Ciudad de México | 23 octubre 2021
Tribuna
Libre.- La
titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro,
negó que el exigir que se cumpla con las obligaciones fiscales sea un acto de
“terrorismo fiscal” o una persecución contra los contribuyentes.
Su postura surge ante las múltiples críticas
que recibió de parte de la oposición la Miscelánea Fiscal 2022, la cual, fue
avalada por Morena y sus aliados.
Buenrostro defendió la reforma que obligará a
los jóvenes mayores de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), al asegurar que el objetivo detrás de esta medida es
proteger a este sector contra el robo de identidad.
Durante el análisis de la Ley de Ingresos y
Miscelánea Fiscal 2022 ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios
Legislativos Segunda del Senado, la funcionaria lamentó que exista por parte de
algunos legisladores un abuso del lenguaje al afirmar que las medidas
establecidas en el dictamen son “terrorismo fiscal”.
“Si a un niño le hacen un examen, nadie dice
que es terrorismo educativo y si reprueba y lo hacen repetir el año no es una
persecución política. Tampoco, si a un asesino, a un narcotraficante se mete a
la cárcel o se le obliga a expiar sus faltas, tampoco es terrorismo penal.
Entonces, tampoco puede ser considerado terrorismo fiscal el que la gente se le
exija cumplir con sus obligaciones, no se les pide más, no se les pide menos.
Simplemente cumplir con la ley”, mencionó.
En el encuentro con senadores, mismo que duró
casi cinco horas, la titular del SAT, explicó por qué se obligará a los jóvenes
inscribirse en el RFC.“¿Por qué obligatorio?, la idea de obligatorio es porque
nosotros queremos hacer conscientes a la ciudadanía y un joven es ciudadano a
partir de los 18 años en nuestro país de que es su obligación contribuir con su
país, que es un deber y una obligación ética que todo mundo que reciba y
perciba un ingreso tiene que abonar y tiene que aportar a su país, para eso
está el Estado, tiene siglos y siglos y es en todos los países”, señaló.
Según detalló la funcionaria, el objetivo
detrás de esta medida es el de proteger a los jóvenes de las empresas fantasma,
pues logró detectarse que muchas de estas compañías tienen como representantes
a personas de este rango de edad o adultos mayores de 85 años.
“El 70 por ciento de las empresas fantasma no
se da de alta en el SAT, se dan de alta con los fedatarios. Cuando buscamos
quiénes son los representantes legales son jóvenes de 18 años o gente mayor de
85 años y luego estas empresas trabajan tres meses y mueven miles de millones
de pesos y luego ya no vuelven operar”.
Y agregó que: “Encontramos personas de 18 años que tenían 700 empresas con cientos de miles de millones de pesos y que no los encontrábamos en ningún lado”.
