**Se debe de llegar hasta las últimas consecuencias por malos manejos.
**Corrupción,
enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, tráfico de influencias.
**Las señaladas por dichos delitos son la Presidenta y la Directora General de Administración.
Xalapa, Ver. | 03 septiembre 2022
Tribuna
Libre.- La
magistrada Concepción Flores Saviaga recomendó a los representantes de empresas
y a los proveedores del Poder Judicial que denuncien y objeten los
procedimientos ilegales en los que están incurriendo en la asignación de
contratos millonarios a empresas de reciente creación (fantasmas) desde la
Presidencia del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), así como desde la
Dirección General de Administración.
En entrevista, la magistrada Flores Saviaga,
resaltó que es especialista en derecho fiscal, y dijo que hay normas de la
administración pública federal y estatal que impiden la asignación de contratos
a empresas de reciente creación, por lo que se está incurriendo en delitos al
haber otorgado más de $50 millones de pesos a dichas empresas
"fantasmas" en los meses recientes.
“Esa es una mala práctica que se ha dado,
porque hay normas de la administración pública estatal y federal de que no se
pueden dar contratos a empresas de reciente creación, sino que tienen que tener
una curricular de vida anterior, esas son normas contables y administrativas
que la conozco porque soy especialista en derecho fiscal y derecho financiero,
por lo que quien esté realizando estas acciones tendrá que enfrentar acciones
legales en el corto tiempo por dichos desvíos de recursos públicos”, subrayó.
Además Flores Saviaga exhibió que no funciona
el sistema de transparencia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ya que
no están publicados los nombramientos de gente allegada a la Presidenta, Isabel
Romero Cruz.
Incluso manifestó que hay personal que se
contrató recientemente y que incumple con el perfil para los cargos en donde se
les incrustó, ganando salarios como si fueran magistrados.
“Eso lo permite la señora presidenta y lo
avala la directora de administración, acepto que nos equivocamos en nombrar a
Romero Cruz como Presidenta, porque yo también participé del Pleno donde la
elegimos, no tiene capacidad de conocimiento de lo básico, de lo que es manejar
un presupuesto tan abultado como el del Poder Judicial que supera los mil
millones de pesos al año”, puntualizó.
Flores Saviaga estimó que a partir del mes de
noviembre próximo cuando tanto la Presidenta como la Directora de
Administración dejen sus cargos ambas deberán enfrentar legalmente todas las
ilegalidades, corrupción y saqueo en el que incurrieron al manejar de forma
corrupta los recursos y el presupuesto del Poder Judicial, volviendo a hacer lo
que tanto se criticó años atrás con el tema de las empresas fantasmas
utilizadas para desviar recursos públicos.
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