda
2030”.
También suscribió el compromiso “votaré en
favor de mandatar el cierre de refinerías y plantas termoeléctricas de carbón
que generan más valor al país cerradas que operando”.
E incluso, en el punto 28, los tres partidos
ofrecieron trabajar “votando en contra de cualquier cambio legislativo que
inhiba la oferta de energías limpias, y que excluya a la iniciativa privada de
las actividades de generación”.
“Para ser congruente con mi compromiso:
Legislaré la creación de una instancia ciudadana facultada para vigilar que al
año 2024 se avance lo necesario para cumplir con los Acuerdos de París de
reducir emisiones de gases de efecto invernadero y de carbón negro en 22% y 51%
al año 2030”, suscribieron los aliancistas, cuya coalición está ahora en vilo.
