* Botón de muestra: el chivo expiatorio del caso Mollinedo * Verónica Hernández inventa asesinos * Otros fiscales que se coludieron pero no los toca * En medio del escándalo, Ramos Alor deja Sesver * 100 mil desaparecidos * 31 por ciento en el obradorismo * Los mirreyes de Morena en el Azteca
Mussio Cárdenas Arellano | 25 mayo 2022
Tribuna
Libre.- Espuria
y perversa, esta fiscal se regodea inventando asesinos, fabricando
delincuentes, construyendo historias sin sustento legal. Y cuando le imputa a
Antonio de Jesús “N” el crimen de dos periodistas, detona protestas, la
coartada se cae y lo tiene que soltar.
Acá y allá sonó el estruendo. Un balazo en el
pie. Un balazo que hizo retumbar Veracruz. Hizo arquear los ojos de Andrés
Manuel, los de Rocío Nahle, los de Adán Augusto y de la recua en general.
Verónica Hernández Giadáns, la susodicha fiscal, creó un chivo expiatorio, se
armó el escándalo, no pudo sostener la versión del crimen y tuvo que recular.
Allá, en Xalapa, había jolgorio y jauja,
fiesta y elogio. Cuitláhuac García, esa cosa que dice gobernar Veracruz,
exaltando el trabajo de la fiscal. Celebraba la aprehensión de un inocente,
hecho pasar por asesino. Justicia para las periodistas asesinadas y castigo
para el sicario.
A Antonio de Jesús “N” se le mostró con las
manos esposadas, con los ojos ocultos, escoltados por dos agentes de la
Coordinación Nacional Antisecuestro, imputado de ser el autor material del
asesinato de Yessenia Mollinedo Falconi, directora de la cuenta de Facebook El
Veraz, y su compañera, Sheila Johana García Olivera, la camarógrafa.
“El Mara”, el alias con que lo identificó el
gobierno morenista, les habría dado muerte descargando el arma, segándoles la
vida. Sus cuerpos inertes se hallaron en el interior del vehículo compacto, un
Ford Fiesta color gris, tres impactos sobre Johana, uno en la sien de Yessenia.
Y entonces llegó la reacción.
Xalapa se crispó. Salió a las calles la
familia de Antonio de Jesús, sus compañeros de escuela, quienes laboran con
Jesús Antonio en Rappi, la empresa de reparto de alimentos.
Alzaron la voz los amigos, los estudiantes
del Instituto Tecnológico de Xalapa, los que conocían su conducta, los que
nunca supieron que Antonio de Jesús hubiera llevado por apodo “El Mara”.
Aquel 9 de mayo, a las 15:20 horas, Antonio
de Jesús se hallaba en Xalapa, capital de Veracruz, en su empleo. El crimen se
cometía a esa hora, en Cosoleacaque, 370 kilómetros al sur de la entidad.
Antonio de Jesús no tiene el don de la
ubicuidad. Pero Verónica Hernández Giadáns, la fiscal espuria, tiene una
sobrada perversidad. Y Cuitláhuac es el cómplice de sus transgresiones a la
ley.
La defensa de Antonio de Jesús se dio en las
calles, en las plazas, frente al palacio de gobierno. Le daban seguimiento los
medios, la prensa, las redes sociales, advirtiendo la ira, la exigencia, el
llamado a rectificar, exhibiendo la pifia, el montaje, la arbitrariedad.
Y en un instante el montaje se derrumbó.
Días antes, Cuitláhuac se regodeaba
anunciando que ya se tenía acreditada la línea más sólida de investigación. Su
secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, exaltaba que gracias
a los videos en cámaras de seguridad en negocios aledaños al lugar del crimen
pudo establecerse la ruta tomada por el par de sicarios tras el crimen y su
seguimiento.
Y minutos después de la captura, Cuitláhuac
García advertía que se había ejecutado una orden de aprehensión expedida por un
juez contra Antonio de Jesús, alias “El Mara”.
Y entonces el arcoiris se desvaneció.
Hubo una avalancha de testigos advirtiendo
que Antonio de Jesús, el estudiante, el repartidor de comida rápida, se hallaba
en Xalapa a la hora del crimen. Y así recuperó su libertad.
Si fue una arbitrariedad acusarlo del crimen,
la excusa de la Fiscalía es peor: lo confundieron con otro Antonio de Jesús,
ese sí “El Mara”, delincuente que opera en las inmediaciones de Veracruz
Puerto. Era, según el bailarín de cantina metido a gobernador, un homónimo.
El episodio es grotesco pero común en el
Veracruz de Cuitláhuac García. A los inocentes se les imputan delitos. A los
delincuentes se les rinde pleitesía. A los narcos se les protege.
Hay lagunas que persisten en la aprehensión
de Antonio de Jesús, el estudiante del Tec de Xalapa. Se ha ocultado su
reacción. No se ha revelado qué declaró entre el momento de la captura y su
traslado al penal Duport Ostión, en Coatzacoalcos, donde quedaría en manos de
un juez.
¿Acaso reconoció haber sido el autor del
doble crimen, amedrentado por los agentes ministeriales, cuya práctica es la
violencia, la intimidación, arrancando confesiones ilegales?
Antonio de Jesús la libró. Otros inocentes,
no. Su caso deja huella del actuar de Verónica Hernández Giadáns en la mecánica
para inventar delitos y fabricar culpables, crear escenarios de ilegalidad y
atestar las cárceles con los perseguidos del régimen.
Extraída de una notaría pública en San Andrés
Tuxtla, Verónica Hernández brincó a la cantera de funcionarios a modo del
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, cuyas marrullerías van desde la
amenaza a periodistas, persecución a alcaldes, al exceso de poner a la
presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín en manos del crimen
organizado y luego ser levantada y asesinada, y ser señalado en un video como
protector del Cártel de Sinaloa. A ese clan pertenece la fiscal.
¿De dónde le viene lo espuria? Verónica
Hernández Giadáns llegó al cargo violando la ley. Se le vio arropada, cobijada,
impuesta por el líder del Congreso, líder de la mayoría morenista, Juan Javier
Gómez Cazarín, que en un asalto a la norma, sin plantear haber logrado la
destitución del entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz ante el pleno de la
Legislatura, lo hizo en la Comisión Permanente y así la convirtió en fiscal. A
partir de ahí la foto con el gobernador, con Rocío Nahle, con Cisneros, con
Gutiérrez Maldonado. Todo el poder… para joder.
Lo chueco, pues, viene de origen. Llegó al
edificio de la Fiscalía acuerpada por policías. Y a partir de ahí, las
aprehensiones de políticos rivales, la invención de delitos, los juicios
viciados por la complicidad de jueces serviles que también gustan de
transgredir la ley.
De ahí, la aprehensión del ex secretario de
Gobierno, Rogelio Franco Castán, violando un amparo, imputándole ultrajes a la
autoridad, cuyas agravantes serían declaradas inconstitucionales por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Una vez que a Franco le concedieron su primer
amparo, le endilgaron tres delitos más. Ahí se acredita su condición de preso
político.
Con otros fue igual. Nicolás Ruiz Rosete,
entonces candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Minatitlán,
terminó en la cárcel por una acusación de privación de la libertad.
A Gregorio Gómez, candidato de la alianza
opositora a la presidencia municipal de Tihuatlán, le atribuyen la autoría
intelectual del crimen del esposo de la ex diputada perredista, Azucena
Rodríguez, quien paró en la cárcel días de haber concluido su función
legislativa.
A José Manuel del Río Virgen, ex secretario
técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, le imputan el crimen
del ex candidato de Movimiento Ciudadano en Cazones, René Tovar Tovar. También
ganó un amparo, pero la fiscal espuria se inconformó y recurrió la decisión.
En Del Río Virgen se acredita una venganza.
Su jefe político, el senador morenista Ricardo Monreal denunció y acreditó el
abuso del delito de ultrajes a la autoridad en seis jóvenes xalapeños. Fueron
liberados pero Cuitláhuac García lanzó la maquinaria contra el amigo de
Monreal.
La fiscal es perversa y de piel delgada.
Cuando compareció ante el Congreso de Veracruz, en enero de 2022, le irritó
escuchar la dimensión de su obra: tiene en prisión a 2 mil 400 inocentes por
ultrajes a la autoridad. Se lo restregó la diputada de Movimiento Ciudadano,
Ruth Callejas.
Ese día, Verónica Hernández Giadáns le llovió
y quiso empatar la serie. Si ella es arbitraria, otros fiscales también. Los
anteriores se coludían con la delincuencia, dijo. Los anteriores pactaban.
Es cierto. Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal
del duartismo, paró en la cárcel acusado de desaparición forzada. Hoy está
libre. El gobierno de Cuitláhuac, la fiscalía de Verónica Hernández, lo dejaron
pasar cuando un amparo lo favoreció.
Otro fiscal, el regional de Coatzacoalcos
durante el yunismo, Ricardo Morales Carrasco, dispensó la autopsia de Bernardo
Cruz, brazo derecho de Hernán Martínez Zavaleta, alias Comandante H, jefe de
plaza de Los Zetas. Fue destituido al estallar el escándalo. Nadie le aplicó la
ley.
Encarcelar se le da a Verónica Hernández
Giadáns. Sobre todo a los inocentes. Así lo hizo con Antonio de Jesús, el
estudiante. Le imputó el crimen de las periodistas en Cosoleacaque y ante las
protestas, la inconsistencia, la coartada se cayó y lo tuvo que soltar.
Digna fiscal espuria de un gobierno criminal.
Archivo muerto
Ya puede seguir dándole a las tumbas, al
salsa, a los ritmos de su Puerto Rico querido. Ya se fue Roberto Ramos Alor de
un gobierno en el que nunca debió estar. Deja la Secretaría de Salud en un
momento coyuntural, entre señalamientos de medicamentos embodegados y
acusaciones de corrupción; 884 mil medicamentos para enfermos de cáncer que
dice la senadora panista Indira Rosales San Román están a punto de vencer; el
escándalo que detonó el diario Reforma sobre Veracruz y Tabasco, donde gobierna
Morena, donde se le tiene desprecio a la salud; o cuando el tema del contrato
por 41 millones de pesos a Kosmos, empresa que apareciera en la investigación
Pandora Papers, le quema las manos a los alfiles de Cuitláhuac García y su
primo Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de Finanzas de Veracruz, con una
averiguación en el Congreso federal que amenazaba con enviar a la cárcel a
Ramos Alor por repetir el esquema de Javier Duarte y la simulación de pagos
para luego desviarlos. Como se quiera ver, al renunciar Ramos Alor sirvió como
distractor aunque de magra efectividad. Dejó Sesver y los escándalos siguen y
seguirán, los de los medicamentos caducos, los del contrato a Kosmos. Renuncia
incluso cuando la pifia de la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, con
el chivo expiatorio del crimen de la periodista Yessenia Mollinedo Falconi y su
compañera Sheila Johana García Olivera, coloca al gobierno de Cuitláhuac García
como un régimen criminal. Fue el fusible, se fundió, lo reemplazan y que todo
siga igual. Ya se le verá a Roberto Ramos Alor dedicado a lo suyo, a la neumología
pediátrica, y a las tumbas, la salsa y los ritmos de su querido Puerto Rico…
Más de 100 mil desaparecidos en México, oficialmente, y el 31 por ciento
corresponden a la era López Obrador. Más de 100 mil desaparecidos en 60 años y
la tercera parte de ellos ocurre en el régimen de la superchería llamada Cuarta
Transformación. Sólo de diciembre de 2018 a la fecha, la cifra de desaparecidos
suma 31 mil 705. O sea, los 42 meses del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador. Son cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas, que opera la Comisión Nacional de Búsqueda. Son cifras que han
hecho reaccionar con un posicionamiento crítico a organizaciones como
Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y el Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, exigiendo acciones del gobierno de López Obrador. Y han
endurecido la postura de por lo menos 60 colectivos en todo México por el
fracaso en las políticas públicas, si es que las hay, de gobiernos que no han
parado la tragedia en que viven miles de familias. La pregunta que se formula
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, es: “¿Cuántos y cuántas más
para que se diseñe una verdadera Política Nacional para Prevenir y Erradicar
las desapariciones como lo recomendó el Comité de Derechos Humanos de la ONU?”.
Son cifras aterradoras que se disparan en el sexenio del panista Felipe
Calderón Hinojosa y que son alarmantes en el de Andrés Manuel López Obrador. Y
eso que no todas las desapariciones se denuncian… No hay dinero en las arcas
pero los Mirreyes del Bienestar se van al Azteca. No hay agua en Coatzacoalcos
pero la nueva runfla sigue al América, en día laborable. No despega el
ayuntamiento, hay más proyecto que realidad, y la nueva pandilla juvenil ya se
da vida de oropel. “Con el erario público y viáticos del Ayuntamiento —dice un
reportero interno del ayuntamiento— Jessy Ramos (la multipartidos que ahora es
rectora del festejo de los 500 años de la fundación de la Villa del Espíritu
Santo en lo que hoy es el municipio de ¡Ixhuatlán del Sureste!); Jocelyn López
Rivera, directora de la juventud Ayuntamiento” (la que supuestamente vela por
los intereses de los jóvenes) “y demás gente cercana a Samuel Ordaz disfrutan
entre semana del partido de liguilla del América”. Balconean al oficial mayor,
Humberto Díaz Bautista, que ya no es un chamaco; a Marco Mandujano, hijo del
jefe del Taller de Mantenimiento, posición de Samuel Ordaz, secretario del
ayuntamiento y tácitamente vicepresidente municipal; Víctor Cruz Romero, alias
Kalimba, operador electoral del ex alcalde Iván Hillman y de su otro yo,
Mariano Moreno Canepa, y Reynol Hernández, encargado de eventos del regidor
Gersaín Hidalgo, antiguo valet y chofer de Mili Chagra durante el fidelato.
“Todos ellos de vacaciones mientras la ciudad está sin agua”, dice el reporte.
El viaje presuntamente lo promovió el acaudalado líder del sindicato de
empleados municipales, Gersaín Hidalgo Cruz. Algunos de los turistas viajaron
con viáticos emanados del erario. Entre los mirreyes destaca la favorita del reino,
Jessy Ramos, joaquinista, marcelista, yunista azul, que en tiempo récord rebasó
y dejo atrás a la familia Morena. Cinco meses y esto ya pinta mal: un concurso
con un logo plagiado, medio año sin un arranque real, Coatzacoalcos sin agua y
los Mirreyes del Bienestar haciendo turismo cultural y escapándose al estadio
Azteca, le vayan al América o no. Como en los tiempos de Marcelo Montiel y con
los herederos del marcelismo disfrutando las mieles del poder…
mussiocardenas_arellano@hotmail.com
https://mussiocardenas.com/informe-rojo/116653/una-fiscal-espuria-en-un-gobierno-criminal
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