* Sonora: el sistema penal le sirvió de fachada * 180 millones hacia empresas a modo * Quiso ser fiscal anticorrupción, y lo repudiaron * Información clave del PAN terminó en Morena * Tres razones de Pepe Yunes contra la reforma eléctrica * Empate en la disputa del Holiday Inn * ¿A quién le convenía asesinar al militar? ¿A Uribe o a Los Zetas?
Mussio cárdenas Arellano | 09 octubre 2021
Tribuna
Libre.- Dinero
en mano, Sergio Gutiérrez Luna es el que adula al amo en turno, el mapache
electoral, el que simula implementar el sistema penal en Sonora mientras desvía
millones a empresas a modo y a empresas fantasma, o el que roba estructuras al
PAN y le entrega secretos a Morena. Lo suyo, lo suyo, es traicionar.
Hiperactivo político, el tal “Gutierritos” no
termina de calentar la curul en San Lázaro cuando ya anda de gira en gira, de
mitote en mitote, cortejando a López Obrador, viéndose en el 2024 entrar a
palacio, asaltando al Gobierno de Veracruz.
Sediento de poder, sabe que la treta y el
engaño, el verbo fino, el rollo burdo, el discurso cargado de sueños, el opio
de los incautos y hasta el café entre la prensa vendida, producen adeptos.
Y así llega a Veracruz, alterando un circo
que Rocío Nahle atiborró de animales amaestrados, de bandidos sin moral y de
payasos que sólo saben aplaudir.
Su historia política no miente. Audaz, sin
escrúpulos, el oriundo de Minatitlán fue a Sonora, urdió un cuento, vendió un
proyecto, el diseño e implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y
ofreció votos. Y el gobernador Guillermo Padres Elías, un comprador de
espejitos, lo adoptó.
Su historia política huele a fango. Y a golpe
bajo. Y a peculado.
Por las manos de “Gutierritos” pasaron, por
lo menos, 180 millones de pesos, una parte en subsidio federal, que luego
derivaron en una denuncia por el no avance del Sistema Penal y por el desvío de
recursos hacia por lo menos cuarto empresas, una de ellas dedicada al sondeo de
opinión y otra, cuya representante era la administradora del despacho legal
—Gutiérrez Luna Asociados— del hoy presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados.
Padres le dio vara alta y del andamiaje de la
transa se encargó Gutiérrez Luna. Usó la Comisión Implementadora del Nuevo
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Sonora como fachada y en el fondo el
mapache se movía a placer.
Arriba, el discurso de la legalidad; bajo el
agua, el control de los órganos electorales, las encuestadoras, los votos para
el PAN.
Llegó a la tierra de Plutarco y Obregón con
el fin de afianzar las posiciones panistas, alcaldías y diputaciones locales, y
armar la maquinaria para retener el gobierno de Sonora en 2015. Y Fracasó.
Sonorense postizo, le inyectaba helio a
Javier Gándara, ex alcalde de Hermosillo, que disputaba el gobierno estatal. Y
al final, la priista Claudia Pavlovich Arellano ganó la elección.
Aquellos desplantes, consignados por la
prensa local, las columnas en El Norte de Monterrey y El Sol de Sonora, el
portal El Acabose, las voces en El Financiero, fueron esculpiendo el verdadero
rostro del mapache de Padrés.
Aquel 2015, la asociación civil Sonora SOS,
filial de México SOS, fundada por el empresario Alejandro Martí, denunció
penalmente al gobernador Guillermo Padrés y al equipo responsable de la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, encabezado por Sergio
Gutiérrez Luna.
Un desplegado público, suscrito por Santiago
Luna García, acusaba la malversación de 180 millones de pesos, una parte de
origen federal, que debieron usarse en el nuevo sistema de justicia y que
terminaron en manos de empresas que nada tendrían que ver con el aspecto legal.
Santiago
Luna señaló a El Financiero:
“Presenté este jueves una denuncia penal ante
la PGR en contra de Sergio Gutiérrez Luna, Guillermo Padrés Elías, Juan
Sebastián Sotomayor Tovar, Carlos Navarro Sugich y quien o quienes resulten
responsables por los delitos federales de ejercicio indebido de atribuciones y
facultades, peculado y lo que resulte”.
Y
abundaba:
“Tenemos en nuestro poder más de 100 órdenes
de pago emitidas por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del
Nuevo Sistema de Justicia Penal para diversas empresas, que suman más de 180
millones de pesos, pagados a Bunker Consulting Group, S.C., una empresa de
Monterrey, N.L., a la que se le adjudicaron contratos directos y sin
licitación, por más de 175 millones de pesos”.
Citaba dos firmas más: Business for Future y
Asesoría y Proveeduría de Equipos de Laboratorio.
Restaban trece meses de arrancar el nuevo
sistema judicial y Sonora estaba en cero. Se encendían las alarmas. Se prendían
los focos rojos. Se alzaban las voces. Algo en el norte, en la punta oeste del
país, olía mal. Y era el mapache de Padrés. Y no olía a muerto. Olía a vivo, a
vival.
Otra denuncia corría a cargo del Observatorio
Ciudadano de Políticas Públicas, Derechos Humanos y Democracia, A. C.,
evidenciando a Sergio Gutiérrez Luna en el desvío de recursos y “por utilizar
su encargo en beneficio de empresas de su propiedad o de ya identificados
prestanombres”, según reseñó Mario Maldonado en su columna Historias de
NegoCEOs, en El Universal.
Hay pistas demoledoras. Bunker Consulting
Group, dedica a sondeos de opinión, fue contratada para difundir las bondades
del Nuevo Sistema de Justicia. El Instituto Electoral de Sonora, en manos de
Gutiérrez Luna, le encargó encuestas de salida y conteos rápidos en la elección
de 2015.
Una firma más, Falcón Expertos en Opinión
Pública S. de R.L. suscribió un contrato de asesoría con la Comisión para la
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Su representante legal era
Nancy Fabiola Ramírez Pastrana, quien a su vez era la administradora del
despacho Gutiérrez Luna Asociados, propiedad de “Gutierritos”, según refiere la
columna de Mario Maldonado.
Otra empresa, Freydig Industrial, obtuvo de
Gutiérrez Luna contratos por 33 millones de pesos.
Para entonces, el lodo sobre Gutiérrez Luna
no cesaba. El portal El Acabose citaba a Santiago Luna:
“Sergio Gutiérrez Luna es cabeza del grupo
que se incrustó en el Instituto Estatal Electoral que está bajo sus órdenes, y
se integra por las consejeras Ana Patricio Briseño Torres y Ana Maribel Salcido
Jashimoto, y también es el jefe de Pablo Chirinos Benítez, representante del
PAN en el Instituto Estatal Electoral”.
Alberto Aguirre, autor de la columna Signos
Vitales, en El Economista, advertía que Padrés y Gutiérrez Luna habrían pretendido
contratar los servicios del despacho de Diego Fernández de Cevallos y del ex
procurador Antonio Lozano Gracia, para intentar anular la elección.
La maquinaria fue aceitada con los dineros
para el sistema de justicia. Casi 200 millones de pesos se usaron para
operación electoral del PAN. Y todo en manos de “Gutierritos”.
Hacia 2016, la estrella de “Gutierritos”
perdió brillo. El PAN no lo quiso de fiscal anticorrupción.
“Nos llama la atención los nombres de Sergio
Gutiérrez Luna y Pedro Pablo Chirinos, perfiles a quienes no les da la
imparcialidad necesaria ni los elementos de credibilidad como para poder tener
la confianza de la ciudadanía ni de los partidos políticos”, expresó el PAN en
un comunicado.
Y
abundaba:
“Para nosotros es vergonzoso (…) haber
trabajado junto con la sociedad civil, como partido y como Congreso, una Ley
Anticorrupción, haber organizado mesas públicas para que el Sistema Estatal
Anticorrupción, fuera ejemplo a nivel nacional y que, en este momento, cuando
se tiene que tomar la decisión, prácticamente llegamos a lo mismo, en poner a
subordinados, en poner fiscales a modo, fiscales carnales y en ser de nuevo
vergüenza nacional”.
“Gutierritos” llegó a ser pieza clave en el
equipo panista. Era el mapache de Padrés y se codeaba con Damián Cepeda,
entonces candidato a la alcaldía de Hermosillo y luego líder nacional del PAN.
Pero el idilio se esfumó. En 2017 el PAN de
Sonora volvió a reiterar su rechazo a que Gutiérrez Luna fuera designado fiscal
anticorrupción.
“Gutierritos” dio un golpe de timón. Fanático
de la derecha, se volvió fanático de la izquierda.
Y se llevó todo. Los secretos del PAN, sus
enclaves electorales, la estructura del blanquiazul, los nexos empresariales,
las bisagras del poder, terminaron en la campaña presidencial de Andrés Manuel
López Obrador, de Morena, y del candidato al Senado, Alfonso Durazo Montaño,
hoy gobernador. Morena ganó Sonora. La traición se había consumado.
Se incrustó en el Grupo Texcoco, de Horacio
Duarte, Higinio Martínez y Delfina Gómez; impulsa la candidatura presidencial
del canciller Marcelo Ebrard, y quiere ser gobernador de Veracruz, robándole el
circo, los animales y los payasos a la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
Tiene plataforma: la presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.
“Gutierritos” es un mapache vulgar… y es de
cuidado.
Archivo
muerto
A contrapelo de un ala del priismo que divaga
con la reforma constitucional en materia eléctrica, propuesta por Andrés Manuel
López Obrador, Pepe Yunes la rechaza con tres argumentos clave: la reforma
“cancela la competencia en perjuicio del usuario, genera incertidumbre al
suprimir reguladores y contratos previos, y compromete las finanzas públicas y
la inversión en el sector”. Aquel sector del PRI juega y rejuega con el poder, aprieta
y pacta con su verdugo, con el Mesías que lo ha llevado al borde de la
extinción, y a contracorriente el legislador federal por Coatepec describe en
tres trazos que la reforma es retrógrada, que cierra el mercado a la inversión
privada, que conduce al monopolio que ejercería la Comisión Federal de
Electricidad, que ahuyentará capitales, que diluye la seguridad jurídica del
que detenta un contrato y le es violado, y que habrá de impactar el bolsillo de
los consumidores de energía eléctrica. Cuando el PRI titubea, juega a negociar
con el presidente y corre el riesgo de fracturar y acabar con el bloque de
oposición que le generó tales votos hasta lograr arrebatarle a Andrés Manuel la
mayoría calificada en la Cámara de Diputados, Pepe Yunes emite el posicionamiento
de rechazo que ya sacude a un sector del tricolor… Tan cerca del mar, corroído
por el salitre, Holiday Inn es literalmente un hotel en ruinas. Físicamente es
un caos; judicialmente, un desastre. Alteradas por el óxido, las varillas
revientan el concreto; los mosaicos de los pisos se levantan; la lluvia se
filtra en el techo de lo que antes fuera un amplio y atractivo restaurant, y
decenas de habitaciones permanecen sin servicio al público. Se escatimó en
mantenimiento y la indolencia lo fregó. ¿A qué le apostó Hotelera Duport con
tanta dejadez? A darse tiempo, que la tormenta legal amainara y luego vender
una marca, una franquicia, y olvidar la pesadilla que ha enfrentado en
Coatzacoalcos. Pero el pleito en los tribunales por la posesión del terreno en
que se erige en hotel Holiday Inn no acaba ni acabará. Judicialmente, se
atasca, no avanza, y tampoco se acredita que el predio vendido por el gobierno
de Fidel Herrera Beltrán a la hotelera sea legal. La última sentencia, suscrita
por juez segundo de Primera Instancia, Cristóbal Hernández Cruz, deja un empate
con quienes ostentan ser propietarios de las dos hectáreas en que se ubica el
Holiday Inn, sobre el malecón de Coatzacoalcos. La sentencia en el juicio
895/2014, revienta a Hotelera Duport, S.A. de C.V., propietaria del inmueble
que aloja la franquicia Holiday Inn, porque el juez determina que ambas partes,
el demandante y el demandado —Enrique Orta, los hermanos Raúl, Manuel, Dolores
y Bernardo Bringas Burelo, Aurelio Domínguez, Joaquín Menéndez, Alejandro
Gutiérrez, así como los notarios David Dávila, Iván Hillman Chapoy, Erick
Madrazo Lara y Enrique Aguilar Urcelay, los encargados del Registro Público de
la Propiedad y la nueva dueña del predio Desarrolladora Playa Larga, resultaron sin responsabilidad alguna. Se les
absolvió. Fue un empate con sabor a derrota para Hotelera Duport, que sigue sin
poder vender el hotel Holiday Inn de Coatzacoalcos, valuado en 80 millones de
pesos, o ya de perdida, cerrarlo por los números rojos con que opera. Hotelera
Duport intentó que el título de propiedad de la Sucesión Bringas fuera anulado.
Lo mismo intentaron años atrás los hermanos Quintanilla Hayek y fracasaron. El
juez Cristóbal Hernández, que entonces era secretario de Juzgado, certificó dos
sentencias clonadas, a todas luces falsas, que sirvieron a los Quintanilla —uno
de ellos, Arturo, es compadre de la hoy secretaria de Energía del gobierno
federal, Rocío Nahle— para cobrarle una jugosa afectación de terreno a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta vez Cristóbal Hernández no se
atrevió a validar la trastada, pese que persiste en su afán de clonar, ahora,
juicios completos, como más adelante se habrá de demostrar… ¿A quién le
convenía silenciar, segarle la vida al ex militar Mario Alejandro Gamas López?
¿A Jesús Uribe, ex candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Las
Choapas, hoy en prisión y sujeto a juicio, o a las células delictivas de los
Zetas que lo concibieron como un infiltrado del Ejército en las empresas de
Uribe, rastreando todo, viendo todo, tomando nota de todo lo que implica el
territorio clave de Las Choapas,
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