* En 2016, Rocío exigía ser “ciudadana veracruzana” * El OPLE la paró * El TEV le siguió el juego * Que la Suprema Corte resuelva * Nuevo invento de AMLO: fuerza especial antihomicidios * Reyes Peralta va por Winckler * Y luego por Chiquiyunes y Fernando * Gersaín, el servil * Seis semanas y el cargo para Roberto Pérez no llega
Mussio Cárdenas Arellano | 08 agosto 2022
Tribuna
Libre.- Si
no hubiera sido ingeniero, sería escultora. Pero de las malas. Por seis años,
Rocío Nahle moldeó, urdió, le dio forma a la Ley Nahle, su engendro legal para
alcanzar la gubernatura de Veracruz. Y le salió un adefesio.
Tocó el barro. Lo hizo girar. Hundía los
pulgares y las palmas, hasta saber que su obra —un parche a la Constitución
local— debía ver la luz. Ya cocinada en el Congreso de Veracruz, seis años
después, resultó asqueante por abusiva y parcial.
La Ley Nahle es una copia, una calca, de los
argumentos usados por la secretaria de Energía en 2016, intentando que los
órganos y tribunales electorales le reconocieran condición de “ciudadana
veracruzana” sin serlo.
Invocaba sus 30 años residiendo en Veracruz,
procedente de su natal Zacatecas.
Esgrimía ser madre de dos hijas nacidas en
Veracruz.
Hasta hacía referencia al marido jarocho, el
nada célebre José Luis Peña Peña.
Y una definición clara: tener el estatus de
“ciudadana veracruzana para votar y ser votada para el cargo de gobernadora del
Estado de Veracruz”. Para el diván del psiquiatra.
Todo consta en el expediente JDC 21/2016,
promovido por Norma Rocío Nahle García, dentro del juicio para la protección de
sus derechos políticos que interpuso ante el Tribunal Electoral de Veracruz
luego que el Órgano Público Local Electoral la bateara.
Su adefesio, la Ley Nahle que la diputada
Magaly Armenta Oliveros promovió en el Congreso, incorporó el elemento de los
hijos nacidos en Veracruz para permitirle ser candidata y que los aspirantes no
nacidos en tierra jarocha acreditaran residencia de cinco años algo que era
requisito solo para los veracruzanos por nacimiento.
Chipotuda, cacariza, la Ley Nahle puede pasar
los filtros donde Morena tiene poder y avasalla, pero en lo técnico-jurídico,
en lo ético, en lo moral, se enfila al juicio inapelable de una Suprema Corte
de Justicia de la Nación que tiene en su haber un rosario de sentencias en
contra de las reformas ilegales que suele aprobar la recua obradorista en el
Congreso de Veracruz.
Allá, donde los ministros hacen su nido, se
verá si los seis años de espera le habrán de cuajar o no a la obsesiva y ruin
Rocío Nahle, la bien llamada recaudadora de Andrés Manuel.
No bien pisaba San Lázaro, cuando ya la
matrona del morenismo veracruzano, entonces diputada federal por Coatzacoalcos,
tenía una fijación: el gobierno de Veracruz.
Coordinaba la fracción parlamentaria de
Morena desde septiembre de 2015 y cada que podía armaba un show. Se trepaba a
la tribuna. Lucía disfraz de petrolera, casco con emblema de Pemex, como si
realmente hubiera permanecido algo de tiempo en la nómina de la empresa
(im)productiva del Estado, y le daba con todo al prianismo.
A los cinco meses, Nahle sacó las uñas.
Tramitó una consulta ante los órganos electorales para saber si en los términos
en que estaba concebida la Constitución local, ella por ser del mero Río
Grande, Zacatecas, podría ser candidata al gobierno de Veracruz.
Tramitó dos oficios de consulta a Alejandro
Bonilla Bonilla, presidente del OPLE, los días 8 y 16 de enero de 2016, con una
audacia sin par y ostentándose con “ciudadana veracruzana” y exigiendo que el
órgano electoral le garantizara sus derechos para aspirar a la candidatura.
En dos ocasiones hace referencia a sus 30
años residiendo en suelo veracruzanos —Coatzacoalcos, concretamente— y en una
de ellas refiere que tiene un marido veracruzano —Pepe Peña— y dos hijas
nacidas en Veracruz.
Uno de sus argumentos dice:
“¿La peticionaria, con una residencia de más
de treinta años en esta entidad federativa, solicita que este H. Consejo
General garantice sus derechos político electorales, como ciudadana veracruzana
para votar y ser votada para el encargo de gobernadora del Estado de
Veracruz?”.
Otra:
“¿Qué recursos jurídicos serían necesarios
promover, siendo ciudadana no nacida en Veracruz, pero con más de treinta años
de residencia en este Estado, casada con veracruzano con dos hijas nacidas en
Veracruz, para ser candidata a Gobernadora?”.
Y uno más:
“¿Cómo garantiza este H. Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano mis derechos políticos electorales, como
ciudadana veracruzana para votar y ser votada para el cargo de gobernadora del
Estado de Veracruz?…”.
Obvio, recibió una respuesta tan ambigua del
presidente del OPLE, remitiéndola al contenido de seis artículos de la
Constitución de Veracruz, que se fue a los tribunales. Ahí interpuso —febrero 7
de 2016— el juicio para la defensa de sus derechos políticos.
Fue el primer peldaño de una larga escalera
que habría de subir. El Tribunal Electoral de Veracruz determinó que el
presidente del OPLE carecía de facultades para remitirle una respuesta pues esa
era facultad del consejo general y que careció de congruencia al no dilucidar
si Nahle podría aspirar a ser candidata a gobernadora de Veracruz habiendo
nacido en Zacatecas.
Ahí comenzó la magia. Era 2016. En su
resolución —febrero 29—, determinó ejercer la jurisdicción y se aventó una
interpretación de escándalo.
Textualmente, el TEV señaló:
“Se concluye que para ser Gobernador del
Estado basta con ser ciudadano veracruzano con cinco años de residencia
efectiva en la entidad anteriores a la elección. Es decir, que podrán contender
para el referido cargo quienes hayan nacido en el Estado o sean hijos de padres
veracruzanos, así como cualquier ciudadano mexicano siempre y cuando cuente con
una residencia efectiva en la entidad de cinco años anteriores a la elección”.
La pifia fue fenomenal y Rocío Nahle lo percibió.
El TEV señaló que “cualquier ciudadano mexicano” puede aspirar al gobierno de
Veracruz “siempre y cuando cuente con una residencia efectiva en la entidad de
cinco años anteriores a la elección”.
Eso no lo dice la Constitución de Veracruz,
que exigía “ser ciudadano veracruzano con cinco años de residencia efectiva en
la entidad anteriores a la elección”. Así de jodido el tribunal.
¿Qué movió a Rocío Nahle a interponer ese
juicio para la defensa de sus derechos políticos, cuando que la candidatura de
Morena estaba amarrada para Cuitláhuac García?
Tres semanas después —20 de marzo de 2016—,
Rocío Nahle le alzaba la mano a Cuitláhuac mientras era registrado ante el OPLE
como candidato al gobierno de Veracruz, elección que perdió.
¿Por qué Nahle ya no le movió al tema? Sabía
que la interpretación del TEV era una imbecilidad jurídica que no soportaría la
prueba del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Dos años más tarde, en 2018, Morena tuvo
mayoría en el Congreso de Veracruz pero difícilmente podría cuajar la reforma
legal que le permitiera a los no nacidos en la entidad ni ser hijos de
veracruzanos cumplir con el requisito para contender por la gubernatura.
El caso Winckler evidenció en dos ocasiones
que Morena tenía asegurada la mayoría calificada pero le fallaban los aliados.
Pero llegó 2022. Y ahora Morena es una
aplanadora.
Seis años después, la Ley Nahle, impuesta por
la bancada de Morena y aliados, permite que los no nacidos en la entidad pero
con hijos veracruzanos y con cinco años de residencia, puedan contender por la
gubernatura. Un traje a la medida de Rocío Nahle.
Los argumentos de Rocío Nahle en su alegato
ante el OPLE y el TEV, en 2016, es lo que finalmente se plasmó en la reforma a
la Constitución de Veracruz, en 2022.
Hay juristas, como Fidel Ordóñez, que
advierte la violación al procedimiento: se debió presentar en dos sesiones
ordinarias no consecutivas, no en una extraordinaria.
Otros aducen que la ley Nahle debió
presentarse en período ordinario del Congreso de Veracruz, no durante el receso
legislativo.
Sergio Gil Rullán, líder estatal de
Movimiento Ciudadano, advierte que la reforma es regresiva. Los padres dan
oriundez, los hijos no.
Y así los vicios que deberá analizar la
Suprema Corte y determinar si es inconstitucional.
Seis años esculpiendo la Ley Nahle y resultó
un adefesio.
Archivo muerto
Ya le cayó el 20. La violencia, así como la
enfrenta, no va a parar. Y sin admitir que los “abrazos, no balazos” son un
fracaso, Andrés Manuel saca del sombrero un nuevo conejo: la fuerza especial
antihomicidio. Oficialmente se le denominará Comisión Interna para la Atención
del Delito de Homicidio Doloso y en ella aglutinará a un cuerpo de élite de la
Guardia Nacional, los titulares de las policías estatales y municipales,
fuerzas ministeriales, cuya información teóricamente servirá para prevenir,
investigar y sancionar a quienes incurran en homicidio doloso. La información
se conoció luego que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó
el proyecto ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y fue difundida por
el periódico El Universal. Casi cuatro años después —44 meses—, el presidente
intenta taponar el boquete. Hasta junio de 2022, van casi 120 mil homicidios
dolosos en México. Sólo en los primeros seis meses del año se han registrado 16
mil muertes violentas. En 2021, según datos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (Inegi), ocurrieron 35 mil 625 homicidios
en México. El promedio fue de 98 al día y de 28 por cada 100 mil habitantes. En
2020, la tasa fue de 29. Mucho presume López Obrador que la mafufada del
“abrazos, no balazos” funciona. Las cifras, que no son “los otros datos”,
demuestran lo contrario. Cuatro años con la misma necedad y al final hubo que
crear la fuerza nacional antihomicidio y colarla por debajo de la mesa… Al
acecho, Jorge Reyes Peralta no va a soltar a Jorge Winckler. Advierte el
penalista, ligado al fidelismo, que el caso de Gilberto Garza, ex director de
Servicios Periciales en el gobierno de Javier Duarte, se reactivará. Garza
denunció al ex fiscal Jorge Winckler por tortura obligándolo a firmar
documentos. La tortura habría sido hacerlo escuchar canciones del colombiano
Maluma. Amén de la carcajada que ese detalle provoca en todo Veracruz, va a
proceder. El obradorismo hará trizas a Winckler. Lo desollará vivo. Vendrán
otra denuncias. Caerán Luis Eduardo Coronel Gamboa, Marcos Even Torres Zamudio
y todo el equipo que ha sido perseguido por el gobernador Cuitláhuac García y
la fiscala —le robo el término a mi amigo Andrés Timoteo de Notiver, exiliado
en París, Francia—, Verónica Hernández Giadáns. Luego se verá algo estridente.
Los que se hablan con el duartismo cuentan que el siguiente objetivo de Reyes
Peralta son los hermanos Yunes Márquez. Se le dará curso a la falsificación de
documentos y falsedad de declaración a una autoridad cuando intentaron
acreditarle residencia efectiva a Miguel Ángel Yunes junior para contender por
la alcaldía de Veracruz, que al final el Tribunal Electoral local y las dos
instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tumbaron.
Reyes Peralta no va a parar. Primero Winckler; luego los Yunes… Como tapete de
oficina, Gersaín Hidalgo le sirve a Morena. Ni los morenistas fueron tan
solícitos, tan serviles, tan obsequiosos para darle el sí a la Ley Nahle. Una
vez que llegó al cabildo de Coatzacoalcos, el líder (real) del Sindicato Único
de Trabajadores al Servicio del Municipio, antes SUEM, avaló la reforma
constitucional que permite a los no nacidos en Veracruz (Rocío Nahle García)
aspirar a contender por la gubernatura únicamente acreditando ser padre o madre
de veracruzanos y residencia efectiva de cinco años. La reforma, una vez
aprobada por el Congreso, pasó a los 212 ayuntamientos. Con las dos terceras
partes de ellos, 71 cabildos, a favor, se puede promulgar. En Coatzacoalcos así
ocurrió. De 15 ediles, 12 lo hicieron a favor. En contra, el voto de los
regidores Luis Gutiérrez González, de Movimiento Ciudadano, y Víctor Octavio
Paz Castilla, del PAN; no asistió el priista Mario Callejas García. Todo Morena
aprobó. Dos priistas, igual. Una de ellas, Renata Prot Álvarez. El otro, el más
entregado, el más doblado, Gersaín Hidalgo Cruz. Qué servil… Seis semanas ya y
Roberto Pérez sigue en el aire. No llega su flamante cargo en el ayuntamiento
de Coatzacoalcos, tras su cese al frente de la Dirección Municipal del Deporte.
No fue movido a otra dirección o jefatura, ni realiza tareas claves para el
alcalde Amado Cruz Malpica. Inesperada, su salida de la Dimude ocurrió el 27 de
junio pasado. Sería incrustado en la Secretaría de Gobierno, junto a Andrés
Rosaldo. No hubo nada. Pasan los días y el consentido de la secretaria de
Energía del gobierno federal, Norma Rocío Nahle García, no da color. Eso sí,
disfruta su beca acorde con la pobreza franciscana en la que se gozan los
“aviadores” de la secta pejista…
mussiocardenas_arellano@hotmail.com
https://mussiocardenas.com/informe-rojo/116747/seis-anos-fraguando-la-ley-nahle-y-resulto-un-fusil
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