A Lourdes la cuidaba BC
*El coordinador del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas indicó que los asesinatos de periodistas se concentran en Sonora, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Oaxaca.
Ciudad de México | 28 enero 2022
Tribuna
Libre.- (SinEmbargo).– Un
total de 495 periodistas son beneficiarios del Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de
Gobernación, la mayoría de ellos provenientes de la Ciudad de México, informó
Enrique Irazoque, coordinador de este instrumento con el que cuenta el país
desde 2012.
“No todos tienen medidas duras de protección
como sería una extracción, la generación de un servicio de escolta, pero con
base en los análisis de riesgo que tenemos, todos tienen mayor o menor riesgo y
es evidente que pueden acceder a los servicios del mecanismo. Lo cierto es que
también desde este sexenio hemos puesto en práctica la revisión de todos los
casos”, comentó Irazoque en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado
durante el programa Los Periodistas que se transmite por el canal de YouTube de
SinEmbargo Al Aire.
Cuestionado sobre cuál era el estatus de
Lourdes Maldonado, asesinada este fin de semana en Tijuana, el funcionario
federal indicó que el estado de Baja California tenía desde el 2021 la
protección de la periodista. “Nosotros siempre estuvimos en la apertura de
seguir en coordinación con el Mecanismo Estatal, pero nunca fue inscrita como
beneficiaria del Mecanismo Federal”, expresó.
Asimismo compartió que los asesinatos de
periodistas se concentran en Sonora, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Estado de
México y Oaxaca. En tanto, las entidades en donde hay más periodistas
beneficiarios del Mecanismo federal son: la Ciudad de México, Guerrero,
Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Sonora y Puebla. “Aquí no sumamos a las
personas desplazadas de los diferentes estados, estamos tomando en consideración
el origen de las personas”, precisó.
El coordinador del Mecanismo Federal
puntualizó que la protección de periodistas y personas defensoras de derechos
humanos es una obligación del Estado a través de todas sus autoridades de los
tres órganos de Gobierno. Recordó que este instrumento de protección nació con
la Ley Federal en 2012 con la intención de tener una política integral y
nacional en la materia.
“¿Qué fue lo que pasó? En 2012 transitamos
todavía por esta crisis de derechos humanos que hemos reconocido y que hemos
dicho uno de los componentes que refleja esa crisis de derechos humanos es el
aumento de agresiones a periodistas como de personas defensoras de derechos
humanos. El aumento de agresiones viene desde hace dos sexenios y los efectos
siguen perdurando”, señaló.
Irazoque mencionó que a la par del desarrollo
del Mecanismo las autoridades estatales y locales dieron “un paso atrás” en su
responsabilidad de garantizar la seguridad y cedieron estas funciones a la
Federación para resolver el tema. “Eso materialmente es imposible. La visión
que debe de imperar en temas tan importantes de derechos humanos como este es
la visión de Estado”, insistió.
En ese sentido, expresó que hay dos elementos
clave para atender los rezagos en la protección de periodistas y defensores de
derechos humanos. Uno, dijo, es contar con una política nacional de Estado para
que precisamente todas las autoridades hagan frente a la inercia de la gran
impunidad que hay, la cual rebasa el 90 por ciento en ambos casos, así como
“hacer un llamado respetuoso a todas las fiscalías, principalmente las
estatales, donde están la mayoría de las investigaciones para que puedan estar
al nivel de la exigencia de las víctimas”.
Enrique Irazoque mencionó que la mayoría de
los estados generalmente tienen una carencia de colaboración y coordinación en
las labores de protección, aunque destacó que en los últimos tres años se han
invertido a través del Mecanismo más de mil 200 millones de pesos en el
resguardo de periodistas y personas defensoras.
“Solamente en este año se ha anunciado el
presupuesto más alto de la historia del Mecanismo en sus 10 años de existencia,
se aprobó un presupuesto inicial de 388 millones de pesos que sumados a esos
mil 200 vamos a tener una erogación de recursos histórica sexenal para la
protección, pero evidentemente no es suficiente sino no tenemos a todo el demás
andamiaje del Estado trabajando junto con el Mecanismo para poder tener una
política pública integral y nacional”, dijo.
Irazoque precisó que el actual Gobierno
recibió el mecanismo con 758 personas y han integrado a más del 90 por ciento.
Dijo que actualmente tienen ahorita a mil 518 personas integradas al Mecanismo,
la mayoría de ellas defensoras de derechos humanos y los 495 periodistas.
“¿En qué se traduce todo eso? Dependiendo del
nivel de riesgo de cada caso es que puede ser mayor o menor las medidas que el
mecanismo puede prestar, tenemos más de 67 servicios de escolta proporcionados
lo que equivale a que el Mecanismo genera recursos para cubrir los servicios de
270 elementos de seguridad personal, tenemos 75 refugios de seguridad otorgados
a familias de periodistas de personas defensoras de derechos humanos y cuando
digo refugios de seguridad quiere decir que los tuvimos que extraer de las
entidades federativas ante las pocas posibilidades de darles garantías para
resguardar su vida”, refirió.
El funcionario de la Secretaría de
Gobernación dijo que entre el 40 y el 45 por ciento de las agresiones que
reciben los periodistas y personas defensoras provienen de las autoridades
locales. “Provienen principalmente de los municipios, no solamente hay
autoridades locales que no quieren proteger a los periodistas y personas
defensoras, sino que además son parte del problema”.
“El otro porcentaje que tenemos muy bien
identificado y esto con el testimonio de los periodistas y las personas
defensoras, sin lugar a dudas es el crimen organizado, el crimen organizado
establece también un porcentaje muy alto y a veces esa fuente de riesgo del
crimen organizado va acompañada con la coalición de autoridades municipales,
locales, que finalmente están en comparsa con estos grupos de la delincuencia y
generan en una amenaza muy latente”, precisó.
Dijo que de acuerdo a los perfiles, los
periodistas que más están en riesgo son aquellos que cubren las notas de
seguridad, corrupción, de nota política. Por otro lado, añadió, identificando a
las personas defensoras que más están en riesgo, son las que ejercen el derecho
al territorio, al medio ambiente, ya que se enfrentan en el terreno al crimen
organizado.
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