Xalapa, Ver. | 21 octubre 2021
Tribuna
Libre.- El
diputado local de Morena, Rubén Ríos Uribe, exhortó desde la tribuna del
Congreso a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz, proceda a denunciar a los que saquearon al
TSJ y ocasionaron la corrupción que llevó al Poder Judicial al déficit
financiero superior a los $400 millones de pesos en este año 2021.
Igualmente, el legislador requirió a la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investigar este desbalance en
el presupuesto del TSJ, por el que los diputados aprobaron una ampliación
presupuestal de $200 millones de pesos, aunque lo que se solicitaba eran más de
$500 millones de pesos para poder cerrar el año.
"Quiero exhortar a la presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al mismo Poder Judicial del Estado de Veracruz para que interponga las denuncias correspondientes, porque existe un déficit de más de 400 millones de pesos y ese dinero no puede salir de las arcas públicas para subsanar dicho saqueo sin que se vea un beneficio en favor de las y los veracruzanos".
Ríos Uribe aseguró que existe un compromiso
entre las y los legisladores para que los ciudadanos no se vean afectados por
la quiebra del Poder Judicial, por ello autorizaron una ampliación
presupuestaria de 200 millones de pesos, aunque Romero Cruz solicitó más de 500
millones de pesos a los legisladores.
"Entonces creo yo que es momento de que
le Fiscalía Anticorrupción exija y finque responsabilidades y ese dinero sea
devuelto al pueblo de Veracruz y se aplique en favor de las y los
veracruzanos", señaló.
En tales denuncias no habría que buscarle mucho sobre quienes serían los implicados en dicho saqueo al TSJ.
El principal sería Edel Álvarez Peña,
responsable de los contratos leoninos que firmó como Presidente del Poder
Judicial del Estado para la construcción de las Ciudades Judiciales durante el
Yunato.
Luego seguiría Cuitláhuac García Jiménez y
Eric Cisneros Burgos, quienes tendieron su manto protector al ordenarle a la
depuesta expresidenta del TSJ Sofía Martínez Huerta para que "no barriera
para atrás" ni investigara a Edel Álvarez Peña, esto tras un acuerdo para
repartirse el millonario negocio entre Yunistas y Morenistas.
También resultaría embarrado José Luis Lima Franco, el Secretario de Finanzas y Planeación, quien modificó el criterio para interpretar la expresión “presupuesto general” lo que provocó que los entes autónomos con porcentaje fijo para su presupuesto, recibieran mucho menos de lo que en realidad les correspondía en el año 2021.
También en SEFIPLAN resultaría embarrado y
denunciado Eleazar Guerrero Pérez (el primo cómodo) quien incrustó en la
Dirección General de Administración (donde se maneja todo el presupuesto del
TSJ) a su protegida en la persona de Joana Marlen Bautista Flores, quien inundó
al TSJ de recomendados en puestos claves y con salarios elevados sin contar con
el perfil requerido para los cargos. Ella gana más de $90,000 mil pesos al mes.
Por eso las cosas están como están!!!
Y finalmente la propia magistrada Isabel Inés
Romero, quien no defendió el presupuesto 2021 que le correspondía al Poder
Judicial, y que, una vez enterada de lo que les tocaría no hizo un manejo eficiente,
donde más de medio año después se dio cuenta de que no le alcanzaría para
concluir el año 2021 tras un boquete financiero suprior a los $400 millones de
pesos.
El Poder Judicial de Veracruz se cae a
pedazos, y lejos de mejorar, una visión al futuro inmediato advierte que las
cosas se pondrán mucho peor.
Si van a poner las denuncias correspondientes
ya saben a quien denunciar, no se hagan pen.....santes!!!
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