Xalapa, Ver | 01 marzo 2022
Tribuna
Libre.- Finalmente,
después de darle vueltas y vueltas al tema el Congreso de Veracruz debió
emplear una faramalla para tapar la ineficiencia de la Fiscalía General del
Estado.
Y es que sesionar en domingo, al cuarto para
la hora, y no ser “sancionados” por el Senador de la República o por la misma
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y hacer ajustes al artículo 331
del Código Penal de Veracruz en el que se tipifica el delito de ultrajes a la
autoridad, resultó ser el ardid más vil y corriente que pudieron emplear los
legisladores.
Es evidente, que al interior del grupo
legislativo de Morena no existe el acuerdo, ni se estaba a favor de no derogar
el delito, sabían que el delito estaba mal, pero reconocer el error es lo mismo
que señalar directamente la incompetencia de una Fiscalía que ha actuado como
brazo ejecutor del Poder Ejecutivo para poder eliminar del tablero político a
los rivales más acérrimos.
Es así como contraviniendo las
recomendaciones de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y empleando
la Litis en el sentido de que el delito encuentra símiles en 18 códigos penales
estatales, el mismo, debía ser reformado más no derogado.
Avalando con ello, el empleo de un delito
considerado inconstitucional por la misma SCJN, pues, la razón absurda de su
uso, se basa en garantizar el respeto a las autoridades policiales, que en
muchos casos con uso de la fuerza, violando toda garantía, detienen a los
ciudadanos, sin que medie de por medio delito y mucho menos orden judicial para
ello.
Así, en un teatral montaje, los elementos de
seguridad, aluden “ultrajes a la autoridad” ante cualquier incidente, ya sea
verlos feo, sacarles la lengua, o incluso llegarles a mentar la madre, algo que
ha quedado demostrado, puede ser causal de traumas tan severos que los
elementos uniformados, por más que vayan armados hasta los dientes,
aparentemente, se vuelven vulnerables con una simple mentada de madre.
La determinación asumida por 33 de los 48
diputados que emitieron su voto a favor, quedará como evidencia, de que con tal
de salvarle la plana a los inútiles que embarcaron al mismo Gobernador,
Cuitláhuac García Jiménez en este escándalo, habrán de asumir el costo político
de tan obtusa y absurda decisión.
El no llamar a cuentas a la Fiscal General,
Verónica Hernández Giandáns como única responsable de la ineptitud en el
desempeño de su función al fundar los dichos del mismo gobernador García
Jiménez –a quien han hecho salir a declarar- que por este delito podrían salir
cientos de líderes y delincuentes del crimen organizado, es tanto o más como
admitir, que no hicieron bien su trabajo.
Las integraciones de las carpetas de
investigación contra criminales de este calibre no pueden ser fundadas en el
supuesto de “ultrajar a la autoridad”, o será más bien que no quieren admitir,
que, con el mismo justificante, encarcelaron a todos los opositores políticos
que hoy están en prisión.
La faramalla armada es la confirmación de que
cuando la incapacidad, el desconocimiento, y la ineficiencia gobiernan, la
sociedad paga las consecuencias, pero también registra los graves errores que
tarde o temprano Morena y sus aliados habrán de pagar.
astrolabiopoliticomx@gmail.com
Twitter: @LuisBaqueiro_mx
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