Xalapa, Ver | 11 marzo 2022
Tribuna
Libre.- Ante
el amparo otorgado a José Manuel “N”, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez
condenó los intereses de quienes no quieren que se sepa la verdad ni se le haga
justicia al excandidato René Tovar, su familia y la gente de Cazones.
“Muy lamentable que la mano negra del
influyentismo pervierta un proceso judicial”, señaló.
Aseveró que los defensores del presunto
responsable del abominable asesinato podrán decir lo que quieran, “pero para
los familiares y amigos de la víctima se han desenmascarado y aparecen como
verdaderas tapaderas”, mientras que ante la sociedad, “esos políticos caducos
quedan como los promotores de la injusticia de la que se beneficiaban sus
intereses particulares”.
Consideró que esto tuvo el amparo del poder
corruptor de la justicia, siendo deplorable la actitud del juez federal Jesús
Arturo Cuéllar Díaz, quien determinó, sin importarle las pruebas, que José
Manuel “N” sea un político intocable porque tiene amigos influyentes en el
Senado.
“Ahora resulta que son impunes por el
amiguismo y la corrupción que lamentablemente aún prevalece en algunos pocos
jueces del Poder Judicial de la Federación”.
En conferencia de prensa, el mandatario dejó
en claro que se ha mantenido respetuoso y al margen de las instancias fuera de
su competencia, pero debía informar al pueblo de Veracruz las perversidades de
un régimen caduco y venido a menos.
Con la aberrante decisión del juez federal se
dejan sin respuesta a cuestionamientos claves del homicidio que se ventilaron
en la audiencia pública de vinculación de Juan Manuel N por su presunta
complicidad en el asesinato del candidato de MC.
Por
ejemplo:
1. El juez federal no quiso que el imputado
aclarara qué hacía en la zona del homicidio.
2. Queda sin responder por qué se trasladó un
día antes del homicidio a esa zona como se acreditó en la audiencia y cuya
presencia fue confirmada por él mismo ante el juez del caso.
3. Y el punto clave: Juan Manuel N deberá
explicar por qué iniciaron los trámites de sustitución del candidato antes de
que lo mataran. Repito: ¿cómo sabía que algo le iba a pasar al candidato que
iniciaron su sustitución antes de su muerte?
Porque cabe señalar que existen pruebas de
este hecho clave en la documentación que se presentó ante el órgano electoral y
estuvieron en manos de Juan Manuel N, pues fue quien operó dicha sustitución.
4. Por si eso fuera poco, queda sin aclarar
por qué tramitaron la sustitución del candidato asesinado por su coordinador de
campaña, si legalmente a este no le correspondía. Y además, el sustituto
propuesto resultó ser otro presunto cómplice del homicidio ¿Quién en su sano
juicio propone como sustituto al cómplice del asesinato?
5. Hay indicios de que en días previos el
coordinador de campaña intentó sobornar al candidato para que aceptara varios
millones de pesos que un grupo delictivo le enviaba ¿qué sabe Juan Manuel N al
respecto? ¿fue parte de la negociación con el grupo delictivo y por ello
decidió sustituirlo por el mismo coordinador de campaña?
6. Por qué el presunto responsable Del Río N
amenazó a familiares de la víctima y correligionarios con las palabras
“¿quieren otro muerto?” en la reunión donde él decidió que el sustituto sería
el coordinador de campaña antes de la elección y poco después del asesinato de
René Tovar.
7. Por qué el Presidente Estatal del partido
Movimiento Ciudadano señaló que quien operó la sustitución del candidato
asesinado fuera de estatutos y procedimientos del partido fue Del Río Virgen.
8. ¿Qué pasó con los millones de pesos que el
coordinador de campaña le llevó al candidato cuando lo intentó sobornar? ¿Quién
se los quedó?
9. La detención de Juan Manuel N se hizo con
orden de aprehensión liberada por un juez, no por ultrajes, sino por homicidio
doloso calificado con pruebas que lo hacen sospechoso y presunto responsable de
complicidad después de 6 meses de investigación. Se demostró que no se violaron
sus derechos ni se inventaron pruebas.
Todas las consideraciones para ser señalado
como presunto culpable fueron probadas en la audiencia de vinculación por parte
de la fiscalía por lo que el juez del caso decidió vincular a proceso al
presunto responsable.
Todas las afirmaciones de la fiscalía respecto
a su presencia en la zona de los hechos, su participación en la reunión
cónclave de sustitución, las reuniones previas con el coordinador de campaña,
un documento de su puño y letra, etc., fueron reconocidas por el mismo imputado
como ciertas ante el juez en la audiencia pública de vinculación, al grado tal
que uno de sus abogados le recomendó de que mejor ya no hablara.
El delito de homicidio doloso calificado
tiene la medida cautelar de prisión preventiva. La Fiscalía no inventó las
pruebas y las demostró ante el juez del caso en presencia de 8 abogados
defensores del presunto responsable. No hay ninguna violación al proceso
judicial.
Por todo lo acontecido, queda este último
cuestionamiento: ¿Qué intereses siniestros tras este abominable asesinato quieren
ocultar los defensores de los presuntos responsables?
(Prensa
Veracruz)
