La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sean liberadas las personas detenidas desde el 12 de marzo de 2021 en Veracruz

*El máximo tribunal del país declaró la invalidez del delito de ultrajes a la autoridad mediante una sentencia con efecto retroactivo al 12 de marzo de 2021.

*La resolución de la Corte se dio este martes, al continuar el análisis del recurso las 59/2021 y su acumulado 66/2021, presentados por los diputados del Congreso veracruzano, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de esa entidad, en contra del delito de ultrajes a la autoridad. 

                                                         Ciudad de México | 02 marzo 2022

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Tribuna Libre.-  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sean liberadas las personas detenidas desde el 12 de marzo de 2021 en Veracruz, por el delito de ultrajes a la autoridad.

La resolución de la Corte se dio este martes, al continuar el análisis del recurso las 59/2021 y su acumulado 66/2021, presentados por los diputados del Congreso veracruzano, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de esa entidad, en contra del delito de ultrajes a la autoridad.

“En consecuencia, la declaratoria de invalidez se propone que surta efecto retroactivo al 12 de marzo del 2021, fecha en que ese ordenamiento legal entró en vigor a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Veracruz”, avaló el Pleno.

Además, ordenó que, para su eficaz cumplimiento, se notifique de este fallo al gobernador Cuitláhuac García, al Supremo Tribunal de Justicia local, así como a los tribunales colegiados en materia penal del Séptimo Circuito.

También, a los tribunales unitarios del Séptimo Circuito, a los juzgados del Distrito, al Centro de Justicia Penal Federal y a la Fiscalía General local.

Y es que la víspera, la Corte determinó con 10 votos a favor y uno en contra, la inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, sobre el referido delito de ultrajes a la autoridad, al considerar que es violatorio a los derechos humanos.

“Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, se resalta en el artículo.