*Se debe hacer prevalecer penas justas a trasgresores de la ley, señala Ramón Díaz Ávila.
Xalapa, Ver | 10 diciembre 2021
Tribuna
Libre.- El
diputado Ramón Díaz Ávila presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que
prevé derogar el párrafo segundo del artículo 331 del Código Penal para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objetivo de modificar las
penas establecidas para los delitos en materia de extorsión, robo, despojo,
ultrajes a la autoridad, contra instituciones de seguridad pública y contra la
seguridad de la comunidad.
Al hacer uso de la voz, el representante del
Partido del Trabajo (PT) indicó que se debe estar a favor del derecho a la
dignidad humana; sin embargo, las sanciones establecidas en el mencionado
artículo pueden considerarse excesivas al imponer penas de cinco a siete años
de prisión por el delito de ultrajes a la autoridad.
“Es momento de valorar la pertinencia de la
vigente norma, ya que en el fondo pareciera que se pretende restringir
libertades, pretextando la lucha contra grupos delincuenciales, pero que en la
práctica ponen en riesgo las libertades y, por ende, los derechos humanos de
las y los veracruzanos”, señaló.
Ramón Díaz Ávila agregó que “la reforma a
este artículo ha provocado abusos de las autoridades, quienes, con los mínimos
elementos jurídicos, ponen a disposición de la autoridad a ciudadanos
indefensos que tienen como único medio de prueba su palabra”.
Además, dijo el Diputado, la parte acusadora
o autoridad en este tipo de delitos, la parte investigadora y el juzgador
pueden tener interpretaciones a libre albedrío, lo que pone al acusado
prácticamente en indefensión al pasar por tres instancias distintas; además,
debe prevalecer una penalidad acorde con la gravedad de los delitos que se
cometen, haciendo valer la aplicación justa de la ley.
Insistió en que debe preservarse el estado de
derecho de las y los ciudadanos e impedir que subsistan preceptos que limiten
sus libertades, por lo que puede evitarse la criminalización de las personas a
través de actos interpretativos y racionales, que motivan y alientan la
fabricación de delitos.
Para su estudio y análisis, la iniciativa fue
turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Se
adhirieron el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) y la diputada
de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán.
