*Propone Ramón Díaz Ávila armonizar la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz con la Ley Federal del Trabajo.
Xalapa, Ver. | 23 septiembre 2022
Tribuna
Libre.- Para
evitar ambigüedades respecto a salarios vencidos y, al mismo tiempo, cumplir y
garantizar los derechos laborales y el derecho a una justicia más ágil en
materia laboral para los trabajadores, el diputado Ramón Díaz Ávila presentó
una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 45 de la Ley
Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin
de armonizarlo con el Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y el 43 del
mismo ordenamiento local.
En el texto de la propuesta, el legislador
señala una contradicción los artículos 43 y 45 de la citada ley en relación con
los juicios sobre los salarios vencidos promovidos por trabajadores que hayan
sufrido despido.
Advierte que, mientras el 43 señala que el
afectado “tendrá derecho al pago de salarios vencidos computados desde la fecha
del despido hasta por un periodo máximo de doce meses”, el 45 establece que
serán “los salarios vencidos que se causen desde la fecha de separación hasta
que se pague la indemnización”.
Es decir, mientras en el primero se señala el
pago de salarios vencidos hasta por un periodo de un año, en el otro queda
abierto hasta que se pague la indemnización. El Diputado considera en su
iniciativa que los efectos de la duración de estos juicios, que en promedio se
resuelven en un lapso de cuatro años, perjudican a ambas partes, tanto al
trabajador como a la entidad pública.
Ramón Díaz Ávila explica que su propuesta
busca el establecimiento de un límite a la generación de salarios vencidos,
combatir la indebida práctica de prolongar a través de argucias legales la
duración de los juicios laborales, concientizar a las partes involucradas en el
litigio a dirimir en un corto plazo, a través de la vía de conciliación, y
desahogar futuras controversias laborales.
“Con esta reforma, contribuiríamos a dar una
mayor agilidad y resolución en las demandas, ya que al establecerse el pago
máximo de doce meses desde el momento de la separación del trabajador,
generaría una posición equilibrada que motivaría a las partes poner fin de
manera pronta al procedimiento”, señala el legislador.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión
Permanente de Trabajo y Previsión Social.
