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**Podría
cumplir los 4 años y medio que le restan de sentencia con un brazalete
electrónico o en prisión domiciliaria.
**Sólo
le quedaría una denuncia en el ámbito local la cual no amerita prisión
preventiva ni que permanezca en prisión.
**Y la
demanda por "desaparición forzada" no puede ser ejecutada ya que su
orden de extradición implicaba dicho delito.
**ONG pelea legalmente el acuerdo que hizo Duarte con la PGR para quitarle el delito grave por Delincuencia organizada.
Ciudad de México | 19 octubre 2021
Tribuna
Libre.- El
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, condenado por el caso del
desvío de recursos en su estado a través del uso de múltiples empresas
fantasma, podría solicitar su libertad en los próximos días.
Lo anterior luego de que ya cumplió la mitad
de la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por los delitos de
lavado de dinero y asociación delictuosa, situación que le abre la puerta (de
acuerdo con lo que marca la ley) para acceder al beneficio de la libertad
condicional.
No se trata de un beneficio que anule el
resto de la condena, pero sí representa la posibilidad de que el exgobernador
la cumpla portando un brazalete electrónico en la Ciudad de México y/o estando
sometido a una reclusión domiciliaria. Pero todo ello fuera de la cárcel donde
se encuentra hoy en día.
Autoridades judiciales confirmaron que, en
cualquier momento, el exgobernador puede solicitar una audiencia para
formalizar su petición de acceder a este recurso. En dicha audiencia también
participaría la Fiscalía General de la República (FGR) que tiene derecho a
expresar si cuenta con alguna oposición para ello y argumentarla. La decisión
será de un juez especializado en ejecución de penas.
La defensa del exgobernador de Veracruz
confirmó que ya analizan la presentación de dicha solicitud, y adelantaron que
desde su perspectiva el exgobernador cumple con todos los requisitos que la ley
establece por lo que no debería de haber problema para que se le conceda.
La confundadora de la organización TOJIL
Estrategia contra la impunidad, Estefanía Medina, advirtió que la posibilidad
de que el exgobernador deje la cárcel es resultado de los malos manejos que se dio
a la investigación que se llevó en su contra por parte de la entonces PGR. No
obstante, y a diferencia de la defensa, consideró que hay elementos que podrían
impedir que se le conceda este beneficio al corrupto ex gobernador de Veracruz.
Cabe señalar que Javier Duarte tiene abierto
otro proceso en curso por hechos de corrupción a nivel local, pero por estos
casos no se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. A su vez
tiene una orden de aprehensión girada en su contra por desaparición forzada,
pero la misma no se le ha podido cumplimentar porque no formó parte del paquete
de delitos iniciales por los cuales se le extraditó.
La ruta
de Duarte de Ochoa para salir libre.
El 15 de abril de 2017 Javier Duarte fue
detenido en Guatemala por agentes federales mexicanos y de aquel país. Su
captura se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines
de extradición por varios delitos que, para ese momento, ya se le imputaban.
Ese fue el último día que gozó de su libertad.
Tras ser enviado a nuestro país el
exgobernador de Veracruz fue internado en el Reclusorio Norte donde se le
inició un proceso penal en el que, inicialmente, intentó defenderse. Sin
embargo, en una audiencia intermedia realizada el 26 de septiembre de 2018, el
exgobernador decidió renunciar a su derecho a ir a un juicio y se declaró
culpable.
A cambio de dicha declaratoria, emitida
dentro de lo que técnicamente se denomina “procedimiento abreviado”, el juez le
impuso las penas mínimas contempladas en la ley por los delitos de lavado de
dinero y asociación delictuosa que, en suma, representaron nueve años de
prisión. También se ordenó que se le confiscaran varias propiedades y que
pagara una multa, sin que se incluyera ninguna reparación del daño.
La pena impuesta al exmandatario comenzó a
contabilizarse partir del primer día en que fue detenido en Guatemala, por lo
que la mitad de esta se completó el pasado viernes 15 de octubre de 2021.
Los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de
Ejecución Penal establecen que una persona que haya cumplido la mitad de su
sentencia podrá solicitar al juez el beneficio de la “libertad condicionada”,
que contempla la liberación de una persona para cumplir el resto de su condena
fuera del penal, con o sin monitoreo electrónico.
Para poder acceder a ella se contemplan siete
requisitos: haber cumplido la mitad de la sentencia; no tener otras condenas
vigentes; que no exista riesgo razonable para las víctimas; haber tenido buena
conducta durante su internamiento; haber cumplido satisfactoriamente con un
plan de actividades; haber cubierto el pago de la multa y/o reparación de daño;
y no estar sujeto a proceso por otro delito que amerite prisión preventiva
oficiosa.
El procedimiento para obtener este beneficio,
según explicaron penalistas consultados, inicia con la presentación de una
solicitud por escrito al juez federal de ejecución para este convoque a una
audiencia pública. En dicha audiencia participarán todas las partes, incluidas
la FGR y SHCP en el caso de Javier Duarte
Tras verificar el cumplimiento de los
requisitos y los argumentos de las partes el juez deberá definir si concede el
beneficio o mantiene el encarcelamiento de Duarte. Cualquiera que sea la
decisión podrá ser apelable por las partes, lo que llevaría el caso ante un
Tribunal federal para su revisión.
Se trata de un procedimiento que aun con la
apelación incluida duraría menos de dos meses, de acuerdo con los
especialistas. El arranque de este dependerá del momento en que el exgobernador
(a través de sus costosos abogados) requiera fecha de audiencia para presentar
la solicitud.
¿Sí o
No? Defensa y ONG difieren.
Los representantes legales del exgobernador
de Veracruz confirmaron que ya analizan la presentación de la solicitud de la
libertad condicional. Consideraron que se cubren los requisitos que establece
la ley y esperan que en este caso se valoren solo consideraciones jurídicas y
no políticas.
“Se cumple con todos los requisitos que exige
la ley para acceder al beneficio preliberacional y esperamos que no se busquen
politizar cuestiones que deben de ser estrictamente jurídicas y así respetar el
Estado de Derecho”, señaló la defensa.
Sin embargo, la organización TOJIL, que ha
dado seguimiento cercano al caso Duarte y que ha denunciado públicamente
irregularidades en torno al mismo, consideró que existen circunstancias que el
juez deberá valorar y que, desde su punto de vista, hacen improcedente la
liberación del exgobernador de Veracruz. Entre ellos señalaron, por ejemplo,
que aun tiene otros procesos a nivel local y federal que no se han resuelto.
La abogada Estefanía Medina, cofundadora de
dicha ONG, recordó que la actual Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
promovió un recurso en contra de la forma en cómo se manejó el procedimiento
abreviado que permitió que a Duarte se le retirara el cargo original de
delincuencia organizada y se le impusieran penas mínimas. Ese asunto se tradujo
en un amparo en revisión que aun no se resuelve.
“Por todos estos motivos nos parece que en
este momento no es viable que se le conceda el beneficio de la libertad
condicional. Y hay que recordar que si llegamos a este punto es resultado del
mal manejo que ha tenido este caso y de las redes de corrupción que le abrieron
la puerta a Duarte a un procedimiento abreviado inadecuado”, dijo.
Medina recordó que TOJIL presentó una
denuncia formal en contra de los fiscales de la PGR que en su momento
participaron en este proceso y ya llevaron el asunto ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Todo esto devino de un acuerdo
corrupto entre Duarte y la PGR”, insistió.
Los
otros casos contra Duarte de Ochoa…atorados.
En contra de Javier Duarte existen otros
procesos e investigaciones iniciadas desde hace varios años pero que, por
diversas circunstancias, se encuentran atorados y sin mayores resultados.
Inicialmente, el exgobernador tenía abiertos
dos procesos penales por delitos de corrupción además del caso federal de
lavado de dinero. La Fiscalía General de Justicia de Veracruz lo acusaba del
uso ilícito de un helicóptero oficial, y del desvío de más de 200 millones de
pesos destinados para obras hidráulicas.
Sin embargo y a través de diversos amparos
ganados, la defensa de Duarte consiguió que uno de los procesos fuera cerrado
definitivamente mientras que en el otro consiguieron anular la medida de
prisión preventiva justificada que se le había impuesto. Es decir, aunque el
exgobernador sí tiene otro proceso penal en curso el mismo no amerita su
encarcelamiento.
Por otro lado, desde junio de 2018 un juez
del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador
por su probable responsabilidad en omisiones que facilitaron y encubrieron la
desaparición forzada de varios jóvenes a manos de la policía estatal. Esto
entre los años 2013 y 2014.
Aunque se trata de un delito que sí es grave,
este proceso no ha podido siquiera iniciarse ya que México requiere de la
autorización de Guatemala (país que extraditó a Duarte) para iniciarle un
proceso por un delito distinto al de la lista inicial de ilícitos por el cual
reclamó su entrega. El proceso diplomático para tratar de conseguir dicho aval
ha retrasado cualquier avance.
La FGR también tiene en curso una carpeta de
investigación por posibles delitos fiscales en contra del exgobernador y de su
ex esposa, Karime Macías, pero la misma sigue en integración sin mayores
resultados.
En tanto existen más de 35 carpetas de
investigación a nivel federal en contra de la administración que encabezó
Javier Duarte en Veracruz por malos manejos y presuntos desvíos de más de $50
mil millones de pesos que, hasta la fecha, siguen desaparecidos.
Pero todas las indagatorias se han enfocado,
hasta ahora, en ex secretarios de finanzas y otros mandos medios sin alcanzar o
preocupar legalmente al ex gobernador.
(Juan Tirado)
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