* CONAMER se lava las manos y deja en el terreno de la SE la modificación del proyecto de NOM 237 por los comentarios en contra de la COFECE y los actores afectados.
Ciudad de México | 24 noviembre 2021
Tribuna
Libre.- La
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) dejó en el terreno de la
propia Secretaría de Economía la decisión de dar respuesta a sus comentarios,
los de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y los relacionados
con la consulta pública que se realizó en el portal de la institución por parte
de las personas y organismos interesados en la NOM 237.
De esta forma, queda como una decisión de la
Secretaría de Economía federal la publicación o no de la NOM 237 que, como está
elaborada, sobre regularía al sector de la educación particular, generaría un
incremento en el costo de los servicios educativos que ofrecemos y, de manera
natural, se convertiría en un brazo más de la corrupción institucional que este
gobierno dice combatir.
De consumarse la entrada en vigor de este
proyecto de norma NOM 237, la Secretaría de Economía estaría poniendo
claramente en entredicho la calidad del trabajo normativo y regulatorio que
realiza la Secretaría de Educación Pública e, incluso, dejaría sentado un velo
de probable corrupción en la SEP porque su sistema de vigilancia no serviría, a
pesar de que la supervisión de las autoridades educativas se realiza en todo el
país.
Al finalizar la etapa de consulta en la CONAMER
hubo 292 comentarios, todos ellos en contra del proyecto elaborado por la
Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, sin el respaldo de
los actores afectados entre los que nos encontramos las Instituciones
Particulares de Educación y los padres de familia, y sin la intervención de la
Secretaría de Educación Pública a la invasión de sus facultades regulatorias.
También las firmas de la petición en chance.org para que se anule el proyecto
supera las 21 mil.
Por la respuesta tibia y desafortunada de la
CONAMER, los representantes de las Instituciones Particulares de Educación
consideramos que lejos de ser un órgano encargado de impulsar la política de
mejora regulatoria en el país, se lavó las manos y se ha convertido en una
oficialía de partes para dar cauce a las decisiones impulsadas por el Gobierno
de la República, donde dudamos si se trata de desconocimiento de la
administración pública, de un interés particular por generar dividendos
económicos a costa de los usuarios del servicio de educación particular o del
golpe de una política gubernamental para acabar con este sector.
La autoritaria imposición de la NOM 237 que
causaría perjuicios económicos para las Instituciones Particulares de Educación
y para los padres de familia estaría a punto de convertirse en oficial porque
así lo quisieron sus impulsores, como nos lo advirtió el Director General de
Normas, Alfonso Guati Rojo Sánchez, quien nos dijo en una reunión: “esta norma
va porque va”, pese a que la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE), que tiene como objetivo garantizar la libre competencia y
concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las
prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al
funcionamiento eficiente de los mercados, expresó que es sobre regulatoria.
Esa es la diferencia entre un órgano autónomo
del Estado como la COFECE y uno de gobierno como es la CONAMER, que está atada
a las decisiones de sus superiores y, también, es omisa con los autorizados
comentarios de la Comisión Federal de Competencia Económica.
La COFECE sostiene en sus comentarios que a)
La regulación contenida en la NOM podría implicar duplicación de requerimientos
e incrementos en costos de cumplimiento normativo; b) Repetición en la
normativa que impone límites a la publicidad engañosa de servicios educativos;
c) Las obligaciones de información a los usuarios podrían ser ambiguas o
superfluas conforme al objetivo perseguido; y d) Requerir a las Unidades de
Inspección (UIs) el cumplimiento de la NMX-EC-17020-IMNC-2014 podría implicar
ventajas exclusivas a ciertos agentes en el mercado de Evaluación de la
Conformidad de la NOM.
Sobre el punto a), la COFECE dice que “la
prestación de los servicios educativos está también regulada por la autoridad educativa
y, como el propio proyecto señala, debe observar lo previsto en el artículo 3°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Educación (LGE) y las Leyes de educación de las entidades federativas,
Reglamentos y normatividad vigente emitidas por las autoridades educativas en
el ámbito de sus respectivas competencias”.
A raíz de este comentario de la COFECE donde
nos dice que ya existe una regulación y que insistir sería redundante, las
Instituciones Particulares de Educación consideramos que de publicarse el
Proyecto de Norma NOM 237, la Secretaría de Economía estaría poniendo en
entredicho la calidad del trabajo normativo y regulatorio que realiza la
Secretaría de Educación Pública e, incluso, dejar sentado un velo de corrupción
en la SEP porque su sistema de vigilancia no sirve, a pesar de que se ejerce en
todo el país.
O, lo que hicieron, fue incluir en una sola
canasta a las instituciones particulares de educación junto con las escuelas,
institutos y/o centros de formación que imparten clases de belleza, idiomas,
salud, ejercicio, formación para el trabajo y otros, que son totalmente ajenos
a nuestro servicio.
Para las Instituciones Particulares de
Educación es inquietante que la Secretaría de Educación Pública, de quien
dependen las políticas educativas del país, no defienda su esfera de
responsabilidad dentro de la administración pública, salvo que exista una colusión
intersecretarial para acabar con la educación de calidad en el país a través de
esta Norma impulsada por Alfonso Guati Rojo Sánchez, quien así nos lo demostró
desde el primer momento.
La afectación económica por el dispendio de
recursos económicos que no canaliza la SEP a las escuelas dependientes del
gobierno, ha provocado una disparidad en la calidad de estas últimas y la
decisión pareciera ser, tanto por la SE como de la SEP, en lugar de mejorar a
las escuelas del gobierno, perjudicar a las particulares para detener el
progreso de la sociedad y crear gente que mendigue los recursos federales que
provienen de nuestros impuestos que, prepararlos para un mejor futuro.
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