**Se modifica con esto el tratado de extradición y la FGR podrá vincularlo a proceso.
**La
imputación por desaparición forzada es un delito GRAVE que NO tiene derecho a
fianza.
**La
FGR ya dio visto a la FGE de Veracruz, quien extrañamente no ha iniciado el
proceso penal contra Duarte.
Ciudad de México | 30 noviembre 2021
Tribuna
Libre.- Luego
de un largo proceso diplomático y judicial que se extendió por casi tres años,
México finalmente obtuvo del gobierno de Guatemala la autorización para
cumplimentar una orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito
de desaparición forzada.
Dicha autorización era necesaria ya que el
país centroamericano extraditó en 2017 al exgobernador por delitos de
corrupción y lavado de dinero, y de acuerdo con el tratado firmado entre las
dos naciones se requería obtener la luz verde de Guatemala para detenerlo u
procesarlo por un delito distinto.
Sin embargo, pese a que ya transcurrieron
ocho meses de que se obtuvo este permiso el proceso penal por desaparición
forzada en contra de Duarte de Ochoa no se ha conseguido poner en marcha en
México. La orden detención no se ha cumplimentado y la audiencia inicial no se
ha podido llevar a cabo. La defensa de Duarte de Ochoa adelantó que impugnará
este nuevo proceso penal.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
comunicó que las autorizaciones de parte del gobierno de Guatemala para
proceder en contra de Javier Duarte por este delito se recibieron en dos
momentos: una respuesta parcial el 18 de diciembre de 2020 y la definitiva el
17 de marzo de 2021.
En el oficio UDT-7573/2021 obtenido a través
de una solicitud de transparencia, la SRE detalla que si bien el contenido de
los documentos enviados por Guatemala se considera información reservada y
clasificada por cinco años, es posible revelar que el sentido de la respuesta a
la solicitud ha sido positiva.
“La Dirección General de Asuntos Jurídicos
comunicó que las autoridades guatemaltecas correspondientes han otorgado al
Gobierno de México el consentimiento para a Excepción a la Regla de Especialidad
que permite que el señor Javier Duarte de Ochoa pueda ser juzgado por un delito
diferente al que ocasionó su extradición”, indica la dependencia federal.
Relaciones Exteriores agregó que el 19 de
marzo pasado comunicó oficialmente a la Fiscalía General de la República (FGR)
la autorización del gobierno guatemalteco para que se procediera en
consecuencia.
Sin embargo, hasta la fecha la orden de
aprehensión por el delito de desaparición forzada en contra del exgobernador de
Veracruz no ha sido ejecutada por agentes federales ni del estado de Veracruz.
Ello pese a que Duarte de Ochoa está plenamente localizable ya que se encuentra
recluido en el Reclusorio Preventivo Norte compurgando una condena de nueve
años de prisión por el delito de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Se sabe que el exgobernador de Veracruz
podría recuperar su libertad de manera condicionada luego de que ya cumplió la
mitad de dicha sentencia y a que no se ha puesto en marcha el proceso en su
contra por desaparición forzada el cual es un delito considerado como grave y
que amerita prisión preventiva automática.
Audiencias
pospuestas por la FGE de Veracruz.
Cuestionados sobre el por qué no se ha puesto
en marcha el proceso penal por desaparición forzada en contra de Duarte de
Ochoa, autoridades de la FGR indicaron que si bien esta dependencia participó
en el proceso de solicitud diplomática para la obtención de la autorización, la
carpeta de investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado de
Veracruz (FGE) ya que esa es la autoridad responsable de ejecutar la orden de
arresto y detonar el proceso.
Las autoridades federales indicaron que se
notificó oportunamente a la Fiscalía Estatal de Veracruz (FGE) sobre la
autorización de Guatemala. Refirieron que ya hubo un primer intento de
audiencia inicial pero la misma fue pospuesta.
La Fiscalía Estatal de Veracruz (FGE) guarda
silencio o no ha respondido nada sobre las acciones que se han tomado a partir
de la notificación de la FGR tras la autorización de Guatemala, así como la
razón por la cual no se ha cumplimentado la orden de aprehensión.
De acuerdo con fuentes con pleno conocimiento
del caso consultadas, son dos los intentos de audiencia inicial que se han
llevado a cabo en las últimas semanas ante un juez de la ciudad de México sin
éxito. Uno de esos intentos tuvo que posponerse por una alerta de riesgo de
covid-19 en el centro penitenciario y la segunda por un tema administrativo.
Cabe señalar que la audiencia inicial es
imprescindible para que el proceso penal pueda iniciar. En ella los fiscales le
darán a conocer a Duarte de Ochoa el delito que le imputan y cuáles son los
datos que prueban para sostener su posible participación en el mismo. Los
defensores, por su parte, pueden exponer los datos que consideren necesarios
para desvirtuar esa presunción inicial.
A partir de ello el juez decidirá si existen
datos iniciales suficientes que justifiquen la apertura del proceso en contra
de Duarte de Ochoa y fijará un plazo para que se concluyan las investigaciones.
Si esto sucede el exgobernador tendría que permanecer preso ya que el delito de
desaparición forzada podría ameritar una prisión preventiva justificada, sobre
todo al tratarse de un segundo procedimiento en su contra.
Las
desapariciones forzadas en Veracruz…
En mayo de 2018 una jueza penal del estado de
Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Duarte de Ochoa por su
presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Esto en agravio
de al menos uno de varios jóvenes, identificado como David Lara, que fueron
detenidos ilegalmente por policías estatales en 2013.
Las víctimas fueron detenidas por policías
estatales sin que existieran denuncias ni órdenes de aprehensión en su contra.
No fueron hechos aislados sino una operación sistemática a cargo de dos grupos
de la policía que se dedicaban a realizar estas detenciones ilegales. Todas las
víctimas fueron llevadas a la Academia de Policía de Xalapa y ya no se volvió a
saber de ellos.
Según las investigaciones oficiales, altos
mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, incluido el titular de la
dependencia Arturo Bermúdez Zurita, habrían participado en estos hechos. En
febrero de 2018 se implementó un operativo denominado “Tiro de Gracia” en el
que cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de 19 efectivos de esta
corporación.
Al avanzar las indagatorias los fiscales
establecieron que el entonces Fiscal del Estado quien operaba bajo las órdenes
de Duarte de Ochoa, Luis Ángel Bravo Contreras, había entorpecido las
indagatorias de estos hechos con la presunta intención de encubrirlos.
Concretamente que habría intentado ocultar y
alterar el hallazgo de 13 cuerpos en una barranca conocida como La Aurora, en
donde supuestamente eran arrojados los cadáveres de las víctimas de desaparición
forzada. El fiscal fue detenido en junio de 2018.
En ese contexto la Fiscalía Estatal de
Veracruz (FGE) determinó que Duarte también era corresponsable del supuesto
encubrimiento, ya que ordenó a su Fiscal General que no se informara del número
total de víctimas halladas en el referido terreno, situación que entorpeció el
esclarecimiento de los hechos.
“Se le atribuye (a Duarte) la calidad de
autor intelectual en el caso ya que compelió al entonces fiscal General del
Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a que servidores públicos desplegaran
acciones que entorpecieron la investigación de la desaparición forzada de David
Lara” indica la acusación de la Fiscalía.
(Prensa
Veracruz)
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