*El legislador Ramón Díaz presenta una propuesta para exhortar a la presidenta del Poder Judicial a que informe sobre estos casos.
Xalapa, Ver | 15 junio 2022
Tribuna
Libre.- El
diputado del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila presentó ante el Pleno
de la LXVI Legislatura un Anteproyecto con Punto de Acuerdo para que este
Congreso exhorte, respetuosamente, a la presidenta del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura en el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, magistrada Isabel Inés Romero Cruz, informe a este Poder sobre el
estado actual y jurídico que guardan los expedientes de ciudadanos veracruzanos
procesados por el delito de ultrajes a la autoridad.
En su intervención durante la quinta sesión
ordinaria, el legislador recordó que desde el pasado 28 de febrero el delito de
Ultrajes a la Autoridad fue derogado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), por lo que –consideró- es necesario que la sociedad conozca la
situación jurídica de las personas que fueron procesadas por este ilícito.
“Sería irresponsable y falto de ética pensar
que los jueces hayan variado el tipo penal por el que fueron procesados con el
propósito de mantener en prisión a las personas que en su momento fueron
acusadas y recluidas, cuando este delito ya no existe en Veracruz”, aseveró.
El diputado, quien ocupa la secretaría de la
Comisión Instructora y la vocalía de la Comisión de Vigilancia, externó que si
los jueces de control del Poder Judicial siguen sin acatar la determinación de
la SCJN caen en desacato de un mandamiento del Máximo Tribunal del país,
“omisión que los lleva a una responsabilidad penal”, agregó.
Por otra parte, expuso que en las cárceles de
la entidad están recluidos ciudadanos y ciudadanas que, en su momento, fueron
imputados o imputadas por el delito de Ultrajes a la Autoridad de parte de la
Fiscalía General del Estado (FGE) y los Jueces otorgaron la prisión preventiva
por éste delito, hoy derogado.
Lo anterior, dijo el legislador, ha derivado
en una falta de motivación jurídica por parte de los jueces de control y los
fiscales, toda vez que la SCJN analizó éste tipo penal a profundidad,
concluyendo que debía derogarse.
Al Anteproyecto se adhirieron las diputadas
Anilú Ingram Vallines, Maribel Ramírez Topete, Citlali Medellín Careaga,
Jéssica Ramírez Cisneros y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre; los diputados
Juan Enrique Santos Mendoza y José Luis Tehuintle Xocua, así como el Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).
