*Elevar los estándares de ética y responsabilidad pública fortalece la cultura democrática: Maribel Ramírez Topete.
Xalapa, Ver. | 30 septiembre 2022
Tribuna
Libre.- Durante
los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria, la diputada Maribel Ramírez Topete
presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, con la
finalidad de elevar los estándares de elegibilidad para puestos del servicio
público estatal y municipal, haciendo prevalecer la protección de las mujeres
ante cualquier tipo y modalidad de violencia hacia ellas.
En el uso de la voz, la presidenta de la
Comisión Permanente para la Igualdad de Género de la LXVI Legislatura reconoció
que la violencia contra las mujeres puede ser ejercida también por funcionarios
al servicio público y/o autoridades con responsabilidades políticas y legales,
“de ahí la importancia de legislar de manera específica robusteciendo la
normativa en cuanto a los requisitos a cumplir por los aspirantes a un cargo
público”, añade.
Para tal fin, la propuesta prevé retomar la
iniciativa “3 de 3 contra la violencia” implementada por el Instituto Nacional
Electoral (INE) en 2020, la cual consiste en que las y los aspirantes a una
candidatura no cuenten con supuestos de condena o sanción por violencia
familiar y/o doméstica, violencia sexual, o por incumplimiento de las
obligaciones alimentarias.
Destacó que no ha sido fácil el camino para
que las mujeres ganen espacios de decisión en igualdad sustantiva; sin embargo,
agregó, “mucha de esta labor se ha realizado por grandes feministas, una de ellas
la Yndira Sandoval, quien es inspiración para replicar esta iniciativa que
constituye un avance fundamental y significativo en los derechos de la mujer y
la lucha contra la violencia de género”.
De esta forma, señaló la Diputada, “es
impostergable que quienes se encuentran al servicio público en los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los Organismos Autónomos del
Estado y las administraciones municipales, no cuenten con condenas de violencia de género en cualquiera de sus
tipos y modalidades”.
Lo requisitos de elegibilidad propuestos en
la iniciativa –expresó- deben extenderse al servicio público toda vez que está
relacionado con el modo honesto de vivir y desenvolverse al servicio de
ciudadanía. “Elevar los estándares de ética y responsabilidad pública, así como
la generación de criterios de exigencia ciudadana hacia las autoridades,
fortalece la cultura democrática”.
En este sentido, indicó que para garantizar
la eficacia de la propuesta, las instancias encargadas de registrar las candidaturas,
designación, nombramiento y
reclutamiento de las y los servidores públicos a cualquier cargo o puesto
público, deben allegarse de información que genere suficiente convicción, a fin
de avalar que las y los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad
para los puestos de elección popular, procesos de selección, ingreso,
reingreso, reincorporación, promoción, ascenso y designación de servidores
públicos.
“En una verdadera democracia, no basta con
ser un funcionario eficiente, sí se es acosador sexual; no basta ser un
servidor público destacado, sí se es agresor por razones de género; no basta
ser un legislador, un juez, un alcalde o un magistrado honrado y sin vínculos
de corrupción, sí se es deudor de pensión alimenticia, pues ante esto último,
debe protegerse el interés superior de las y los menores”, puntualizó.
Para su estudio y dictamen la iniciativa fue
turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y para la Igualdad de Género. Se adhirieron el Grupo
Legislativo de Morena, así como las diputadas Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre
y Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y el legislador Othón Hernández Candanedo.
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